Toda España con Cataluña

El 27 de septiembre se celebrarán en Cataluña elecciones autonómicas, convocadas por el Gobierno de la Generalidad, que pretende darles carácter plebiscitario con el anunciado propósito de pasar a una inmediata autoproclamación de independencia.

Se trata de una convocatoria que los constitucionalistas califican de fraude de ley, por falta de responsabilidad política al mixtificar unas elecciones ordinarias con la idea de un plebiscito. Se rompe, además, la neutralidad institucional por el trato de favor que se dispensa a los partidos independentistas por parte de la Generalidad. A lo que se añade la clara intención de que los resultados, cualesquiera que sean, se estimen suficientes para declarar la secesión, considerando que será el número de escaños, y no el voto popular, lo que decida la cuestión, un criterio precisamente contradictorio con la idea plebiscitaria, como lo es la propia ambigüedad de la lista conjunta confeccionada por CDC y ERC.

El sesgo que los soberanistas dan al 27-S es una consecuencia perversa del fallido referéndum del 9 de noviembre de 2014, que legalmente se declaro nulo desde el punto y hora en que el llamado «derecho a decidir» es una opción que sólo ostenta el pueblo español, y no una comunidad autónoma por separado, y ello con base en la soberanía nacional que instituyó la Constitución de 1978, nuestra Ley de leyes, que en Cataluña fue libremente refrendada por el 68% de su censo electoral, que votó «sí» por más de su 90 por ciento. Debe recordarse, también, el hecho de que en el recuento de los votos del 9-N, los independistas no llegaron a representar ni siquiera el 20 por ciento del censo electoral catalán; a pesar de que en esa ocasión pudieron depositar su papeleta quienes tenían entre 16 y 18 años.

La verdadera realidad es que de cara al 27 de septiembre próximo, los electores catalanes sólo se pronunciarán sobre la composición de su nuevo Parlamento, con la previsión, según los sondeos más recientes, de que los secesionistas no tendrán mayoría de escaños, y mucho menos de voto popular. Una previsión, sin embargo, en la que no cabe confiar en absoluto, por lo que los partidarios de la unidad de España alentamos a que todos los catalanes concurran a las urnas con su sentido de máxima responsabilidad democrática y respeto a la Constitución.

Por lo demás, en el proceso en el que estamos inmersos, es necesario tener en cuenta que la elección autonómica del 27-S es la tercera de esa categoría que se convoca para el Parlamento Catalán en menos de cinco años por los sucesivos ejecutivos de la Generalidat, que, obsesionados por el soberanismo –y que en tiempos de universalismo sólo ven un porvenir excluyente–, no han sabido gobernar para atender las necesidades económicas, sociales y políticas de los catalanes en su vida cotidiana y en sus proyectos de futuro. De modo que, con una gestión en tantos aspectos aberrante e ineficiente, el Principado tiene en este momento una deuda insoportable, dándose, para muchos trabajadores, empresarios y ciudadanos de a pie las condiciones más difíciles, que están sufriendo en su propio ser la pérdida de tantas oportunidades como había para avanzar y progresar en el largo tiempo que se ha perdido.

Todo ello, en medio de incertidumbres que ahuyentan de Cataluña las inversiones foráneas creadoras de riqueza, provocando deslocalizaciones de empresas de todo tipo, y especialmente de multinacionales. Con esa tendencia, se abriría una fase de largo estancamiento económico, precisamente cuando España globalmente ha entrado en lo que parece ser un firme proceso de recuperación, tras la larga crisis económica padecida desde 2008.

Además, la difícil situación y las tendencias que hemos expuestos, se dan en un ambiente de graves corrupciones en ciertos partidos políticos, en la Administración autonómica, en las diputaciones de las cuatro provincias catalanas, y en los ayuntamientos, lo que genera aún más ineficiencia, en una atmósfera de degradación institucional evidente, en la que muchos políticos se cubren unos a otros para no ser imputados criminalmente por sus notorias ilegalidades, como está viéndose en las propias vísperas electorales.

