Sánchez utiliza el Tribunal de Cuentas para cercar al Rey Felipe VI

Las relaciones de la Casa Real con Moncloa están maltrechas desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno. Y así han continuado, hasta hoy, con un Sánchez tratando de aprovechar cualquier resquicio institucional para condicionar la actuación del Rey Felipe VI. De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, consejeros del ala progresista (afines al PSOE) del Tribunal de Cuentas han propuesto ir un paso más allá del que ya se dio en 2023 y fiscalizar las cuentas de la Casa Real, pero esa iniciativa parece que, por el momento, ha sido frenada.

Cabe recordar que, desde el año 2023, tras el real decreto aprobado por el Gobierno, el Tribunal de Cuentas elabora anualmente una auditoría de las cuentas de la Casa de Su Majestad el Rey, aunque, tal y como explican algunas fuentes consultadas por este periódico, eso tiene un ámbito limitado. En concreto, se circunscribe a un informe que recoge si las cuentas anuales expresan «la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto». En cambio, con una fiscalización, «todos los servicios del organismo empezarían a investigar con mucha más profundidad todas las cuentas». Es decir, la auditoría ya demuestra un alto grado de transparencia de la Casa Real, pero pasar a una fiscalización sería casi tanto como un gesto hostil contra la Monarquía en un momento muy tenso de las relaciones.

En la actualidad, el Pleno del Tribunal de Cuentas, compuesto por doce miembros, tiene mayoría progresista y eso permite a Sánchez tener ahí otro mecanismo en su guerra contra la Monarquía. No obstante, de momento, los conservadores también están siendo capaces de encontrar vías para poder actuar: en este caso, se han opuesto a la «fiscalización» de la Monarquía porque «no es lo que se pactó» con la Casa Real, pero sin ir más lejos, hay otros temas donde han alzado la voz, como con el «procés». Así, la consejera Elena Ernáez ha llevado la amnistía a Europa dado que los separatistas también tienen abierto un procedimiento por el desvío de fondos del «procés» (la Fiscalía se opuso a esta decisión).

En todo caso, el Tribunal de Cuentas se ha convertido en el último mecanismo hallado por el Gobierno para cercar al Rey Felipe VI. Cabe recordar que todo empezó hace tres años, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que reformaba la estructura y el funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey. Los trabajos culminaron después de años de negociaciones, que comenzaron con Carmen Calvo y acabó coronando Félix Bolaños. En Moncloa siempre han trasladado que se trataba de una acción conjunta y en concurso con la Zarzuela, pero que le correspondía a la Monarquía llevar la iniciativa en esta apuesta renovada por la transparencia y la ejemplaridad. En la hoja de ruta gubernamental siempre hubo otras reformas más ambiciosas, como la limitación de la inviolabilidad del Rey al estricto ejercicio de las funciones que ejerce el jefe de Estado, sin embargo, en el Ejecutivo asumen que la auditoría de las cuentas de la Casa Real es, por ahora, «un punto de llegada» y no anticipan que se vayan a tomar más medidas más drásticas en el futuro.

Esto, pese a que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, verbalizara esta cuestión en un desayuno informativo en el Ateneo esta misma semana, en el que pedía una reforma constitucional «más amplia» sobre el control de las actuaciones del Rey. Sin embargo, la complejidad que supone –conllevaría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones– desincentivan cualquier tentativa de transitar actualmente por este camino. Además, y, pese a que la Ley de la Corona sea una de las grandes tareas pendientes, que opera como espada de Damocles en la relación con claroscuros entre ambas instituciones, fuentes gubernamentales aseguran que «no está sobre la mesa» en este momento, porque no se da el ambiente de consenso suficiente para abrir un «melón» de este calado. Para avanzar en cualquier legislación de esta trascendencia haría falta ir de la mano del PP, algo complicado en el contexto actual, y dar la espalda a los socios habituales, que, asumen en Moncloa, aprovecharían la coyuntura para alimentar un debate binario sobre el modelo de Estado. «No es el momento», descartan fuentes consultadas por este diario que, no obstante, saludan cualquier avance en la rendición de cuentas de la Casa Real.

Las dificultades del Gobierno para cuadrar el círculo quedaron en evidencia en el rango de la norma, que se utilizó en abril de 2022, inferior al de ley para evitar un vía crucis parlamentario que obligue a someterlo al criterio de otros grupos parlamentarios y «abra el melón» del debate entre Monarquía o República. En Moncloa quieren evitar un enfrentamiento con todos sus socios de investidura, a quienes mantienen, sistemáticamente, al margen de cualquier paso que se da en consonancia con la Casa Real.

En todo caso, sin tener que llegar al ámbito legislativo, el Gobierno ha ido dando muestras de que tiene capacidad para tratar de ir estrechando el cerco sobre el Monarca. Lo ha hecho a través de la diplomacia, como con la ausencia de representación del Estado en Notre Dame, que puso al descubierto la guerra soterrada que hay entre el ministro José Manuel Albares y el jefe de la Casa del Rey Camilo Villarino. Y también puede hacerlo a través de las cuentas, donde Moncloa ya dio un paso en 2022 y ahora ya amaga con dar otro más. En todo caso, el Tribunal de Cuentas también ha estado en el ojo del huracán en el último año a raíz del estallido del «caso Koldo», ya que la oposición critica la cuestionable actuación fiscalizadora que llevó a cabo el organismo de mayoría progresista con las adjudicaciones por las mascarillas. Es más, tal y como publicó este diario, la consejera María Antonia Lozano (elegida a propuesta del PSOE) se negó a pedir información al Gobierno sobre las adjudicaciones de la «trama Koldo» y concluyó que, con la documentación e información que tenía, no se podía «deducir» un daño a los caudales públicos. Eso ha llevado al PP a citar a comparecer en el Senado a la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que desfiló por la Comisión de Investigación del «caso Koldo» con acusaciones por su afinidad a los socialistas.

En todo caso, fuentes bien informadas consultadas por LA RAZÓN, señalan que el primer y único informe elaborado hasta ahora por el Tribunal de Cuentas (2023) deja a la Casa del Rey con una muy buena imagen por el nivel de «rigor y detalle» con el que se maneja todo el dinero público asignado a la institución. De hecho, 2023 concluyó con una ejecución del 98,5%, lo que supuso generar un remanente de 50.000 euros, y el propio Tribunal de Cuentas acabó sugiriendo más «flexibilidad» en las normas de gastos para que sean «más ágiles en las explicaciones». El próximo informe, correspondiente a 2024, se prevé pronto: Casa Real suele entregar sus cuentas en marzo.