¿Internet a prueba de menores? Este es el debate constitucional en EE.UU.

No es una novedad: a la hora de evaluar el acceso a internet de los menores (al igual que poseer un móvil) lleva años siendo objeto de interés. En este sentido, la creciente presión para regular el uso de la tecnología por parte de los niños en Estados Unidos plantea la pregunta: ¿es constitucional hacer que Internet sea a prueba de niños? Esto es lo que se ha planteado Meg Leta Jones, experta en leyes tecnológicas de la Universidad Georgetown.

La experiencia de los menores con las tecnologías digitales (a menudo vinculada a la adicción, el acoso o el acceso a páginas no recomendadas para menores) ha llevado a que Estados Unidos apruebe una serie de leyes. California, por ejemplo, exige que una página evalúe si quien accede a ella es mayor de 18 años. Texas, por su parte, multa a las páginas con contenido pornográfico, que dejan entrar a menores, Florida ha prohibido el acceso a redes sociales a menores de 14 años y Nueva York prohíbe los diseños que puedan crear adicción en menores, tanto en páginas como en videojuegos.

“Todas estas leyes exigen que las plataformas traten a los niños de forma diferente a los adultos – explica Jones en un editorial -, y por lo tanto exigen que las plataformas sepan quién es un niño y quién es un adulto. Esta práctica se conoce como control de edad e incluye algunos métodos. La antigua ley COPPA (siglas de Ley de protección de la privacidad en línea de niños y adolescentes) añadió restricciones, responsabilidades y obligaciones para los sitios dirigidos a niños o sitios que tenían conocimiento de que un usuario era menor de 13 años. La mayoría de los sitios evitan las restricciones y requisitos de la ley simplemente incluyendo un lenguaje en sus términos de servicio que prohíbe a los menores de 13 años crear una cuenta. Otros, como Facebook, finalmente fueron más allá y pidieron al usuario que ingresara su edad o fecha de nacimiento, pero los menores aprendieron hace mucho tiempo a sortear la barrera prácticamente sin sentido”.

El problema es que para inferir la edad, la mayoría de los sitios web se basan en pulsar un botón que confirme que son mayores de edad. La otra opción es utilizar datos generados por el usuario, ya sea a través de escaneos biométricos de la cara o la voz o análisis de los datos que las plataformas ya recopilan para publicidad dirigida. O confiar en evidencia ya examinada por otra institución, como una identificación gubernamental o una tarjeta de crédito, lo que genera preocupaciones vinculadas a la privacidad y a la seguridad.

“Para limitar el intercambio o el acceso a contenido, el gobierno debe tener una buena razón – añade Jones -. Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacerse es si los daños a los menores son realmente tan graves y si las leyes pueden reducirlos”.

Jones también se hace otra pregunta más profunda. Esta experta asegura que las leyes han cambiado, la tecnología ha cambiado y la infancia también ha cambiado: debemos decidir si esto es positivo o no. Y qué podemos hacer al respecto.