lunes, 26 junio 2017
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Editorial

El presidente del Gobierno tendrá que declarar en calidad de testigo en el juicio a la primera época de Gürtel (1999-2005) que se celebra en la Audiencia Nacional. Lo hará después de que el tribunal asumiera por decisión dividida de dos jueces –José Ricardo de Prada y Julio de Diego– frente a uno –Ángel Hurtado– la petición de la acusación popular de la denominada Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Mariano Rajoy mostró su absoluto respeto a la Justicia, pero esa obligada consideración de cualquier demócrata a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales no quiere decir que la discrepancia y la crítica no sean necesarias e incluso saludables. Existen razones serias para disentir del criterio de esos dos jueces, que experimentaron ayer un extraño cambio de opinión sobre un asunto ya resuelto al menos en otras dos ocasiones por el mismo tribunal y que el mismo juez instructor rechazó también en su día por considerar que atendía a intereses extrajudiciales. Adade había intentado que Mariano Rajoy compareciera en el proceso en febrero de 2016 y el pasado octubre, pero los magistrados rechazaron la prueba al entender que era innecesaria, pues ya se habían aceptado las presencias de otros ex dirigentes populares con responsabilidades en el partido durante el periodo en cuestión. ¿Qué había cambiado, entonces, entre aquellas dos negativas de los magistrados y la positiva de hoy? En nuestra opinión, nada. Por eso, nos resulta inexplicable el giro de 180 grados sobre un requerimiento ya resuelto y tras una tercera petición en la que la acusación de Adade no aportaba qué supuestos y novedosos hechos motivarían un fallo diferente. Fue también la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado durante la sesión. La declaración «es innecesaria, prescindible y reiterada. Nada ha cambiado, no hay ningún hecho nuevo», en palabras de la fiscal Concepción Nicolás. Para Adade, una entidad encabezada por dos veteranos socialistas, alguno muy próximo a Pedro Sánchez, el objetivo prioritario había sido arrastrar al presidente hasta la sala del proceso Gürtel. Lo intentó durante todo el procedimiento hasta que lo consiguió ayer. Una ejecutoria como la de esta acusación indica que su propósito no podía ser alcanzar la verdad judicial, sino perjudicar a Rajoy con un proceder perturbador al servicio de una estrategia difamatoria, en línea con el calumnia que algo queda. Nos parece, por tanto, que algunas de las partes del proceso Gürtel, más que justicia, hacen política en la sala, y que, en esta ocasión, han encontrado la comprensión de dos jueces con alegaciones no acordes con la realidad de la patente falta de relación de los cargos orgánicos en el partido del futuro testigo y los hechos enjuiciados. La reacción en tromba de la oposición refrendó esa sensación de instrumentalización política de la Justicia: Podemos pidió la comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso, Cs, con Inés Arrimadas, habló de posible imputación y renuncia –¡declarará como testigo!– y el PSOE exigió que el presidente rinda cuentas. Otra reacción extemporánea –una más en la izquierda– contra las garantías propias de un Estado de Derecho en pos de la pena del telediario. Además del barro político, el episodio de ayer alienta la crónica controversia en torno a la figura procesal de la acusación popular, una anomalía del sistema penal español que no existe prácticamente en ningún país de Europa ni del mundo y que, en más ocasiones de las debidas, se maneja sobre intereses espurios y torticeros. Su futuro debería ser objeto de análisis en la reforma de la Justicia. Sea como fuere, Rajoy testificará, aunque no debería hacerlo. Y lo hará por una deriva política ajena a que la verdad sobre Gürtel se conozca en un proceso con respeto a las garantías y a la presunción de inocencia, incluso de los vinculados al PP, mal que les pese a los inquisidores.

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