Las declaraciones que han llevado a Mas ante el juez

Dos inspectores explicaron al instructor la «irregular» actuación de la Generalitat el 9-N y las presiones a los reponsables de los centros

–Los inspectores de Educación

«Nunca había visto una actuación como ésta»

«Llevo trabajando con la Generalitat 32 años como inspector y nunca había visto una actuación administrativa como ésta, por irregular». Así de contundente se expresó Jesús Rul el pasado 13 de julio en su comparecencia como testigo ante el juez Joan Manuel Abril. A Rul, uno de los dos inspectores que alertaron a los directores de instituto de que reclamaran a la Generalitat una orden por escrito antes de ceder los centros para el 9-N, le extrañó la forma de proceder de la Conselleria de Ensenyament. «Todo era verbal», explicó, insistiendo en que se procuró «no dejar noticias escritas», lo que provocó «mucha confusión e inseguridad jurídica» en los directores, conocedores de que el Tribunal Constitucional (por dos veces) había suspendido la consulta soberanista. «Llevo muchos años en la Administración y esto lo vi atípico desde el principio». Y es que, según él, la Generalitat utilizó a los centros «para una finalidad política, yo no entro en si legítima o no».

A la vista de sus explicaciones, el magistrado que interrogará a Mas el próximo 15 de octubre le preguntó a Rul si en su opinión la Generalitat actuó «conscientemente de manera irregular». «Si se tratase de un uso social (de los centros, que sí avala la ley fuera del horario escolar con el visto bueno del director), se hubiese dejado constancia escrita. No hacerlo, al menos, genera dudas», contestó el inspector, quien añadió con sorna que el 9-N «no fue una butifarrada».

Rul contó al juez que en la reunión que mantuvo un alto cargo de la Consejería de Educación, Montserrat Llobet, directora territorial de Barcelona Comarcas, el 16 de octubre del pasado año con varios responsables de instituto, Llobet «les pidió que se implicaran, que facilitaran las llaves (para la jornada de votación) o buscaran voluntarios». Una solicitud que el inspector calificó de «atípica». El testigo también explicó que su superior, el inspector en cap Francesc Güell, les instó en una reunión que se celebró unos días después, el 21 de octubre, a que se abstuvieran de intervenir porque el asunto no era de su competencia.

Tras la suspensión acordada por el TC, recordó, estaba «vedado seguir adelante» con la consulta pues, hizo hincapié, la Administración «está sometida al orden constitucional y el día que eso salta por los aires o no se respeta...».

«A los directores se les presionó mucho»

En similares términos testificó ese mismo día Rafael Alsina, el otro inspector que puso sobre aviso a los directores de las responsabilidades en que podían incurrir si desoían los mandatos del Tribunal Constitucional. «Se estaba obligando a los directores de los centros a asumir una responsabilidad que no les correspondía», se quejó. Alsina aseguró que cuando algunos de ellos pidieron a la Generalitat una orden por escrito para la cesión de los centros, Llobet «se puso furiosa» y les «presionó mucho» (aunque a preguntas del abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz, matizó que no hubo coacciones) para que accedieran. Según él, la negativa de la Generalitat a dar la orden por escrito es «una anomalía» porque «no había ninguna justificación». Incluso llegó a remitir una carta a Llobet reclamándole esa orden escrita, pero nunca recibió respuesta. El inspector en cap no validó con su firma esa petición. «En mi carrera profesional es la primera vez que lo he visto», confesó Alsina.

Asimismo, el testigo contó que a algunos directores la Generalitat les tranquilizó asegurándoles que les firmarían un documento exonerándoles de responsabilidad, pero a la hora de la verdad, cuando entregaron finalmente las llaves sólo les dieron un recibí sin firma con el sello de la Conselleria.

«No había ninguna obligación de nadie»

El inspector en cap Francesc Güell, superior de Alsina y Rul, desautorizó a sus subordinados y aseguró al juez que sus discrepancias estaban «fuera de lugar» porque pronunciarse sobre la cesión de los institutos «no forma parte de las competencias de la Inspección», debiéndose limitar a «supervisar las actividades propias» de los centros educativos.

Asistió a la reunión del día 16 como «convidado» y defendió la versión de Llobet de que únicamente se intentó «tranquilizar» a los directores y aclararles que cualquiera que quisiese colaborar sería «de forma voluntaria. Aquí no había ninguna obligación por parte de nadie». Se trataba únicamente, añadió, de que «el titular del centro reclamaba su uso».

