Las sombras del plan contra el cambio climático de Sánchez

Después de un agosto negro en materia de incendios (130 registró ayer el presidente del Gobierno) y 330.000 hectáreas calcinadas en tan solo 31 días, principalmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, Pedro Sánchez decidió ayer abrir el curso político con una batería de medidas para hacer frente a esta trágica realidad que, según él, está directamente vinculada al cambio climático.

Por este motivo, anunció en primer lugar que mañana el Consejo de Ministros aprobará el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, una hoja de ruta que recoge diez compromisos de las administraciones públicas, entre los que sobresale el incremento de medios para luchar contra los incendios forestales y su mantenimiento activo los 365 días del año. Un decálogo sin respaldo financiero concreto y con cierto aire a proyectos pasados (en muchos casos fallidos) que se repiten en alguna de sus propuestas.

Vayamos por partes. La primera de las medidas proclama que «los pueblos deben estar en primera línea», y su planteamiento busca reforzar el apoyo a la recuperación de los paisajes rurales y de los municipios, así como prevenir la emergencia climática a través de financiación, actuaciones de acondicionamiento y construcción en el ámbito municipal para combatir la amenaza.

A continuación, Sánchez hizo un llamamiento a todas las administraciones para un compromiso global que garantice aumentar y sostener durante todo el año los medios técnicos y humanos imprescindibles frente a los fenómenos extremos. «Se necesitan brigadistas, bomberos, equipos especializados con la maquinaria adecuada, y políticas públicas ambiciosas, porque de nada sirve ahorrarse un euro en prevención si después hay que gastar cien en respuesta y mil en recuperación», subrayó el presidente del Gobierno.

Como tercera de sus propuestas principales, situó la necesidad de «reforzar la coordinación». Para lograrlo, Sánchez adelantó la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencia porque, según defendió, «la lucha contra la emergencia climática será más eficaz cuantos más instrumentos de coordinación tengamos». La iniciativa evoca inevitablemente proyectos similares como el de la Agencia Estatal de Salud Pública que, tras 14 años de espera, consiguió el pasado junio su aprobación en el Congreso y ahora sigue en el Senado. Ni siquiera la pandemia logró acelerar su puesta en marcha, lo que arroja dudas sobre los tiempos que puede arrastrar esta nueva propuesta.

En cuarto lugar, Sánchez defendió que resulta imprescindible «avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI». «Debemos impulsar la reforestación con bosques mixtos y con especies resistentes al fuego, potenciar tratamientos silvícolas preventivos y favorecer el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales», explicó. Reconoció también que «la prevención de incendios ha sido claramente insuficiente» y que, a ello, se suma «una gestión del territorio inadecuada junto con una emergencia climática que convierte los incendios en fenómenos cada vez más virulentos».

El plan continuó con una apuesta por una estrategia de resiliencia hídrica destinada a responder con mayor eficacia a inundaciones y sequías, a través de la actualización de los planes hidrológicos y de la creación de una extensa red de refugios climáticos. Estos incluirán corredores de sombra, infraestructuras verdes en los núcleos urbanos, un sistema de asistencia específico para personas vulnerables y la puesta en marcha de nuevos estándares laborales con el objetivo de proteger a los trabajadores del estrés térmico.

Arropado por la práctica totalidad de su Ejecutivo, el presidente añadió la necesidad de reforzar el papel del mundo rural, «clave para la preservación del campo y la prevención de los incendios». Desde el Gobierno se apunta a potenciar la silvicultura como herramienta en la lucha contra el fuego, además de fomentar la ganadería extensiva y la agricultura regenerativa, e instaurar una cultura cívica orientada a la prevención y la protección frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Como cierre de su decálogo, Sánchez miró a la Unión Europea y reclamó a las instituciones comunitarias una mayor ambición porque, en sus palabras, «ya no caben excusas ni más pausas». «Ha llegado el momento de cumplir con los Acuerdos de París y de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. No es un capricho ideológico ni una simple estrategia política, es la única vía que permitirá evitar el desastre medioambiental y garantizar a nuestros hijos y nietos una España próspera y segura», sentenció.

Durante su discurso, el presidente quiso subrayar que el coste de no prevenir ni mitigar los fenómenos extraordinarios relacionados con el cambio climático «ha obligado al Estado a desembolsar en apenas cinco años 32.000 millones de euros, una cifra que puede parecer abstracta pero que equivale al presupuesto destinado a educación en ese mismo periodo».

Asimismo, insistió en que «el calor ha provocado en estos años la muerte de 20.000 personas, el doble de víctimas que los accidentes de tráfico». Con ese argumento, Sánchez recalcó que la emergencia climática no se limita únicamente al fuego durante los meses de verano: «También se manifiesta en episodios extremos de distinta índole, como la borrasca Filomena, o las lluvias torrenciales y danas tan devastadoras como la que sufrió recientemente Valencia».