lunes, 21 agosto 2017
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España

España / El desafío independentista

La ley del referéndum se aprobaría con un cambio del orden del día del pleno

  • Forcadell no ha previsto la admisión a trámite de la norma en la reunión del próximo 16

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una imagen de archivo
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una imagen de archivo
Efe

Aunque lo hace con celo y obligado por las circunstancias, a falta de 51 días, el independentismo debe ir irremisiblemente poniendo luz a los detalles que harán posible el referéndum. Hasta ahora, la estrategia pasa por guardar secretismo en todas las maniobras para evitar que el Gobierno pueda truncar sus planes, pero poco a poco se van revelando algunas pistas, como ayer ocurrió sobre cómo se procederá a aprobar la ley que dará cobertura a la votación del 1 de octubre: por un lado, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant dejó entrever que se tramitaría ampliando el orden del día del pleno, y por otro, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la dejaba fuera de la lista de puntos a tratar en la primera reunión de la Mesa, que tendrá lugar el 16 de agosto.

Ante la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) del artículo de la reforma del reglamento del Parlament que permitía dar luz verde a proposiciones de ley por lectura única –en un solo día con un debate y restringía las enmiendas de la oposición–, Reguant puso el acento en un mecanismo alternativo, que ha venido sonando con fuerza estos días. En este caso, sería acogerse al artículo 83.1 del reglamento que permite alterar el orden del día del Pleno si así se acuerda, a petición de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados (Junts pel Sí y la CUP suman mayoría absoluta con 71 diputados de 135). Asimismo, la norma no requeriría haber sido admitida a trámite por la Mesa, ya que el precepto precisa que si «hay un acuerdo explícito por mayoría absoluta», la ley del referéndum se podría incluir sin necesidad de ello, cosa que ocurre con la mayoría independentista en el Parlament.

Esta tesis cobró visos de convertirse en realidad cuando, por la tarde, Forcadell informaba de que había convocado la reunión de la Mesa para el miércoles que viene y no había incluido en el orden del día la norma que da cobertura legal al 1-O, y que previsiblemente se aprobará en el primer pleno ordinario del 6 de septiembre. De esta forma, el independentismo también intenta ahorrarse otra suspensión del TC, ya que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado que, en cuanto se admitiese a trámite, recurriría al Alto Tribunal.

Asimismo, permite al Govern mantenerse en la idea que quiere instalar de que no desobedece a los tribunales, sino que obedece al Parlament, tal y como declaró a principios de semana el conseller de Territorio, Josep Rull. Y es que la ley del referéndum prevé establecer un «régimen jurídico excepcional» que desligue a Cataluña del ordenamiento español y permita celebrar el 1-O, y detalla que, en este caso, la norma «prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto».

Por otro lado, Reguant, en una entrevista en Vilaweb, ahondó en la división del independentismo sobre la estrategia a seguir con la ley de transistoriedad jurídica, y aseguró que la CUP la registrará en el Parlament si Junts pel Sí rechaza aprobarla antes del 1 de octubre. No obstante, todo apunta a que se empezará a tramitar durante la primera semana de septiembre. También mostró su desconfianza hacia el Govern con algunos elementos logísticos como las urnas o el censo, que han dicho disponer, pero que a los anticapitalistas les gustaría ver para comprobarlo.

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