Del mismo modo, corroboró que tras la suspensión ordenada por el Constitucional «que yo sepa no hubo ninguna reunión». «Nosotros no debemos intervenir en nada de esta cuestión, no es nuestra competencia», volvió a insistir a preguntas del abogado de Irene Rigau, al mismo tiempo que afirmó no tener «ningún conocimiento de que se produjera cualquier medida de presión o represalias» contra los directores que no estaban dispuestos a entregar las llaves de los centros.

–Directoras de instituto

«Me sentí presionada»

La ex directora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat Mercedes Agenjo aún no ha declarado ante el juez (lo hará finalmente el próximo 19 de octubre). Por dos veces, los abogados de Mas y las otras dos imputadas han conseguido suspender su comparecencia (la última, por la inclusión de Agenjo en la lista de Ciudadanos el 27-S). Agenjo, que se negó a entregar las llaves del centro, denunció que se sintió «presionada» por la Conselleria y en una serie de correos electrónicos (que aportó al juez) entre responsables de institutos alertaba a un compañero de que había recibido «órdenes verbales para que dé las llaves a un voluntario» el 9-N. «He dicho que necesito una orden escrita y me han contestado que no, que en todo caso me darán un recibo». Sólo en Hospitalet, afirma que al menos otros dos directores fueron objeto de presiones.

«Teníamos una instrucción verbal»

Josepa Bosch, directora instituto Pompeu Fabra de Badalona, aseguró al juez que en la reunión del 16 de octubre Llobet les explicó que «podíamos abrir nosotros mismos el centro y gestionarlo o dejarlo en manos de los voluntarios si no nos hacíamos cargo de las sedes». «Pedí instrucciones por escrito que no llegaron nunca», añadió. Tras escuchar el testimonio de Bosch, el instructor terció para asegurar: «Parece que la manera de actuar fue un poco anárquica».

«Lo que sí teníamos era una instrucción verbal de que el domingo a las ocho de la mañana (el centro) tenía que estar abierto y en perfecto estado de funcionamiento», dijo negando la versión de Llobet de que no se impartieron órdenes de ningún tipo a los directores. Finalmente, la directora del Pompeu Fabra entregó las llaves del centro a un voluntario, según declaró Alsina «un funcionario» de la propia Generalitat, «un técnico de los Servicios Territoriales». «Yo no le puedo negar a la propiedad, que es la Generalitat, unas llaves de un centro que no es mío», se justificó antes de precisar que no se sintió presionada para entregarlas. Bosch, contó que el día de la votación «había mucha gente en el instituto, unas sesenta personas», unos voluntarios que no sabía de dónde venían ni «cómo se acreditaban».

«No es que pudiésemos decidir si tenían que abrir o no. Eran sedes y teníamos que abrir. Lo que podíamos decidir era si abríamos con nuestros profesores o no y dejábamos la sede», concluyó antes de especificar que su instituto nunca había sido sede de una jornada electoral.

–Conselleria de Educación

«No di ninguna instrucción»

Durante su comparecencia del pasado 13 de julio, Montserrat Llobet, directora territorial de Barcelona Comarcas, insistió una y otra vez en que no impartió instrucción alguna a los directores en la reunión convocada por ella el 16 de octubre de 2014. «No recibí ninguna orden. No teníamos criterios ni pautas», recalcó intentando dejar a salvo la supuesta implicación de la Generalitat en la consulta suspendida por el TC. Sólo quería, dijo, «tranquilizarlos, para que no pensasen que tenían que hacer algo que no tenían interés en hacer».

Ante la insistencia del fiscal, Llobet terminó admitiendo que la reunión no fue convocada a iniciativa propia, sino que hizo «una consulta» a sus superiores en la Secretaría de Educación de la Conselleria tras recibir varias llamadas de directores. La testigo explicó que no se trataba de dar instrucciones, sino de reiterar lo que ya había detallado Mas horas antes sobre la jornada del 9-N. «Pues para eso les ponen ustedes un vídeo (de la intervención del president) y se lo escuchan», le cortó airado el fiscal.

El representante del Ministerio Público también se sorprendió de que, tras convocar dos reuniones (16 y 22 de octubre) con los responsables de instituto sobre el 9-N, no convocara ninguna tras la decisión del TC del 4 de noviembre de suspender la pseudoconsulta. «No le dio usted la menor importancia a esa circunstancia...», le afeó. «No, es que no... No lo hice», contestó Llobet, quien admitió que desde la Conselleria se dijo a algunos directores «que tenían dudas» que podían dejar las llaves en los servicios territoriales o a un voluntario. El fiscal preguntó entonces si estos últimos se identificaban «con un carné o certificado». «No lo recuerdo», se limitó a contestar. «¿Daban las llaves al primero que pasaba por ahí? Eso es lo que parece, señora, discúlpeme...», se sorprendió el fiscal.