Una necesaria protección de la mujer

En el siglo pasado, el movimiento feminista americano realizó un duro combate contra el aborto por considerarlo un atentado unilateral a la integridad física y moral de la mujer. Actualmente, la maternidad se ha convertido en un factor de desigualdad social y el embarazo se ha constituido como un factor de riesgo para la mujer. Todo ello nos indica que es de justicia amparar a la mujer con una ley de apoyo a la maternidad y a la infancia, el bien más preciado de un país. La familia es la pyme más importante y la mujer es su CEO, por lo que debe ser apoyada técnica y económicamente, como en países de nuestro entorno. El fracaso en la maternidad, el aborto, es una solución sanitaria a un problema social que sufre la mujer, y que en su mayoría padece en silencio y soledad. En algunas culturas islámicas el robo –un problema social– se corrige legalmente con una solución sanitaria –cortar las manos del ladrón–.

La mujer asume sola los efectos de este fracaso y del embarazo no planificado, padeciendo además el abandono de la pareja y consolidando situaciones de presión, dominio y violencia machista sobre la mujer. Ya son muchos años de legislación que han generado un clima y una cultura adversas a la maternidad, manteniendo sin resolver los derechos del agresor masculino, o la discriminación maternal en el trabajo. Incluso apoyando el rechazo de la maquinaria o estructura de servicios sociales en contra de su maternidad, sin ofrecer alternativas o eliminando ayudas, lo que puede catalogarse como violencia de Estado contra la mujer, en contra del Artículo 7 de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de Ginebra.

Muchos parlamentarios no conocen la realidad de la mujer-madre en dificultad y no la amparan o apoyan; no saben que un 60% de los casos de embarazo cursa con violencia de género y que 9 de cada 10 madres gestantes en dificultad o exclusión social tienen problemas para encontrar trabajo o mantenerlo, especialmente si tiene hijos menores de 3 años. Los líderes políticos no defienden los derechos del niño incluso con otras capacidades y que pueden ya beneficiarse de operaciones «intrauterinas» cuando vienen «malitos», en lugar de garantizarle un derecho de paciente según la «lex artis» y el Derecho internacional, que avala el derecho a la diversidad y a la no discriminación en razón del código genético o de poseer diferentes capacidades –declaración del genoma humano–. Por tanto, son los gobernantes los que priman la ideología del cribado y la selección genética en contra de niños que presentan otras capacidades diferentes o nacen «malitos».

Además, miembros del Parlamento miran para otro lado cuando han logrado que médicos ginecólogos obren en contra de su código deontológico y la «lex artis», recomendándolo por miedo a denuncias y poniendo en riesgo la viabilidad de la especialidad médica. En definitiva, legisladores que, como el Rey Sol, se consideran capaces de legislar sobre hechos naturales, como «dónde empieza y dónde acaba la vida» o «qué tipo de vida debe seleccionarse o ser eliminada», incluso favoreciendo una mala praxis médica en relación a la información y el riesgo sanitario para la mujer.