“Soy la víctima y tengo que esconderme”: una mujer denuncia que su agresor mantiene la casa familiar tras el divorcio

Una mujer de 40 años, residente en la provincia de Padua, denuncia haber sido víctima de malos tratos durante más de una década y quedar sin hogar tras una resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda a su exmarido. La casa, adquirida con una hipoteca a su nombre, continúa siendo sufragada por ella mientras el hombre reside en el inmueble junto a sus tres hijos.

Alice (nombre ficticio adoptado para proteger su identidad según publica Corriere del Veneto) se casó a los 17 años en Macedonia y se trasladó a Italia en 2003. Según su relato, sufrió agresiones físicas y psicológicas a lo largo del matrimonio, incluida una hospitalización en 2012 tras recibir un golpe con una báscula. En 2023 presentó una denuncia por violencia doméstica ante los Carabinieri, lo que dio inicio a un procedimiento penal. El juez instructor dictó una orden de alejamiento contra el marido y la policía lo advirtió formalmente.

Pese a las medidas cautelares, en el procedimiento civil de separación el tribunal asignó al hombre la residencia familiar y la custodia de los tres hijos, fundamentándose en informes de los servicios sociales. En su evaluación, los técnicos describieron al padre como “una persona frágil, necesitada del cariño de sus hijos”, mientras que la madre aparecía en “conflicto” con ellos. El juez mantuvo a los menores en el domicilio familiar, fijó a cargo de Alice la manutención mensual y confirmó la obligación de continuar pagando la hipoteca.

Un proceso judicial que reabre el debate sobre la protección a las víctimas

Según los abogados Giorgio Destro y Serena Pomaro, representantes de la mujer, la resolución judicial no valora de forma adecuada el historial de violencia previa ni la situación de riesgo de su clienta, que actualmente vive escondida por temor a su expareja. De acuerdo con Corriere del Veneto, en su declaración, Alice sostiene que las decisiones judiciales la han dejado “en una doble condena: la económica y la del miedo”.

El caso ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades legales y sociales que afrontan las mujeres víctimas de violencia de género en los procesos de separación y custodia en Italia. Alice asegura que continúa recibiendo apoyo de un centro contra la violencia de Padua y que sigue cubriendo el préstamo hipotecario de la vivienda. “Gano 2.000 euros al mes, pago la hipoteca y la manutención de mis hijos, pero sigo escondida”, afirma. La resolución aún puede ser recurrida ante las instancias superiores del sistema judicial italiano.