El retraso de las empresas en sus pagos cuestan 2.974 millones

Después de tres trimestres consecutivos de descenso, el periodo medio de pago en el que las empresas españolas hacen efectivas sus facturas sube a 95,49 días en el primer trimestre de 2023, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas publicado por Informa D&B, que ha analizado los hábitos de más de 400.000 compañías. Este dato supone un aumento de 0,38 días con respecto a finales del 2022 y un descenso de 1,5 en comparación a hace un año.

El estudio también señala un incremento del retraso medio de pago en 0,91 días sobre los últimos tres meses del año pasado, superando los 15 días por primera vez desde finales del 2021. La proporción de pagos puntuales desciende significativamente, situándose en el 42,45%, también la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2021. Los abonos a más de 60 días representan el 6,14% del total de este trimestre, mientras que en los últimos tres meses del año pasado eran el 5,70%. El 28% de las facturas se abonan puntualmente, mientras que el 68% corresponde a pagos de hasta 30 días.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B, destaca que “El retraso en los pagos de las empresas españolas se incrementa en el primer semestre del año, para alcanzar los 15,45 días, y esto hace que los plazos de pago se dilaten hasta 95 días y medio”. Los retrasos producidos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español de 2.974 millones de euros.

El dato positivo es la disminución del plazo medio pactado, que alcanza los 80 días este trimestre, disminuyendo 2,29 días con respecto al mismo periodo de 2022.

Administración, el peor sector

Por comunidades autónomas, el estudio de Informa señala que el retraso medio de pago se produce en todas, excepto en Ceuta, Melilla y Extremadura. Por su parte, Baleares, Cantabria y el País Vasco experimentan las mayores subidas. Por debajo del 50% de pagos puntuales se sitúan todas, salvo Ceuta, donde el 57% de las facturas se abonan con puntualidad. Navarra, Aragón y Cantabria siguen a la ciudad autónoma, mientras que en Canarias, Extremadura, Madrid y Andalucía se registran las tasas más bajas de pagos puntuales.

En cuanto al comportamiento por sectores, la Administración es el sector que más tarda en pagar: 28,50 días de media. Lo sigue la hostelería, otros servicios y transportes. Con los mejores indicadores se sitúan la industria, las industrias extractivas, las comunicaciones, el comercio, la educación y la sanidad. Por lo tanto, hay una diferencia de más de 16 días dependiendo de si se contrata con una industria extractiva, el sector que mejor paga, o con la administración, el que peor cumple. Si bien la diferencia entre ambos ha mejorado en un día respecto al trimestre anterior.

Analizados los datos según el tamaño de la empresa, son las microempresas las que abonan sus facturas con mayor puntualidad (47,95%), por delante de las pequeñas (42,73%) y de las medianas (27,51%). Por el contrario, los peores indicadores se los llevan las grandes empresas, con solo un 12,67% de pagos puntuales. Además, la mayor parte de los pagos en grandes y medianas compañías se producen con hasta 30 días de retraso, con un 80 y un 66% respectivamente. No obstante, el retraso medio de pago se reduce ligeramente en estas empresas con respecto a las cifras de hace un año, aumentando en las pequeñas y microempresas.

El estudio de la consultora recuerda que la Directiva 2011/7/EU de la Unión Europea fija, como norma general, un límite de 30 días para pagar las facturas. En el caso de las Administraciones públicas, este plazo se podrá prolongar, como máximo, hasta los 60 días cuando esté justificado. Asimismo, la norma prevé sanciones por incumplimiento y los Estados miembros han tenido un plazo de dos años para implementarla. En España su aplicación se ha realizado a través del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Además, se establece el tipo de interés de demora (8 puntos porcentuales por encima del valor de referencia del BCE) y la posibilidad de cobrar una sanción de 40 euros.