La acusación popular reclamará que le retiren el pasaporte

Manos Limpias tiene previsto pedir al juez la adopción de medidas cautelares contra Artur Mas tras su declaración como imputado del próximo jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fuentes del colectivo de funcionarios aseguraron a este periódico que reclamarán al instructor Joan Manuel Abril que retire el pasaporte al president en funciones de la Generalitat y le prohíba salir de España.

No es la primera vez que Manos Limpias pide al TSJ de Cataluña la adopción de medidas cautelares contra Mas en el marco de este procedimiento, en el que se investiga por desobediencia grave, malversación de caudales públicos y prevaricación a Mas, a la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau, y a la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega en relación al papel que desempeñó la Generalitat en la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre del pasado año, suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC).

El colectivo de funcionarios ya ha reclamado por dos veces sin éxito el ingreso en prisión del president, la última el pasado septiembre al ampliar su querella inicial contra Mas. Entonces también solicitó al juez, en su defecto, la retirada del pasaporte. En su escrito, Manos Limpias justificaba su petición en el «riesgo o peligro de que el inculpado se sustraiga al proceso» o a la ejecución de una hipotética condena, «ya que es público y notorio –añadía su representación letrada– que el querellado posee cuentas bancarias en el extranjero». Del mismo modo, hacía referencia a su supuesta relación «con la trama corrupta de la familia Pujol» y presumía de que dispone de «soporte para escapar de España por medio de la familia de su esposa», Helena Rakosnik, «que cuenta con importantes vínculos con la República Checa».

El magistrado Joan Manuel Abril citó a declarar a Mas 48 horas después del 27-S. La comparecencia podría haberse producido mucho antes, pero el instructor la aplazó hasta después de las elecciones catalanas (así se lo solicitaron de manera informal los abogados de los querellados el pasado julio) para no interferir en el resultado de los comicios.

Pese a las críticas que provocó la decisión del juez del TSJC en sectores independentistas, lo cierto es que los abogados de Mas, Rigau y Ortega se quejaron por escrito al instructor once días antes de los comicios de que los tres no hubiesen declarado aún y de que el juez estuviese interrogando antes a testigos «secundarios». En un auto del pasado 30 de septiembe, Joan Manuel Abril replicó al president recordándole que, si tanto interés tenía en declarar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal le permite hacerlo «cuantas veces quisiere», una prerrogativa, subrayaba «que no han ejercitado los querellados en el presente caso».