Un Tribunal Penal ad hoc para #Venezuela

Por William Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España

Hoy en día el chavismo y las fuerzas armadas intimidan, agreden, hieren y matan, con la certeza de que gozarán de impunidad. Debemos dejarles saber que sus crímenes no prescriben y que sí existirá un tribunal penal especial que en el marco de la justicia, hará que paguen por sus abusos contra el pueblo de Venezuela.

Cuando en el año 2002 denunciamos a Hugo Chávez y 26 de sus esbirros ante la Audiencia Nacional española por cometer crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos y significar una grave amenaza para el futuro de nuestro país, una sociedad de cómplices y algunos incrédulos nos tildaron de radicales o exagerados.

Han pasado quince años y hubiésemos querido estar equivocados. La situación en la Venezuela de hoy es más dramática de lo que cualquier analista político sensato hubiese podido imaginar.

Lo que allí ocurre es tan insólito que la Comunidad Internacional, desbordada de asombro, no atina a dictar medidas eficaces para enfrentar la situación, entre otras cosas porque carece de instrumentos idóneos de presión, coerción o sanción para lidiar con un gobierno criminal.

En efecto, la población venezolana se siente abandonada y es víctima del secuestro colectivo, por la amenaza permanente de una banda de delincuentes, narcotraficantes, terroristas y corruptos, apoyados por la dictadura castro comunista cubana que, con el respaldo de las fuerzas armadas, se han apoderado de todas las instituciones públicas y mantienen el férreo control social y político del país a través de la violencia y el terror.

Asesinan, torturan, hieren y encarcelan a la población que se rebela sin armas contra auténticas bandas terroristas financiadas, armadas, organizadas y dirigidas desde el gobierno. La juventud se ha lanzado a la calle para reclamar sus derechos desde hace 60 días. El gobierno ha contrarrestado con planes sistemáticos de represión (Plan Zamora Fase 1 y Fase 2) que ha dejado un balance hasta ahora de 2.950 detenidos, 1.700 heridos y 60 asesinados, uno diario.

Pero lo más dramático es que todas las vías civilizadas para dirimir diferencias políticas en el marco de un estado de derecho han sido bloqueadas por el chavismo:

1) La electoral: El Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo ha bloqueado la posibilidad de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro; ha retrasado elecciones de gobernadores y alcaldes y se ha negado a discutir la posibilidad de adelanto de elecciones o la realización de elecciones generales bajo este ambiente de crisis y violencia, e incluso, la realización de un referéndum consultivo sobre la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente, violando todo estado de derecho;

2) La negociación: En los años 2014 y 2016 el gobierno de Nicolás Maduro se ha burlado de la oposición y de observadores internacionales en dos procesos de Mesas de Diálogo que han fracasado;

3) La política: La victoria de la oposición al obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN) en diciembre del 2015, ha sido bloqueada por el gobierno a través de su control sobre el poder judicial y un Tribunal Supremo de Justicia que ha usurpado las funciones de la AN;

4) La judicial: El ejecutivo no sólo controla el poder judicial venezolano, lo que limita el acceso a la justicia nacional, sino que ha retirado a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, limitando así el acceso a la justicia y al debido proceso para víctimas de violaciones de DD.HH. Entonces, ¿qué nos queda en el marco de salidas civilizadas al conflicto venezolano?

Como hemos dicho, en el ámbito nacional, en Venezuela es imposible iniciar una investigación imparcial que conduzca a los culpables ante la justicia, en primer lugar, porque como es obvio, la banda de secuestradores controla al poder judicial que le obedece ciegamente y sólo es utilizado para perseguir al opositor político con mecanismos de terrorismo judicial, para llevarlos a la cárcel con procesos amañados; y en segundo término, porque si bien Venezuela fue uno de los primeros países en aprobar mediante ley el Estatuto de Roma, en 13 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 37.098, lo cierto es que nuestro país no ha realizado los cambios legislativos necesarios para incorporar a nuestra legislación penal los tipos de los crímenes de genocidio y lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.

En el plano internacional se vislumbran dos vías: La primera a través de países que reconozcan una jurisdicción universal contra crímenes ligados a la violación de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de España, uno de los países que ofrecían esta posibilidad y que había convertido a la jurisdicción española en ejemplo de defensa de los derechos humanos universales (Caso Pinochet), en el año 2014 se produjo tal restricción legal a la posible aplicación del Principio de Justicia Universal, que ahora es prácticamente imposible investigar delitos de esta naturaleza ocurridos allende sus fronteras, al exigir la ley que el imputado se encuentre en territorio español, a menos que la víctima sea española y sólo para algunos tipos penales.

La segunda vía sería ciertamente acudir a un órgano especial para estos casos, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de la cual Venezuela es parte. Sin embargo, en la Fiscalía de la CPI se acumulan las denuncias del Caso Venezuela desde el año 2004, sin que sus fiscales, primero Luis Moreno Ocampo y luego su segunda y sucesora en el cargo, Fatou Bensouda, hayan movido un dedo. Pareciera que esperan el incremento de muertes y la gravedad de la situación para poder actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no prevenir los estados de matanzas y guerra civil a los que sí se han abocado? Lo más cerca que ha estado Moreno Ocampo de Venezuela, ha sido en la visita que realizó a nuestra embajada en La Haya, en la que se fotografió con Haifa el Aissami, embajadora de nuestro país, hermana del actual Vicepresidente de la República, Tarek el Aissami, señalado por el gobierno de los EE.UU como colaborador del terrorismo islámico y gran capo del narcotráfico internacional.

Por lo anterior, podemos afirmar que en ese callejón sin salida que se encuentra nuestro pueblo en su lucha por la libertad, no queda otro camino que idear nuevos mecanismos adaptados a la situación de Venezuela.

Entre estas medidas podría surgir, dentro de una declaratoria de estado de excepción en el marco de una transición política, la alternativa de crear un Tribunal Penal Ad hoc para juzgar a los criminales que hayan actuado de forma sistemática y calculada para ejecutar estos crímenes, a sus co-autores y cómplices, así como a sus asesores y consejeros, responsables de la crisis que vive actualmente el país. Este periodo oscuro y excepcional de la historia de Venezuela sólo podrá encontrar justicia a través de un mecanismo especial ante un gobierno que utiliza la estructura del Estado para reprimir a su población. La oposición venezolana, Asamblea Nacional, y quienes apoyen la causa de la libertad y la democracia deberían incluir entre sus opciones la de avanzar en los mecanismos de vías especiales de justicia para que ninguno de estos crímenes quede sin castigo.

Hoy en día el chavismo y las fuerzas armadas intimidan, agreden, hieren y matan, con la certeza de que gozarán de impunidad. Debemos dejarles saber que sus crímenes no prescriben y que sí existirá un tribunal penal especial que en el marco de la justicia, hará que paguen por sus abusos contra el pueblo de Venezuela.