147.560 millones: récord en la nómina de los empleados públicos

El número de empleados públicos en España se eleva por encima de los 3,5 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año, un 2% más que en el mismo periodo de 2022 y casi un 19% si se compara con 2015. Un número que no deja de crecer, que alcanza cifras récord, y que es responsable en buena medida del aumento del gasto público.

Según los últimos datos de Contabilidad Nacional recogidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), correspondiente a 2021, 147.560 millones de euros se utilizaron en sufragar las nóminas de los empleados públicos de los distintos niveles de la Administración, lo que supone un incremento de casi el 5% en relación al año anterior, y del 24% con respecto a 2015. Una factura que, a buen seguro, ya habrá superado la barrera de los 150.000 millones si se tiene en cuentan que el número trabajadores dependientes de la administraciones se ha incrementado en casi 80.000 en los últimos dos años. Se trata, pues, de uno de los grandes capítulos del gasto, que representa el 25% de mismo, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros desembolsados por la Administración.

Con estas cifras, España se sitúa como el octavo país de la OCDE que proporcionalmente más dinero gasta en sueldos de sus funcionarios, y que, además, está 8,5 puntos porcentuales por encima de la media de los países desarrollado. Así, la proporción del salario de los empleados públicos españoles sobre el total de los costes de producción se sitúa en el 51,7%, frente al 43,2% del promedio de la organización (19,68% más).

Pero, ¿cómo se distribuye este gasto entre los distintos sectores representados en las diferentes administraciones públicas? Siguiendo con el análisis de los datos de la IGAE, el mayor volumen se concentra en las retribuciones que reciben los empleados públicos que trabajan en actividades relacionadas con el ámbito sanitario. Así, la factura conjunta anual en nóminas de médicos, enfermeros, otros profesionales y del personal administrativo vinculado a esta área ascendió a 39.387 millones de euros, el 26,7% del total. Esta partida creció un 6,7% en relación al ejercicio anterior, un 15% frente a 2019 (año inmediatamente anterior a la pandemia), y un 26,7% si se compara con 2015. El mayor desembolso corresponde al apartado de servicios externos, con 21.291 millones, lo que representa más de la mitad del total de los emolumentos percibidos por todos los empleados de este ámbito, el 54%.

Sigue a Salud en lo que a gasto en salarios se refiere, Educación. Con 37.505 millones (el 25,41% de la remuneración funcionarial en su conjunto), se sufragaron las nóminas de maestros y resto de personal con funciones educativas. Los trabajadores públicos de Educación Secundaria percibieron 16.295 millones (el 43,33% del conjunto del área educativa), mientras que los de Primaria recibieron con 14.495, el 38,64%. De esta manera, la partida correspondiente a Educación Obligatoria suma 30.790 millones de euros, el 82% de la remuneración de todos los trabajadores dedicados a la enseñanza y a la educación. En relación al año anterior el aumento fue del 6,72% y del 24,11% desde 2015.

Por detrás de Salud y Educación, se coloca Orden Público y Seguridad, con el 20.592 millones, el 14% del total, acaparando la mayor parte del mismo los servicios de policía (13.517 millones, el 65,64%). La subida si se compara con el ejercicio inmediatamente anterior es del 3,13%, y del 18,15% en referencia a 2015.

Son estos tres apartados, Salud, Educación y Orden Público y Seguridad, los que aglutinan una mayor proporción del gasto en remuneración del funcionariado, ascendiendo la factura completa de estos tres colectivos a 97.484 millones, el 66% del total.

Pero estas no son las únicas partidas retributivas que se han incrementado. A pagar nóminas de servicios públicos generales fueron dirigidos 15.331 millones (el 10,38%), correspondiendo a la remuneración de órganos ejecutivos y legislativos y a asuntos financieros y fiscales el 40,31% de la misma, totalizando 6.180 millones. Con respecto al ejercicio anterior, el aumento fue del 4,05% y de un 17,81% si se compara con 2015.

Con 11.878 millones de euros (8,05% del total), se financiaron los salarios de los empleados públicos relacionados con los servicios económicos, concentrando los mayores desembolsos los empleados dedicados a asuntos generales de economía, comerciales y laborales, cuyo coste salarial fue de 7.608 millones. Al igual que el resto de sectores de la Administración, este capítulo también registra un aumento interanual del 4,05%, y de 26,17% si se compara seis años atrás.

Los empleados dedicados a tareas relacionadas con la Protección Social recibieron 7.847 millones, el 5,32%, con alzas en relación a 2020 y al 2015 del 3,63% y del 26,81%, respectivamente.

Más de 6.580 millones (4,46%) corresponde a los emolumentos recibidos por el personal de Defensa, cuya factura subió un 4,37% con respecto a 2020 y un 7,11% desde 2015. No obstante, si se observa la serie histórica, se produjeron descensos en 2020 con respecto a 2019 y en el 2017 sobre 2016.

Cierran las distintas categorías de empleados públicos recogidos por la Intervención General de la Administración Estado Protección Ambiental y Vivienda y Servicios Comunitarios. En el caso de la primera, la retribución salarial se situó en 2.422 millones de euros, el 1,6% del conjunto, creciendo un 6,7% en un año y un 32, 56% desde 2017. En cuanto al último apartado, es el único que registra descensos con respecto a hace seis años aunque sube un 4,85% en el último ejercicio analizado, hasta 1.069 millones de euros (el 0,72%).

Comunidades autónomas

La evolución retributiva de los últimos años, en récord, se explica en buena medida por el comportamiento de las comunidades autónomas. El 60% de los trabajadorespúblicos que existen en España dependen de la administración regional, y son responsables del 66,6% del recibo anual en sueldo de los funcionarios.

El gasto total del conjunto de las comunidades ascendió en 2021 a 224.983 millones de euros, de los que 91.803 millones, el 40,8%, se emplearon precisamente en abonar las retribuciones de trabajadores que dependen de los distintos territorios.

La región en la que más pesan las nóminas de los funcionarios sobre el total del gasto público es Castilla-La Mancha (4.251 millones sobre un total de 8.482, lo que se traduce una proporción del 50,12%). Le sigue Extremadura, con el 48,7%, y Murcia, con el 48,15%. En el lado contrario, el de las regiones donde la remuneración a empleados públicos tiene menor peso, se encuentran la Comunidad de Madrid, con el 33,24%; Navarra, con el 35,73%, y Cataluña, con el 35,97%.

Tendencia

Si bien es cierto que la pandemia disparó el gasto en funcionarios por las especiales necesidades que precisaban ser atendidas en ese momento, también lo es que la tendencia se ha mantenido, pese a que a desaparecer la emergencia sanitaria. No hay más que echar un vistazo a los Presupuestos Generales de Comunidades Autónomas correspondientes a 2023. Se evidencia que el capítulo de gastos de personal continúa subiendo con fuerza, un 7,39% si se compara con el ejercicio anterior, partida esta que compromete prácticamente uno de cada tres euros de los ingresos (31,68%). Además, es muy superior a otros apartados, ya que, por ejemplo, duplica al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, los cuales son fundamentales para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Los datos muestran, además un desequilibrio entre la evolución del empleo público y del privado. Y es que mientras el que depende de la administración pública ha crecido casi un 20% desde la crisis financiera que se desencadenó en 2007, el generado por las empresas ha descendido un 2%, incluso el número de funcionarios ya ha superado al de otros colectivo fundamental para el buen funcionamiento de la economía, los autónomos.

Salario medio

El salario medio bruto se situó en España en 2021 en 25.896,82 euros anuales, lo que se traduce en 2.158,06 euros mensuales si la remuneración se reparte entre los doce meses del año, según los datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La retribución media de los empleados de la Administración se situó en dicho ejercicio un 31,32% por encima de la remuneración promedio en España. Y es que los empleados públicos cobraron una media de 34.010,01 euros anuales (2.834,17 euros mensuales), siendo los trabajadores de la Administración los quintos que recibe emolumentos más altos de dieciocho categorías, solo por detrás de los empleados que se dedican a actividades relacionadas con el suministro de energía, actividades financiera, información y comunicaciones e industrias extractivas.

Asimismo, los empleados públicos recibirán con casi total seguridad en su nómina de octubre una grata sorpresa, ya que la misma reflejará un alza salarial adicional del 0,5%, que se aplicará de manera retroactiva desde enero, tal y como han avanzado las centrales sindicales. Se trata de los compromisos que recoge el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito el pasado año entre los sindicatos y el Gobierno en la Mesa General de las Administraciones Públicas. Dicho pacto indica que las nóminas de los trabajadores dependientes de los distintos niveles de la Administración (estatal, autonómica y local), subirá este año un 2,5% fijo, con la posibilidad de sendas alzas variables del 0,5%.

Tal y como señala el acuerdo, el primero de estos incrementos se aplicaría si la suma Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) correspondiente a 2022 y al mes de septiembre de 2023 superaba el 6%. La segunda de estas alzas variables está vinculada a que el PIB nominal de 2023 supere al previsto por el Gobierno, y que se sitúa en el 2,1%. Esta paga «extra» se cobraría en los primeros meses de 2024.

Una brecha entre sectores que, a la vista de los datos expuestos, cada vez se hace más ancha.