Europa acusa a España por el Plan de Control del Tabaquismo

La ministra de Sanidad, Mónica García, no gana para disgustos en Europa sobre su Real Decreto del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que pretende modificar la normativa española de 2017. Seis países presentaron sus «exposiciones razonadas» en el trámite TRIS de la Unión Europea, como adelantó LA RAZÓN. Italia, Suecia, Rumanía, Hungría, República Checa y Grecia bloquearon con sus críticas el proyecto español hasta el 28 de julio, fecha en la que la Comisión Europea publicará su dictamen, el cual se augura negativo y que dejará el Real Decreto en agua de borrajas.

La Comisión Europea expresa su preocupación por algunas definiciones incluidas en la propuesta española que amplían o modifican lo dispuesto en la directiva europea, apartándose del marco legal de la propia Unión Europea. Según sus observaciones, estas definiciones pueden generar inseguridad sobre qué productos están realmente regulados, lo que dificulta una aplicación coherente de la normativa en todos los países miembros. Una de las cuestiones más sensibles es la clasificación de ciertos productos, como las bolsitas de nicotina, que en el proyecto español se tratan como si formaran parte del universo del tabaco. La Comisión señala que esa interpretación no está respaldada por la normativa europea vigente, por lo que no deberían ser parte de este Real Decreto si se quiere mantener una regulación armonizada en toda la UE.

Además, Bruselas recuerda a España que debería evaluar el impacto económico de estas medidas sobre el entorno empresarial. Según la Comisión, una legislación más equilibrada debería tener en cuenta cómo afectan las nuevas normas a la competitividad, al desarrollo industrial y a la innovación. También recomienda seguir principios de buena regulación. Estas apreciaciones van en la línea de las alegaciones presentadas por estos seis países y son contundentes.

De entrada, hay un consenso amplio en que España no ha presentado razones suficientemente sólidas para no adoptar soluciones menos restrictivas o más eficientes, como una prohibición del producto exclusivamente a menores de edad o la adopción de ciertas exigencias en el empaquetado. También afirman que las medidas propuestas por España entran en conflicto con las normas fundamentales del mercado común ya que restringen la entrada y circulación de ciertos productos sin una justificación clara ni proporcional. En particular, la mayoría de los gobiernos señalan que el límite de nicotina previsto para las bolsitas es excesivamente bajo y no se ajusta a los valores que se aceptan en otros países, donde se permite una concentración mucho mayor.

En conclusión, las primeras críticas contenidas en las exposiciones razonadas y en el criterio de la Comisión consideran que el RD genera inseguridad jurídica porque cambia definiciones clave de la normativa europea sobre productos del tabaco. Esto permite que se puedan prohibir de facto las bolsas de nicotina, por lo que los diferentes países opinan que esta prohibición va contra el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea y vulnera artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (artículos 34 a 36). También critican que el límite de nicotina propuesto en España (0,99 mg por sobre) es demasiado bajo, y reprochan que España no haya considerado medidas menos drásticas, como el etiquetado o la restricción por edad, ni haya justificado bien por qué quiere una regulación tan estricta, como ya había criticado la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

La CNMC exige que el Ministerio reconozca el derecho constitucional de la libre empresa y que las restricciones tengan evidencia empírica y científica. El asunto es que el Ministerio se limita a restringir cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, dejando sin alternativas a un colectivo de 1,8 millones de personas, que volverán al tabaco tradicional si se aprueba el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Y un dato a tener en cuenta: un 80% de los fumadores que quieren dejar el tabaco fracasan porque no tienen una alternativas. Lo mismo que apuntan las alegaciones de estos países. Suecia, el único país europeo libre de humo, es el más crudo en sus alegaciones porque atenta a su política antitabaco que se basa en la promoción de alternativas. Por ejemplo, el país nórdico defiende que las bolsas de nicotina pueden ser útiles como herramienta para reducir el tabaquismo y critica que las medidas españolas no tengan en cuenta opciones más equilibradas que eviten un veto total al producto. Enfatizan que es una regulación desproporcionada.

En la elaboración del Plan, el Ministerio se negó a reunirse con el sector y el texto resultante ha demostrado un profundo desconocimiento de la normativa europea ignorando la regulación de catorce países sobre los cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina. Rumanía es el país más explícito en sus críticas en esta materia, al igual que Suecia, por el intento español de reducir a 0,99 miligramos el contenido de las bolsas de nicotina porque intuyen un intento de prohibir este producto y consideran que si no las pueden usar como alternativa al cigarrillo tradicional, los usuarios pueden volver al tabaco o las buscarán en la economía sumergida. Y es más. En algunos de estos países los médicos prescriben a los fumadores cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, algo que también defienden oncólogos españoles.