La reparación a las víctimas de la Iglesia, en marcha

Cuando falta un mes para que se cumpla un año de que la Iglesia aprobara su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, conocido como Priva, los obispos presentaron hoy el primer balance sobre su hoja de ruta para compensar el sufrimiento generado por esta lacra. Según detalló el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, hasta la fecha se han recibido 81 solicitudes de atención a la comisión asesora de expertos encargada de evaluar los casos de abusos cuyo delito ha prescrito o su agresor ha fallecido.

De esas 81 peticiones, este equipo interdisciplinar que se puso en marcha en septiembre ha solicitado 50 expedientes a diócesis y congregaciones para su análisis. En total, siempre a partir de la información facilitada por el Episcopado, se han resuelto 24 casos y siete están en estudio. «No tengo más datos, lo dirán ellos porque es un organismo que trabaja independientemente», aseguró el obispo auxiliar de Toledo al ser preguntado por los periodistas al respecto en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente que se ha celebrado a lo largo de esta semana en Madrid.

Sobre las medidas de reparación y prevención adoptadas hasta ahora por la Iglesia, el portavoz aseveró que «es un compromiso moral de justa reparación que hemos querido asumir de parte de las diócesis y las congregaciones, si bien no es una obligación legal porque se refieren a los casos que no tienen recorrido judicial».

Lo cierto es que poco se sabe sobre las resoluciones de la comisión que incluirían tanto indemnizaciones económicas como otro tipo de medidas como terapias psicológicas o acompañamiento espiritual. Desde la Iglesia se justifica este silencio por el respeto a las víctimas y a su intimidad. Aun así, sí que ha trascendido, por ejemplo, que en Pamplona y en Barakaldo ya habría recibido la correspondiente cuantía dos víctimas de los salesianos. En concreto, en el caso vinculado al colegio vizcaíno de los religiosos de Don Bosco, el superviviente habría recibido 28.000 euros de los 60.000 que exigía después de que la comisión ubicada en Madrid analizara su expediente. La Archidiócesis de Barcelona también habría dado vía libre para admitir la resolución firmada por los expertos para indemnizar con 65.000 euros a una de las víctimas de la Casa de Santiago, un seminario de vocaciones tardías que en los años 80 estaba relacionado con su pastoral.

En cualquier caso, el dictamen del equipo asesor compuesto por once miembros, entre los que se encuentran juristas, psiquiatras, psicólogos y también víctimas, no tiene carácter vinculante, pero hasta la fecha ninguna congregación ni diócesis se ha negado a cuestionar su autoridad ni las medidas sugeridas.

Precisamente esa puerta abierta a que obispos o religiosos pudieran no cumplir esas «sentencias» despertó cierta desconfianza entre las asociaciones de víctimas y permitió al Gobierno dudar del plan aprobado en conjunto por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos.

Lo cierto es que, mientras la Iglesia continúa dando pasos para hacer realidad la «tolerancia cero» contra la pederastia que determinó el fallecido Papa Francisco, Moncloa parece haber rebajado el ímpetu con el que buscaba hacer justicia en nombre de las víctimas y fiscalizar las acciones eclesiales. Fue en abril del año pasado cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como responsable de las relaciones con las confesiones, indicó que planeaba crear otro organismo de similares características al de la Iglesia para pagar a las víctimas a través de un fondo millonario que nutrieran tanto el Estado como los obispos. A fecha de hoy, no se ha presentado borrador alguno de este ente.

En la estrategia ideada por Moncloa, que se implantaría de aquí a 2027, se incluía un acto público de reconocimiento s las víctimas y sus familiares, así como la ampliación hasta los 35 años de la prescripción de la responsabilidad civil y, en algunos casos, eliminarla. Además, también se llegó a hablar de aprobar un estatuto para el colectivo y de garantizar asistencia jurídica gratuita. Ninguna de estas propuestas se ha materializado. O, al menos, no se ha hecho pública.

Y eso que el órdago de Bolaños se acrecentó al enterarse de la apuesta eclesial por el Priva iba en serio. De hecho, en la reunión a contrarreloj con los colectivos de víctimas en la Sala de la Constitución del Complejo de La Moncloa que organizó el pasado mes de julio les anunció que el Gobierno respondería con celeridad a sus peticiones. Sin embargo, ya en marzo de este año, el Gobierno rebajaba las expectativas al dejar en manos del Congreso el proceso y diluir así su plan de choque para dotar de estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones. La vía elegida ahora es una subcomisión de estudio a nivel parlamentario que lleva la firma de PSOE y Sumar y que simplemente se ha registrado en la Cámara Baja. Sin que se hayan dado pasos en firme en el presente período de sesiones, cualquier medida que se pudiera abordar en torno a este asunto no podría ver la luz, al menos, 2026.

Entre otras cosas, porque la subcomisión ha de constituirse, ponerse a trabajar, establecer sus conclusiones, elevarlas después a la Comisión de Justicia y, finalmente, ser debatidas en el pleno del Congreso.

Esta subcomisión tendría quince miembros: tres del PP, tres del PSOE, dos de VOX, dos de Sumar y uno de cada uno de los demás grupos parlamentarios.

A esto se suma, o se resta, el hecho de que el Defensor del Pueblo ya habría cerrado su oficina de atención a las víctimas por falta de fondos. Desde el equipo liderado por Ángel Gabilondo puntualizan que «la Oficina como tal se acabó tras la presentación del Informe, pero hemos seguido y seguimos atendiendo y recibiendo nuevos casos que son incorporados a las actualizaciones periódicas del Informe». «Las víctimas pueden seguir dirigiéndose al Defensor del Pueblo», apuntan, con la garantía manifiesta de que «serán atendidas por personas que trabajaron en la Oficina y que siguen ahora, incorporados a la institución, realizando esa labor».

Preguntado ayer por LA RAZÓN sobre la demora en los planes gubernamentales, el obispo García Magán quiso mantenerse al margen de la pasividad del Ejecutivo de coalición. «Hemos tenido varias reuniones con el ministerio de Presidencia, donde expusimos el Priva y nuestra acción, con intercambio de propuestas, pero no hemos tenido noticias ulteriores», dijo.

Un plan para poner coto a la pornografía

La Iglesia ha puesto en marcha un proyecto para analizar las consecuencias de la pornografía en la sociedad y facilitar instrumentos para «concienciar, prevenir y acompañar». Así lo explicó ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.

El portavoz de los obispos desveló que ya desde 2023 vienen trabajando en este ámbito y que se ha constituido un equipo de trabajo interdisciplinar. Esta apuesta episcopal respondería al contacto con la realidad al percibir que «en la catequesis y en los colegios vemos preadolescentes que pueden ver que el otro es un instrumento de dominio y posesión».