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Un centro religioso, el primero en pagar el impuesto por construir

La CEE y las escuelas católicas creen que su impacto «será limitado»

  • El colegio religioso La Inmaculada en Getafe (Madrid)
    El colegio religioso La Inmaculada en Getafe (Madrid) / María H. Ortiz

Tiempo de lectura 2 min.

16 de enero de 2018. 02:59h

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Rocío Ruiz.  16/1/2018

El pago de impuestos por parte de la Iglesia ha sido siempre un asunto que ha generado controversia. Ayer, el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) se jactó de haberse convertido en la primera administración española en reclamar el cobro del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la Iglesia Católica con el respaldo de la Justicia.

Así, un juez ha obligado al colegio religioso La Inmaculada de los Escolapios a pagar 23.730,41 euros al Ayuntamiento de esta localidad por las obras de ampliación de su salón de actos con el argumento de que la actividad que se realiza en esa instalación no es estrictamente religiosa (el centro es concertado, salvo el Bachillerato, que es privado). Ayer, al alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, mostró su satisfacción al entender que «todos debemos afrontar las mismas obligaciones... speramos que se haga extensible a otras exenciones no religiosas de la Iglesia católica. Al parecer, la licencia para la construcción del auditorio de Los Escolapios, destinado a reuniones, cursos y conferencias, fue concedida por el Ayuntamiento de Getafe en 2011 e incluso el colegio llegó a abonar el impuesto, pero luego presentó la solicitud de devolución al considerar que estaba exento en aplicación de los acuerdos Iglesia-Estado, según una sentencia del Supremo de 2014. Tras recorrer distintas instancias judiciales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha fallado en contra del colegio al que multa por deducirse el impuesto. Se ampara en lo dictado por el Tribunal de Justicia Europeo que en junio pasado determinó que las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ilegales si se aplican a actividades económicas, aunque dejó en manos de los jueces españoles su determinación. Tanto el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, como el asesor jurídico de Escuelas Católicas, Luis Centeno, consideran que «el impacto de esta sentencia es limitado y está sujeto a interpretación» para que puedan sucederse más casos. Afectaría a «librerías, hospitales privados de la iglesia...Es un problema económico menor», dijo Giménez Barriocanal.

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