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Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para incluir el abuso en un único delito de agresión sexual

El grupo confederal Unidos Podemos ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados su ley integral contra las violencias sexuales.

  • Jose Ángel Prenda, uno de los cinco integrantes de La Manada/ Efe
    Jose Ángel Prenda, uno de los cinco integrantes de La Manada/ Efe

Tiempo de lectura 4 min.

11 de julio de 2018. 14:47h

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Rocío Esteban Madrid. 11/7/2018

Modificar el Código Penal para eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual, es la máxima que Podemos defiende. De esta manera se pasaría a considerar delito de agresión sexual toda violencia sexual física no consentida. Esta ley surge de la necesidad de formar y enseñar conciencias activas, individuales y colectivas, en pro de relaciones igualitarias, de unas instituciones comprometidas con la erradicación de las violencias sexuales y de adoptar mecanismos para garantizar la reparación integral de las víctimas. El texto presentado por Unidos Podemos para su debate en el Congreso incorpora a la ley actual que no sea necesario por parte de la víctima emprender acciones legales ni de testimoniar contra el autor de la violencia sexual sino que basta con presentar un

informe médico o de los servicios sociales, entre otros, que acrediten la violencia sexual sufrida.

Dicha ley pone el foco en el derecho a la autodeterminación sexual; a la libertad de decidir sobre todo lo relativo al ejercicio de la propia sexualidad, con el límite en las libertades de las otras personas. Una ley que establece medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ambiente educativo, publicitario, laboral, sanitario, medios de comunicación, laboral y empresarial, digital y castrense. También se establecen medidas judiciales de proyección y seguridad social reforzada para las víctimas, como por ejemplo, la posibilidad de evitar el contacto visual con el agresor, declarar en salas especiales acondicionadas a tal fin, entre otras.

SIN SENTENCIAS DE AGRESIONES SOBRE MENORES

La norma recoge una reforma del Código Penal para que conste como único delito contra las libertades sexuales aquel que "atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento". A partir de este hecho, habrá agravantes, como puede ser el parentesco, que la víctima esté en situación de vulnerabilidad o el uso de armas.

La eliminación del concepto de abuso, que se incluyó en el Código Penal en 1995 como "un gran avance", según ha explicado Faraldo, a terminado por poner de manifiesto varias carencias sobre la separación de estos dos delitos. Así, ha destacado el caso de los menores, cuyos agresores no tienen que usar la violencia en la mayoría de los casos por cuestiones de envergadura, lo que lleva a dictar casi siempre un delito de abuso en lugar del de agresión. Los niños tampoco suelen resistirse, apunta la catedrática.

Además, el texto incluye un artículo específico para las agresiones en grupo incluyendo la agresión dentro de un "contexto intimidante para la víctima", un hecho que no se tomó en cuenta en la sentencia dictada en el caso de 'La Manada'.

ACOSO EN LA VÍA PÚBLICA

Entre las novedades que presenta la norma se incluye un delito de acoso en la vía pública, que recoge los comportamientos o presiones que creen hacia la víctima una situación intimidatoria, y que implicarían una pena leve; así como la responsabilidad de las empresas cuando entre sus trabajadores se dé una situación de acoso o agresión sexual. El objetivo de este último punto, según ha explicado la portavoz de Igualdad, es que las empresas creen protocolos sobre estas conductas.

Además, Unidos Podemos incluyen que las agresiones sexuales estén a cargo de los juzgados especializados de violencia contra la mujer y que las víctimas sean tratadas como las de violencia de género. Así, recogen la necesidad que tenga atención letrada desde el primer minuto, que valga su primera declaración, que se evite su contacto físico con el agresor durante el proceso o que tenga un acompañamiento psicolígico.

Además, proponen que sólo se les pueda hacer preguntas para determinar si hubo consentimiento, y no sobre la vida sexual de la víctima y se introcuce la reparación al daño.

La proposición de la ley ha sido presentada por la portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos, Ione Belarra Urteasa y elaborada también por Sofía Fernández Castañón, Gloria Elizondo Serrano, Alicia Ramón Jordán, Rita Bogado Foro, Ángela Rodríguez Martínez, Mar García Puig, Sara Carreño Valero y Eva García Sempere, junto a un grupo de juristas y expertas en Derecho .

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