Un millar de menores condenados por malos tratos en diez años

Menores y ya maltratadores. Al menos un millar han sido condenados por los jueces en los últimos diez años. En este tiempo, los juzgados de menores registraron 1.526 asuntos de violencia de género en los que se vieron implicados jóvenes de entre 14 y 17 años. En total se dictaron 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 fueron en procedimientos por delitos y 44 en faltas. La mayoría de los maltratadores en estos casos eran españoles, 898, frente a los 34 de origen extranjero. A esta circunstancia se une que un 2,3 por ciento de las víctimas que solicitaron órdenes de protección eran menores de 18 años. Así se recoge en el último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género que depende del Consejo General del Poder Judicial, que constata que esta lacra no se ha erradicado entre las nuevas generaciones.

Este atentado contra los derechos humanos es especialmente alarmante en el caso de las mujeres extranjeras. Una de cada tres víctimas que solicitó orden de protección en los últimos diez años procedía de otro país, un dato que cuadruplica el observado entre las españolas. Al hablar de renuncias a continuar con el proceso judicial contra sus parejas, la ratio de mujeres extranjeras quintuplica al de las españolas. No obstante, las denuncias podrían haber sido mucho más numerosas de no ser por la crisis. El 91% de las mujeres víctimas de malos tratos admite haber encontrado en la coyuntura económica «un freno para denunciar» por temor a no encontrar empleo o a que su marido lo pierda y, de este modo, pudieran verse sin recursos sus hijos. De hecho, el 65 por ciento de las víctimas no trabajaba. Así consta en un informe hecho público por la Fundación Adecco.

Una de las preocupaciones para la presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, es «el escaso número de denuncias que formulan las víctimas o sus familiares directamente en los juzgados, lo que lleva a pensar que aún persisten muchas situaciones de desarraigo, de desamparo, de temor y de soledad de la víctima».

El alejamiento de la víctima y la prohibición de comunicación han sido las medidas de protección que han adoptado en un mayor número de casos los jueces. Otras medidas penales acordadas fueron la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio mientras que en un cinco por ciento de los casos también se estableció como una medida la privación de libertad. En cuanto a las medidas de tipo civil que adoptan los jueces, en el 94 por ciento de los casos se atribuye la vivienda a la mujer y se establece una prestación de alimentos.

Carmona manifestó ayer que el más del millón de denuncias registradas en los juzgados y las cerca de 25.000 órdenes de protección acordadas «nos hablan bien a las claras de una parte, de la dimensión real del problema de la violencia doméstica y de género y, de otra, de la respuesta judicial ofrecida».

Por otra parte, con el fin de reducir al máximo posible que una mujer sea asesinada en un delito de género tras haber denunciado a su agresor, Policía, Guardia Civil, Fiscalía y personal universitario trabajan desde hace meses en la elaboración del nuevo protocolo para aplicar mejor las medidas de protección. En un principio, este protocolo, anunciado a finales de agosto, iba a entrar en vigor pasados los seis meses. Sin embargo, de momento «se continúa elaborando, y en el próximo semestre se ajustarán las preguntas para que antes de junio de 2016 esté puesto en marcha», precisaron a este periódico desde el Ministerio del Interior. Puede parecer que se está retrasando, de hecho así es, pero cabe recordar que cuando se empezó la primera prueba de la plantilla de preguntas que se hacen en la actualidad se tardaron tres años hasta su puesta en marcha. «Independientemente de las elecciones, este protocolo entrará en vigor antes de esa fecha porque se trata de un protocolo técnico», aseveraron desde Interior.

El protocolo que tienen hoy los agentes para recomendar que a una mujer se le pongan los recursos policiales necesarios cuenta con 16 indicadores de vulnerabilidad, que se espera que pasen a ser 39, agrupados en factores.

Por ejemplo, los celos serán un nuevo factor, en vez de una sola pregunta. De modo que si la víctima sale con otra persona, si el agresor muestra celos exagerados o si es acosada a través de las nuevas tecnologías los agentes tendrán en cuenta esta mayor vulnerabilidad de la víctima.