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¿Un 155 educativo?: Recuperar el castellano y revisar los libros de texto

Una hipotética aplicación del artículo implicaría cumplir las sentencias que obligan a que el 25% de las clases se imparta en la lengua vehicular para los alumnos que lo soliciten y eliminar de los manuales las falsedades históricas.

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20 de octubre de 2017. 17:17h

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20/10/2017

Moncloa ha pedido durante los últimos días informes a todos los ministerios ante la previsión de que se aplique el artículo 155. Según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Educación, está «todo listo».

Restaurar el orden constitucional en un ámbito especialmente complejo como el de la educación implicaría el cumplimiento de las leyes y la cascada de sentencias dictadas por los distintos tribunales que obligan a que el 25% de las clases se impartan en castellano para garantizar que sea lengua vehicular para aquellos alumnos que lo solicitan en Cataluña, un mandato que se ha incumplido de manera reiterada. También implicaría una revisión de los libros de texto para corregir las falsedades históricas que recogen algunos manuales, tal y como han denunciado algunos informes.

Ahora bien, ambas medidas serían difíciles de aplicar a corto plazo de manera eficaz y sin evitar una posible rebelión en las aulas, según consideran los expertos, quienes abogan por recuperar competencias. De ahí que figure entre los planes de Educación dar respuesta a estos dos escollos, aunque no sea de forma inmediata.

«No podemos resolver en un cuarto de hora un problema que viene de años. Debemos entonar el mea culpa porque en todos estos años el nacionalismo ha avanzado en la escuela paso a paso, pero muy fuerte, con una estrategia astuta y eficaz para imponer sus ideas mientras que la del Estado no ha sido capaz de afrontar la situación que se estaba produciendo», explica Eugenio Nasarre, ex secretario general de Educación con el PP. «El proceso de adoctrinamiento viene de lejos, pero hay un momento en el que se establece un marco muy favorable para promover el nacionalismo: la aprobación de la LOGSE en 1990 con el PSOE. Hasta entonces todos los alumnos españoles tenían los mismos planes de estudios y ordenación académica, pero esta ley fue la que estableció que una parte de las enseñanzas las regularía el Estado (el 55%) y otra las comunidades autónomas (45%). Fue entonces cuando la Generalitat estableció sus propios contenidos con deslealtad al Estado».

Nasarre recuerda que, siendo secretario general de Educación cuando a su vez Jordi Pujol era presidente de la Generalitat, el consejero catalán acudió a una reunión a Madrid para advertir: «Impediré la entrada de la Alta Inspección a no ser que se me obligue con una orden judicial».

Este servicio, que no dispone de un cuerpo específico como tal, cuenta con escaso personal y el apoyo puntual de profesores en las comunidades autónomas, fue creado en 1985 coincidiendo con la descentralización del Estado y su función es vigilar el correcto cumplimiento de las leyes estatales en las autonomías, pero «ha sido infrautilizado por una actitud de inercia, por prudencia y acomodo a las situaciones para llevarse bien con las comunidades autónomas», dice Nasarre. Pero, «ahora vemos las consecuencias... Es cierto que en la época que estuve en Educación se hizo un borrador de proyecto de ley para crear un cuerpo específico con autoridad e independencia pero, al final, como otras tantas cosas, quedó en un cajón».

Nasarre cree que restaurar el orden constitucional en Cataluña «va a requerir una estrategia a largo plazo para resolver el problema jurídico y político de la quiebra del orden constitucional. Los partidos políticos tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo para salvaguardar la unidad del sistema educativo y se necesitaría la colaboración del profesorado para ir abriéndose paso. No tiene una solución milagro porque abordarlo de manera inmediata puede provocar problemas en los centros educativos, hay que mantener la normalidad frente a una posible rebelión en centros que son un nido de independentistas».

De una opinión similar es Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, quien considera que, en caso de que se aplicara el artículo 155 que prevé la Carta Magna, «debería servir para que se cumplieran las leyes y las sentencias que obligan a la escolarización en castellano como lengua vehicular», aunque la medida «llevaría su tiempo», mientras que la aplicación de este artículo de la Constitución sería temporal.

Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores ANPE, cree que una hipotética aplicación de este artículo «no causaría una alteración del normal funcionamiento de las clases y de la legalidad vigente en materia educativa, no supondría un cambio drástico para alumnos y profesores porque los problemas en la educación no se solucionan de la noche a la mañana. La inmersión lingüística se mantendría». En opinión del representante de los profesores, «ha habido una dejación de funciones por parte del Estado. La anterior ley de educación (LOE) eliminó la supervisión previa de los libros de texto, así que las comunidades autónomas han alterado contenidos de decretos básicos y ahora no hay manera de arreglarlo. La situación que tenemos no se corrige de la noche a la mañana. No se trata de hacer ahora cambios de manera automática, se tendrán que dar pasos, pero con mucha prudencia porque en Cataluña se ha incumplido la legislación y la lengua nunca debe utilizarse como elemento de confrontación. El Ministerio de Educación ha hecho dejación de funciones al no controlar todo lo que estaba ocurriendo en Cataluña y ahora embridar esto es complicado».

Lo cierto es que si se aplicase el artículo 155 en el ámbito educativo podría quedar de alguna manera sujeto a la interpretación. «El artículo 155 no ha sido objeto ni de desarrollo legislativo ni de aplicación hasta la fecha. En su elaboración constitucional, se redactó siguiendo el modelo federal alemán –lo que explica la entrada del Senado como cámara de representación territorial–. Su previsión mira con vaguedad y amplitud a circunstancias graves y extraordinarias y no cierra el alcance de las medidas», explica Asunción De la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. «No permite adoptar todo tipo de medidas sino las estrictamente necesarias para resolver la situación». La legitimidad de la intervención dependerá de la proporcionalidad de la misma, con el filtro constitucionalmente legítimo, necesidad e idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entiendo también que deben tener un carácter limitado en el tiempo y han de estar orientadas a reconducir la plenitud de la autonomía política en el marco de la Constitución y el Estatuto una vez superada la situación extraordinaria a la que ha de hacerse frente por esta vía excepcional».

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