El Gobierno duda de la sostenibilidad de reforma de las pensiones de Escrivá y pide a la Airef un informe adicional

El Gobierno no se fía de la reforma de las pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ha pedido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un informe adicional en el que se analice sus sostenibilidad en el medio y el largo plazo, que tenga en cuenta las últimas previsiones macroeconómicas, las pasadas y las futuras, que permita hacer una valoración de la evolución de la reforma en base a esos datos.

Así consta en un proyecto de real decreto sometido a audiencia pública y que modifica aspectos de las evaluaciones que debe hacer la AIReF, entre ellas este que debe tener en cuenta "los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años" y disponer de "suficientes datos" para evaluar las reformas económicas que se han hecho.

La propia reforma de las pensiones estableció que, cada tres años, la AIReF debía evaluar si la diferencia entre el gasto en pensiones y las previsiones de ingresos con las medidas adoptadas no supera un determinado umbral, el 13,3 % del PIB, que obligaría a tomar medidas adicionales.

La AIReF presentó el pasado 31 de marzo su primer informe de evaluación donde constataba que la reforma se ajustaba a esa regla de gasto, aunque alertaba de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no había mejorado y cuestionaba esta metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que, en línea con las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea, el Gobierno ha pedido este informe adicional "en un ejercicio de responsabilidad y transparencia". Este ejercicio, añaden las mismas fuentes, permitirá tener en cuenta las "revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes, así como la existencia de más evidencia sobre el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de reformas estructurales tan importantes como la reforma laboral", informa Efe.

Con los cambios introducidos en este proyecto de ley, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones. Este examen adicional de la AIReF se debe a presiones de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto del Gobierno. De hecho, en el proyecto de ley que ha elaborado ahora el Ministerio se suprime la apelación directa que se hacía en el artículo 12 del Real Decreto para considerar como ingresos del sistema de la Seguridad Social las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.

Fuentes ministeriales han señalado que este informe adicional que hará la AIReF no supone un nuevo examen ni otra evaluación, y alegan que, en línea con las recomendaciones de este organismo y de Bruselas, se pide a la AIReF ese informe adicional "en un ejercicio de responsabilidad y transparencia". En este sentido, las mismas fuentes señalan que dicho ejercicio, un año después de la primera evaluación, "permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes", así como más evidencias sobre el impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones de reformas estructurales como la reforma laboral. "Este informe no supone una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema", subrayan desde el Departamento que dirige Elma Saiz, pero otras fuente internas consultadas por este periódico sí que confirman las dudas que genera la reforma de Escrivá.

En el texto del proyecto de ley, el Gobierno justifica la necesidad de modificar el Real Decreto de 18 de febrero en las recomendaciones que realizó la AIReF en su primer examen de pensiones. El organismo recomendó integrar la regla de gasto de pensiones alineándola con los objetivos del marco fiscal, tanto europeo como nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación y simplificar el sistema actual. Además, expone el Ejecutivo, la AIReF cree necesario homogeneizar los periodos de revisión, puesto que la regla de pensiones se revisa cada tres años y el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo tiene una vigencia de cuatro años aunque es objeto de seguimiento anual. Con el objeto de avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, el Gobierno considera necesario modificar la normativa "a pesar de su corta vigencia", para incorporar en el texto "una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas".