El Gobierno confía en las exhaustas finanzas de los hogares para crecer más de lo que prevén el FMI o la OCDE

Los castigados bolsillos de las familias españolas soportarán el año próximo un crecimiento de la economía por encima de la media europea y del que auguran las principales instituciones económicas internacionales. Esa es la tesis que defiende el Gobierno en el Plan Presupuestario que envió el pasado domingo a la Comisión Europea.

El documento, realizado como explica el Ejecutivo en un «escenario fiscal inercial», es decir, sin cambios o nuevas medidas dada su situación de interinidad; contempla un crecimiento del 2,4% para este año pero lo rebaja hasta el 2% para el siguiente. Aún así, Moncloa es más optimista en sus previsiones para 2024 que el FMI (1,7%), el Banco de España (1,8%) o la OCDE (1,9%). Y lo es porque, a pesar de admitir que la economía se está desacelerando, asegura que las familias están en situación del tirar del carro.

Aunque el plan reconoce que el PIB se está frenando en la segunda mitad del año «principalmente por la desaceleración del consumo privado» y el endurecimiento de las condiciones monetarias, añade que en 2024 el crecimiento del PIB pasará a descansar en la demanda nacional, que, según afirma, acelerará por el despliegue del Plan de Recuperación, el dinamismo del mercado laboral -prevé la creación de 700.000 empleos a tiempo completo en 2023 y 2024 y rebajar la tasa de paro por debajo del 11%- y la solvencia financiera de hogares y empresas, cuya deuda, añade, está en mínimos desde 2002.

El Gobierno, que reconoce el contexto de elevada incertidumbre y menor crecimiento internacional; afirma que los hogares tendrán más capacidad de gasto dado que su poder adquisitivo a mediados de 2023 ya estaba «en niveles previos a la perturbación energética de 2022» y continuará en su opinión avanzando por las subidas salariales y el control de la inflación. Todo ello, además, «se verá reforzado por el entorno de la confianza de los hogares a niveles previos a la guerra de Ucrania».

Dudas de la AiREF

El optimismo del Gobierno sobre la resiliencia de las familias contrasta con la prudencia que exhibió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF). El organismo, aunque ve «razonables» las previsiones de crecimiento, cree que, para 2024, «predominan riesgos a la baja sobre el crecimiento económico» estimado por el Gobierno, ya que incorpora «una aceleración notable» del consumo privado «que puede resultar optimista en un contexto de declive de la confianza de los consumidores y de endurecimiento de las condiciones de financiación de los hogares».

La capacidad de ahorro y gasto de las familias se ha visto muy golpeada en los últimos dos años. En el primer trimestre del año, el salario real era un 1,2% inferior al del mismo periodo de 2022, según datos de la OCDE. Además, el año pasado los españoles perdieron un 5,3% de poder adquisitivo, según la misma organización. En lo que respecta a su tasa de ahorro, se redujo hasta el 7,2% de su renta disponible, por debajo de los niveles prepandemia, acosada por la escalada inflacionista que se desató tras el fin de la pandemia y que aceleró el año pasado la invasión rusa de Ucrania.

Más ingresos por impuestos

Si los planes del Gobierno se cumplen, los ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda prevén que los ingresos suban hasta el 42% del PIB con un importante estirón de la recaudación impositiva del 7,5%, hasta los 382.755 millones de euros. Aunque el Gobierno reconoce que medidas puramente recaudatorias como la subida de tipos a las rentas superiores a los 300.000 euros o en el Impuesto de Sociedades contribuirán a esta mejora, achaca principalmente el aumento al buen comportamiento del IRPF por la mejora del empleo y las pensiones, cuya revalorización con acuerdo al IPC recoge en los gastos. En este apartado también incluye la subida salarial de los funcionarios. En total, calcula que los gastos se reducirán hasta el 45% del PIB. El Ejecutivo en funciones deja la puerta abierta a «adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año». En el caso del tren de Cercanías y transporte urbano, consigna 1.440 millones de euros para mantener su gratuidad dado que esta medida se recogió en los Presupuestos de 2023 sobre los que se basa el plan. No obstante, una vez se aprueben las nuevas cuentas, será cuando se decida sobre su continuidad.

Deuda y déficit

Respecto a la estabilidad presupuestaria, el documento recoge un objetivo de déficit del 3% para el año próximo. El informe contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario que se preveía en el Programa de Estabilidad de abril.

Para la deuda, el plan contempla reducirla a una ratio respecto al PIB del 108,1% ya este año, adelantando así en un año el objetivo de situarla por debajo del 110%. El año próximo, caerá hasta el 106,3% siempre que se cumpla el escenario que baraja Moncloa.

El Ejecutivo también ofrece en el plan un somero repaso de la evolución del Plan de Recuperación comprometido con los fondos europeos. Según explica, España ha recibido ya 37.036 millones. Sin embargo, asegura que el Tesoro ya ha realizado pagos por 38.700 millones a órganos gestores y beneficiarios.