Déficit público

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El Gobierno ha desmentido hoy que vaya a quitar las ayudas públicas destinadas al sistema de donación y trasplante de órganos a las comunidades que no cumplan con el objetivo de déficit, tras las informaciones publicadas en distintos medios sobre esa posibilidad.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que la ley de Estabilidad Presupuestaria establece penalizaciones para las comunidades autónomas que no se ajustan a los objetivos de déficit, pero el titular de este departamento, Cristóbal Montoro, ha rechazado que tenga previsto penalizar de forma automática a esas comunidades.

Fuentes del Gobierno han recalcado que esa sanción está contemplada en la legislación, pero que no existe voluntad por parte del Ejecutivo de tocar las ayudas públicas destinadas al sistema de donación y trasplante de órganos y que, en cualquier caso, no es todavía el momento para abordar esas posibles penalizaciones.

La Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha resaltado hoy la importancia de mantener las subvenciones a todas las comunidades autónomas para fomentar la donación y el trasplante de órganos.

En un comunicado, la Comisión asegura que se ha reunido esta mañana tras la "polémica"suscitada.

El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha advertido de que estas subvenciones "son la base del modelo de trasplantes"y que de ellas depende toda la estructura autonómica de coordinación.

En su opinión, se trata "de una cantidad de dinero que, dentro del marco presupuestario, es mínima", ya que las subvenciones para trasplantes y donaciones suponen algo más de dos millones de euros que se reparten entre diecisiete comunidades.

"Los números salen solos. Estamos hablando de un dinero que no afecta a la estabilidad presupuestaria de forma significativa", ha precisado.

Estas subvenciones, ha explicado Matesanz a Efe, se perciben desde hace más de veinte años y "han permitido crear la actual red de coordinación autonómica".

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, se ha dirigido a la vicepresidenta del Ejecutivo y le ha espetado: "¿Pero quién se cree que son ustedes para jugar así con la salud de la gente? No se lo vamos a permitir; van a rectificar esa orden".

Soraya Sáenz de Santamaría ha replicado que las reformas puestas en marcha son precisamente para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y que éstos tengan futuro.

El PSOE e IU han anunciado que pedirán la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que explique si las decisiones económicas van a perjudicar "un día sí y otro también"la salud de los pacientes.

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha afirmado que si el Ejecutivo penalizara a las comunidades con la retirada de las subvenciones en los trasplantes sería "una auténtica barbaridad"porque España es líder en éste ámbito y su sistema es un ejemplo para el resto de países.

Ha calificado la medida de "peregrina"y ha instado al Gobierno a recapacitar y dar "marcha atrás"porque supondría "un ataque fortísimo"al Sistema Nacional de Salud y al de trasplantes.

También el diputado de IU Gaspar Llamazares ha anunciado que pedirá la comparecencia de Mato porque tiene la impresión de que el objetivo de la ministra es el "económico a pesar de perjudicar la salud de los ciudadanos".

El Ministerio ha recordado que la ley de Estabilidad Presupuestaria en su artículo 20.3 faculta a Hacienda a realizar un informe favorable o desfavorable sobre la concesión de subvenciones o suscripción de convenios.

En estos momentos el Ministerio todavía no se ha pronunciado ya que la convocatoria de este tipo de ayudas está prevista para abril "por lo tanto es falso que se vayan a paralizar estas subvenciones"que "podrían perfectamente concederse", señala Hacienda.

El Ministerio recalca que al tratarse de una convocatoria por la aplicación de la ley general de Subvenciones, tiene que tener un informe de fiscalización previo de la Intervención Delegada de Sanidad.