Las discográficas desestabilizan la Comisión de Propiedad Intelectual

Julio Costas abandona la presidencia de la Comisión de la Propiedad Intelectual tras las presiones de las entidades encargadas de la gestión de las tarifas de las radios y televisiones.

Las presiones de las entidades de gestión de las multinacionales discográficas y editoriales musicales forzaron el pasado viernes la dimisión de Julio Costas, presidente de la Comisión de la Propiedad Intelectual (SCPI), un día después de la aprobación de la resolución del expediente que enfrenta a las dos entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual legalmente constituidas por el Ministerio de Cultura, AIE y AGEDI, y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la mayoría de cadenas, como Onda Cero, SER, Cope y Kiss FM. Este dictamen determina las reclamaciones que desde hace tiempo llevan a cabo las emisoras, como el pago del uso efectivo del catálogo musical a las sociedades encargadas de la recaudación.

Tarifas discriminatorias

Un conflicto que se remonta a marzo de 2017, cuando las dos partes en disputa iniciaron un contencioso tras la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de 2015 en la que se sancionó el abuso dde posición de dominio por parte de estas sociedades por «la fijación de tarifas carentes de equidad y en su aplicación de forma discriminatoria e injustificada a las radios», por las que se les impuso una sanción de 1,5 y 1,2 millones de euros, respectivamente. Ante la falta de acuerdo, ambos organismos solicitaron la mediación de la SCPI para que fuera esta sociedad la encargada de establecer las tarifas de las radios.

Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, la AERC acusa a estas sociedades de desplegar sus presiones ante el Gobierno y los principalestarios que han desembocado en una serie de enmiendas que satisfacen, principalmente, a los gigantes discográficos a los que se les acusa de fijar libremente el precio de los repertorios, obligar a los usuarios a abonar el 70% de la tarifa en caso de recurrirla, alterar la composición de la SCPI y finiquitar la orden que fija los costes y la neutralidad tecnológica.

Según Costas, la madrugada del jueves al viernes AGEDI y AIE registraron en el Ministerio de Cultura una solicitud de recusación en su contra y horas después llevaron a cabo una petición de desestimiento del procedimiento que establece las tarifas. Tal y como denuncia Costas, las entidades de gestión pretenden con esta estrategia que la resolución no sea notificada y que el procedimiento sea archivado, de tal manera que echaría por tierra todo el trabajo de la SCPI.