Foto borrosa

En economía se mide todo. Se calcula todo. Se registra todo. Cuanto más, mejor. Es la manera de saber qué terreno se pisa y qué podemos encontrar tras el siguiente badén y la próxima curva. Los ministros económicos toman más medidas que los sastres de la londinense Savile Row. Las estadísticas, las encuestas, los registros son fundamentales para conocer la realidad compleja de un país en un momento dado. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño se enfrentó a los técnicos del INE. Consideraba que la principal institución estadística del país no había actualizado convenientemente su metodología para calcular correctamente el PIB. Calviño consideraba que la economía avanzaba a mayor ritmo de lo que mostraba la trimestral Contabilidad Nacional. Algunos expertos aducían que no cuantificaba correctamente la actividad de la nueva economía digital. Durante buena parte del Gobierno de Aznar los socialistas criticaban la falta de actualización estadística de algunas instituciones.

Ahora estamos con las mismas en los registros de Trabajo a cuenta de la evolución del empleo y del paro. La polémica por la falta de contabilización de los trabajadores inactivos con fijos discontinuos ha emborronado el balance laboral del 2022. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz afirma que no existe estadística «depurada». Estos datos se reclaman desde abril y la Seguridad Social conoce telemáticamente, al instante, la empresa que deja de cotizar por un trabajador desocupado. El problema para el Gobierno no es estadístico, es político. Oficialmente, 2022 se despidió con 268.252 parados menos. Pero si los desocupados fijos-discontinuos alcanzan el medio millón el discurso del éxito de la Reforma Laboral en parte se descuadra. Se deshilacha como un traje mal zurcido.