¿Quién quiere quemar el monte?

Agentes medioambientales, policiales e ingenieros forestales descartan incendios por intereses madereros, para recalificar el suelo, estrategias de narcos... Las venganzas, las malas prácticas y hasta ritos satánicos son causas más probables.

Aunque el fiscal gallego haya pedido que se investigue si ha habido o no coordinación en la última oleada de incendios, ingenieros técnicos forestales, agentes medioambientales de la BIIF, agentes de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) descartan, a priori, esta posibilidad. «Nunca se ha conseguido demostrar que haya tramas. En la oleada de incendios de 2006 (86.033 hectáreas calcinadas) tampoco», explican fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Galicia. El propio comisario jefe de la UPA, Silverio Blanco, dijo esta semana a la Televisión de Galicia que si fuera una trama sería más fácil investigarlo que si ciudadanos deciden por su cuenta ir al monte y quemarlo, dado que sería algo que se diría entre los vecinos. Ecologistas, como Lourdes Hernández, de WWF, también piden «prudencia». Entonces, ¿quién quiere quemar el monte en Galicia?

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia, Santiago García, rechaza que detrás puedan estar los intereses madereros. «Para hacer papel hay que blanquear la madera, si ésta viene quemada no sólo resulta más caro el proceso, sino que también ha perdido calidad. Si no se obliga a sacar la madera del monte ésta se pudrirá allí porque a los aserraderos tampoco les interesa, dado que la madera quemada se ha endurecido y es difícil serrar. Es un bulo, lo que no quita que puntualmente un individuo de este sector queme el monte por venganza entre un comprador de madera y un vendedor». Sobre si es para cambiar precios de la madera, sólo un 0,04% de incendios provocados entre 2004 y 2013 en toda España fue con esa intención, según publicó en 2015 el Ministerio de Agricultura.

En cuanto al rumor de los brigadas, cabe hacer hincapié en que el BIIF que ingresó en prisión acusado de cometer incendios este verano es «un caso aislado. En los años 90, se les hacía contrato agrario: día trabajado día que cobraban. Pero desde finales de los 90 se les empezó a contratar por régimen general».

Las redes sociales volvieron a alimentar el bulo de que la Ley de Montes está detrás de los incendios de Galicia, como sucedió con el de Doñana. El bulo se basa en la reforma de la Ley de Montes de 2015. Esta ley prohíbe construir en las zonas forestales quemadas hasta que no pasen 30 años, salvo por razones de interés público o que la recalificación se hubiera aprobado antes del incendio, y no es el caso. De hecho, según Agricultura, «sólo» un 0,29% incendios provocados entre 2004 y 2013 fueron para modificar uso de suelo.

Desde el SUP niegan todos estos bulos: «Ni mafias, ni para recalificar suelo ni para bajar precio de la madera ni narcos para despistar ni artefactos incendiarios lanzados desde aviones». Entonces, ¿por qué se quema? Según el críptico de Agricultura, el empleo de fuego en prácticas agrícolas supone el 33,95% de los incendios, el 19,97% por su uso en prácticas ganaderas, el 4,96% por enfermedad mental, 4,75% por venganza, represalias o vandalismo, 4,42% por maquinaria, 3,89% por control de vegetación, 3,25% por colillas y un 24,81% otras causas.

En Galicia, «no toda la región arde igual. En el norte de Lugo, con una importante actividad de explotación forestal y bien ordenada no suele arder, porque los vecinos están concienciados, ya que el monte es lo que les da de comer», explican fuentes del SUP de Galicia. Y añaden: «Por razones económicas se quema para forzar contratos contraincendios, de prevención de otros futuros o restauración de los acaecidos». Además destacan la gran labor que realizan los agentes medioambientales de las BIIF. «Los motivos incendiarios suelen ser para ahuyentar mamíferos grandes (lobos, jabalíes), regenerar pasto, repoblar caza menor, animadversión contra los vecinos. También hay ritos satánicos que derivan en imprudencias: queman cirios y velas en el monte», añaden.

Para el decano, «la principal causa que hay tras los intencionados «son las venganzas y las envidias, que pueden ir desde que uno ha tenido un problema con un vecino por un deslinde de su tierra que no ha respetado, a que a mí no me dejaron cazar y lo hizo uno de fuera».

«Uno de los problemas que hay detrás de los incendios –prosigue– es la estructura de la propiedad que tenemos en Galicia y que responde a un modelo socioeconómico de hace 100 años: los minifundios, que hoy son aún más pequeños debido a que se han ido dividiendo de herencia en herencia. El 95% de la superficie de Galicia es propiedad particular, bien sea de forma individual o colectiva. De los tres millones de hectáreas que tiene Galicia, 1,5 millones es superficie forestal. De ellas, 800.000 hectáreas son de montes colectivos, el resto, de particulares individuales. Si eres heredero de una superficie de menos de cinco hectáreas no se le puede sacar rendimiento, ya que no puedes llevar procesadora y hacerlo a mano no sale rentable por lo que estas fincas quedan abandonadas. Un problema que para este experto «no se soluciona con montes vecinales asamblearios, sino con la creación S. A. o S. L. y que los dueños tuvieran acciones». Otro problema, según el SUP, es que «el monte está abandonado. Si antes alguien quería hacer quema de rastrojos, iban todos los vecinos y las fincas de al lado estaban limpias. Hoy no es así».

De ahí que sean más que necesarias las franjas de seguridad. «No se están haciendo ni las franjas primarias (infraestructuras), ni las secundarias (núcleos de población) y es por un problema económico (y humano). Si se hicieran, habría que desbrozar el 3% de superficie de la región todos los años. ¿Quién lo paga? En un año normal si desbrozas en marzo en julio está todo ya cubierto de vegetación».

Aunque «lo que arden son las masas abandonadas. Soria, con masas muy continuas, no arde, es necesario una prevención activa, en la que se saque provecho del monte y no homogeneizar el bosque. Optar por frondosas, como castaños y robles, que no propagan las llamas tan rápidamente como los eucaliptos y el pino, aunque el origen de los incendios en Galicia no es por la especie», recuerda Hernández.

Algo clave es la pena. Según datos del Ministerio del Interior, de enero a septiembre de este año se ha detenido en Galicia a 80 personas por incendios forestales, frente a tres por incendios urbanos. En 2016, a 46; en 2015, 72; en 2014, 43; en 2013, 69; en 2012, 97, en 2011, 72 y en 2010 a 27». A pesar de estas detenciones realizadas en Galicia, en la actualidad, sólo hay 11 individuos en prisión por incendios forestales registrados en todo el país. En concreto, «hay cinco penados, cinco preventivos y un internado judicial inimputable cuyo principal delito o el único fue cometer un incendio forestal», explican desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Es decir, quemar el monte sale muy barato a los incendiarios. «Reina la impunidad. En un país con 14.000 siniestros de media al año se identifica a menos del 5 por ciento y que cumplan condena muchos menos. Es necesario más personal», concluye Hernández. Algo que también apuntan los agentes medioambientales de la BIIF: «Estoy solo para 17 concellos».