Sanidad se compromete a reducir el tiempo de acceso a las terapias innovadoras

El Ministerio de Sanidad se ha comprometido este lunes a acortar el tiempo que transcurre entre que Europa autoriza un medicamento y España lo aprueba, que supera los 600 días, pero ha avisado de que, aunque le gustaría "poder financiarlos todos", esa estrategia "reventaría la caja del sistema".

Así lo ha asegurado el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia, César Hernández, durante la VI Cumbre Española contra el Cáncer, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac).

En la mesa redonda 'Hacia la equidad terapéutica: desafíos y oportunidades en el acceso a tratamientos oncológicos en España', Hernández ha reconocido, según recoge Efe, que España tiene "un problema de tiempos" desde que Europa autoriza un fármaco hasta que se incorpora al Sistema Nacional de Salud.

De hecho, en 2023 fueron 629 días, 112 más que un año antes, pero el representante de Sanidad ha precisado que ese retraso no debe confundirse con falta de acceso a las terapias porque España está "muy por encima" de otros países del entorno sobre uso de medicamentos oncológicos una vez se incorporan al SNS.

No obstante, ha reconocido que el de los tiempos "es un problema" y que para acortarlos es necesario emprender una serie de reformas, como por ejemplo, "empezar a dialogar con las farmacéuticas desde antes de la autorización para poder llegar un entorno a una mayor cercanía" y establecer mecanismos que sean justos.

"Nos gustaría que todos los medicamentos estuvieran financiados, pero esa estrategia, además de que no la tiene ningún país del mundo, lo que haría sería reventar la caja del sistema", un sistema que, no obstante, sí que "puede ser más grande", con espacio para "todas las actividades de cribado, biomarcadores, cirugía o radioterapia", además de las de soporte, ha concluido.

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César A. Rodríguez, ha subrayado que este tiempo "es incompatible incluso con la vida", por lo que ha exigido "mayor agilidad y equidad de acceso", si bien hay que establecer prioridades porque no todos los medicamentos aportan el mismo valor.

De los 1.944 ensayos clínicos autorizados en la Unión Europea a través del nuevo Sistema Europeo de Información, los centros españoles participaron en 845, un 43% del total. "Nos ponen el caramelo en la boca, reclutamos un montón de pacientes que pueden acceder a través del ensayo clínico, contribuimos a que estén disponibles en otros países, pero no aquí", ha denunciado.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó 39 nuevos fármacos el año pasado, 13 de ellos oncológicos, de los que 9 están calificados como terapéuticamente muy relevantes; en España, "la realidad es otra", y solo se ha autorizado uno, ha añadido Juan Yermo, director general de Farmaindustria.

"Estas barreras nos están costando la vida. No podemos permitir que mientras discutimos precios o hacemos estrategias, los pacientes se mueren", ha zanjado la presidenta de Gepac, Begoña Barragán.

Vacunas de ARNm, "más pronto que tarde"

Durante la jornada, expertos en políticas de prevención, representantes de la administración sanitaria, profesionales sanitarios y representantes de pacientes han centrado el foco en la importancia de instaurar políticas preventivas para frenar el impacto del cáncer.

Cada día se diagnostican en España alrededor de 170 tumores, pero muchos son consecuencia de factores de riesgo evitables como el tabaquismo, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, ha señalado Manuel García de la Vega, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

Para reducir la incidencia también están las vacunas como la del Virus del Papiloma Humano o la de la Hepatitis B, ha añadido Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; a ellas se sumarán "más pronto que tarde" las de ARNm para ciertos tumores, que espera contribuyan a “convencer a las autoridades sanitarias de que la prevención ahorra costes”.