La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para actualizar el marco regulatorio de los servicios de compra en Internet. El objetivo principal es combatir el fraude digital y eliminar las tarifas ocultas que afectan a millones de consumidores en la zona comunitaria. El pacto, cerrado entre el Parlamento y el Consejo Europeo, se materializa en dos instrumentos que son la nueva Regulación de Servicios de Pago (PSR) y la Tercera Directiva de Servicios de Pago (PSD3).

Las nuevas normas establecen que los proveedores de servicios de pago (PSP) deberán asumir la responsabilidad de las pérdidas sufridas por los clientes cuando no se apliquen mecanismos adecuados de prevención de fraude. Esto significa que, en caso de fallos de seguridad, los usuarios tendrán derecho a un reembolso completo de las cantidades perdidas.

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de comprobar que el nombre del beneficiario coincida con el identificador de la cuenta. Si se detecta una discrepancia, la operación deberá ser rechazada. Esta medida busca reducir los casos en los que los fondos terminan en cuentas fraudulentas o equivocadas.

Los PSP también estarán obligados a implementar autenticación reforzada de clientes, además de ofrecer herramientas que permitan fijar límites de gasto y bloquear transacciones sospechosas. Estas funciones pretenden dar a los usuarios mayor control sobre sus operaciones y reducir la exposición a fraudes.

Transparencia y obligaciones para las entidades receptoras

Las entidades que reciben los pagos deberán detener transacciones sospechosas antes de que los fondos lleguen a cuentas ilícitas. En caso de que se produzcan pérdidas por fallos en la seguridad, los proveedores tendrán que reembolsar íntegramente a los usuarios afectados, reforzando así la confianza en el sistema.

Otro aspecto clave del acuerdo es la exigencia de mayor claridad en las comisiones. Las plataformas de pago deberán mostrar de forma explícita los costes asociados a cada operación, eliminando las tarifas ocultas que han generado críticas en los últimos años. Con ello se busca un entorno más competitivo y justo entre bancos y proveedores no bancarios.

El texto también contempla medidas para garantizarel acceso a servicios bancarios y al efectivo, especialmente en zonas rurales o con menor cobertura financiera. La intención es asegurar que todos los ciudadanos puedan disponer de servicios básicos de pago, independientemente de su ubicación.

"Este acuerdo es un paso significativo hacia un mercado único de pagos más abierto y resiliente", explicó el ponente de la directiva, Morten Løkkegaard, y añadió que "el efectivo sigue siendo una opción de pago genuina y conveniente".