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El PP plantea al Congreso reforzar el control estatal de las escuelas catalanas

Presenta una proposición no de ley para reforzar las competencias de los inspectores y las sanciones por adoctrinamiento.

  • Rafael Hernando, ayer, en los pasillos del Congreso
    Rafael Hernando, ayer, en los pasillos del Congreso
Carmen Morodo. 

Tiempo de lectura 4 min.

15 de noviembre de 2017. 03:44h

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Carmen Morodo.  15/11/2017

La situación de las escuelas en Cataluña volverá el martes que viene al Congreso de los Diputados. Cuando todo queda condicionado por las elecciones del 21-D el PP llevó ayer a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja la petición para someter a votación el martes que viene en Pleno una proposición no de ley para reforzar la Alta Inspección del Estado en las escuelas. En el foco está la situación en Cataluña, pero también en otras comunidades como Baleares. Más competencias del control para el Estado y más multas, como primer paso para hacer frente al «problema» de la utilización del sistema educativo al servicio de la ideología independentista. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, denuncia insistentemente que es un ámbito en el que hay que actuar ya porque en otro caso, aunque se pare ahora el golpe secesionista, el problema seguirá yendo a más y quizás sea imposible volverlo a frenar dentro de unos años.

El Estado no convoca plazas de inspectores y este vacío ha sido utilizado por la Generalitat para colocar a afines y limitar la capacidad de actuación del Ministerio de Educación. En este contexto media el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, que es partidario, en cualquier caso, de que las decisiones, sean las que sean, estén sometidas al pacto de Educación para no volver a revivir el conflicto de la etapa de José Ignacio Wert al frente de esta cartera.

Entonces el intento del PP, con mayoría absoluta, de sacar adelante una ambiciosa reforma educativa terminó con la revuelta del sistema, con la amputación de la reforma y «quemando» políticamente al ministro de entonces.

La propuesta del PP puede quedarse en un gesto testimonial por la competencia con Ciudadanos (Cs) y la negativa de la izquierda a sumarse a ninguna iniciativa que pueda interpretarse como una injerencia en las competencias autonómicas. En clave política la propuesta también tiene el interés de que fuerza a que todos los grupos se retraten ante un debate polémico y de calado entre la opinión pública. Pero más allá de cómo se interpreta políticamente en un contexto electoral, hay pocas posibilidades de que salga adelante. Hay un antecedente a mediados de octubre, cuando ninguno de los grandes partidos apoyó a Cs en el Congreso con su moción contra el adoctrinamiento en las aulas. El PP les acusó de buscar un rédito electoral por actuar al margen de los trabajos para alcanzar un acuerdo de Estado y oponerse a una enmienda que ellos presentaron al texto inicial. Cs planteaba crear una nueva agencia de supervisión. El PP apuesta por reforzar las funciones de la Alta Inspección del Estado.

En concreto, el partido de Mariano Rajoy defenderá el próximo martes que se modifique el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice requerimientos e inspecciones en centros educativos y elabore informes sobre los libros de texto y otros materiales curriculares, «y sobre que se cumple el principio de la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular los derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado». También propone reforzar las competencias de los inspectores para que garanticen la neutralidad ideológica y política de los centros docentes para preservar «los centros educativos como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y las libertades públicas amparados por nuestra Constitución».

El PP insta a los grupos a que se desarrollen las medidas legales necesarias para que los funcionarios del Estado «gocen de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en sus actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas para el cumplimiento de las funciones que les están encomendadas».

Por último, la proposición del PP plantea el requerimiento formal por parte de la Alta Inspección Educativa del Estado en los procedimientos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución.

Igual que planteó Cs en su iniciativa, el PP también aboga por que se refuercen los medios de la Fiscalía para perseguir los delito de odio contra menores en centros educativos.

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