Abogados de toda Europa se unen para luchar contra delitos medioambientales

SEO/BirdLife y su socio británico Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) lideran la nueva Red Europea contra los Delitos Ambientales (REDA), destinada a velar por la Directiva 2008/99, una norma de la UE que obliga a los estados miembros a sancionar penalmente los crímenes contra la naturaleza. El proyecto implica agrupar y organizar a una serie de abogados medioambientalistas de toda la Unión Europea para “facilitar el intercambio de información y experiencia de los profesionales” así como su actuación en lo que pretende ser “la mayor coalición para la conservación de la naturaleza del mundo”, explica SEO/BirdLife en una nota.

La finalidad declarada de esta red es la de mejorar la ejecución y aplicación de la directiva comunitaria que sanciona conductas como la gestión ilícita de residuos y materiales radiactivos, los vertidos dañinos, la matanza o comercio de especies protegidas o el negocio con sustancias destructoras del ozono, entre otros supuestos.

La REDA elaborará un informe sobre “cómo ha sido transpuesta la Directiva en los 28 Estados miembros y cómo es aplicada por los tribunales nacionales”, a partir del cual localizará y enmendará las posibles lagunas que impiden la aplicación “coherente y efectiva” de la norma.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de algo más de 300.000 euros financiados en un 80 % por el Programa de Justicia Penal de la UE, se centrará especialmente en los delitos de caza ilegal, envenenamiento de fauna y destrucción del hábitat.

“Si bien no poseen actualmente una clara definición legal en España”, los delitos ambientales sí son un problema “grave y creciente” a nivel internacional porque, además de causar pérdidas económicas, “tienen efectos devastadores sobre el medio ambiente y la salud humana”, asegura la organización.

Los socios de esta red europea denuncian además que “la aplicación de la Directiva no es la misma en todos los Estados miembros”, por lo que se crea una situación de desigualdad y “la oportunidad perfecta para que los delincuentes exploten las diferencias existentes entre las legislaciones”, advierten.

“A menudo las acciones legales que las oenegés llevan a cabo ante los tribunales son las únicas que garantizan la persecución de este tipo de delitos ante la ausencia de las administraciones”, lamenta la REDA, que espera en este sentido “tener en el futuro un papel relevante” que revierta la situación y constituya una herramienta eficiente para proteger el medio ambiente.