Frente a ese lamentable estado de cosas, la evidencia es que la Cataluña real mantiene su lugar de amplio respeto dentro de la democracia española, por ser una comunidad autónoma de grandes capacidades y emprendimientos, de avance tecnológico y altos niveles en la cultura, los deportes y tantas otras manifestaciones, que tradicionalmente se han desarrollado en el ámbito catalán formando parte del Estado español, y siempre con máxima fluidez en el trato de los catalanes con el resto de país. No obstante lo cual, los secesionistas quieren autoexpulsarse de España, provocando al tiempo una enloquecida ruptura entre las gentes de la propia Cataluña, con el propósito expansionista adicional de incorporar a la independencia a la Comunidad Valenciana, Baleares y otros territorios.

A España y Cataluña les une una larguísima historia en común, en la que ha habido momentos altamente expresivos de entendimiento y prosperidad, junto a otros de no pocas dificultades, soportadas en común a través de diversidad de avatares, como ha sucedido en las historia de las demás naciones.

Esa historia en común es la que precisamente ahora se tergiversa con el soberanismo. De forma que se sustituye la verdadera investigación del pasado, para convertir la Historia en un instrumento al servicio del secesionismo más irracional, sin ni siquiera reconocer el liderazgo que ha tenido Cataluña en tantos pasajes de nuestro devenir común, con un papel, en multitud de ocasiones, de impulsora de la modernidad, el desarrollo económico, el arte y la cultura.

En la dirección apuntada, no es casualidad que el pasado año se proclamara la idea de que desde 1714 transcurrieron «tres siglos de España contra Cataluña», cuando resulta que los más acreditados historiadores tienen una visión, totalmente distinta: en esas centurias, salvo en determinados periodos de crisis, Cataluña, no dejó de progresar, hasta situarse por encima de todos los promedios españoles. Como han subrayado Jaime Vicens Vives, Pierre Vilar, Raymond Carr, y John Elliott, por citar sólo a algunos de los principales especialistas en la materia, todos ellos coincidentes en el hecho de que al adquirir Cataluña una mayor integración con el resto de España, se puso a la cabeza de todo ella, incluyendo, en paralelo, la recuperación espléndida de su lengua propia, el catalán.

A día de hoy, está claro para la inmensa mayoría de los catalanes que necesitan al resto de España, como España necesita a Cataluña, al ser pieza esencial en el avance hacia el progreso y la prosperidad, sin criterios excluyentes, ni visiones partidistas carentes de sentido: formamos un sólo Estado en libertad y con autonomías. Con una sólida estructura general en todos los órdenes, cuya ruptura sería un desastre y una desdicha; al tiempo que una muestra de decadencia degradante para todos. Más en concreto, las consecuencias de una separación de Cataluña del resto de España serían dramáticas. Empezando por lo mucho que significa el contexto europeísta, una larga historia, de 65 años desde la Declaración Schuman de 1950. Y en ese sentido, Cataluña disfruta de una serie de grandes potencialidades, al ser parte de la España global, que es Estado miembro de la Unión Europea desde 1986.

De manera que, si desapareciera su vínculo con la Unión por haberse declarado no españoles, los catalanes perderían el libre comercio con más de 500 millones de consumidores; así como gran parte de su Estado de bienestar, sin olvidar el sentimiento de paz y convivencia que hoy existe entre los 28 participes de la Unión, en contraste con lo que fue todo un siglo de guerras y otros conflictos.

Adicionalmente, en una situación así, en el sistema financiero, para mantener el acceso a la liquidez global del Banco Central Europeo, las sedes de las instituciones financieras catalanas tendrían que trasladarse fuera del Principado, en tanto que el acceso a los mercados de capitales para financiarse la Generalidad sería cada vez más difícil.

En definitiva, se generaría cualquier clase de dificultades institucionales y sociales. Y todo por las intoxicaciones que en estos últimos años se han inoculado a la ciudadanía catalana; con falacias y sofismas, para justificar el independentismo, presentado éste como la ilusoría solución de todos los males, abriéndose paso a una tierra de promisión, que realmente, si existe, no puede estar sino España y la Unión Europea.

A todos los españoles fuera de Cataluña, las expectativas del 27-S nos parecen inquietantes. Por mucha que sea la esperanza de que en esa jornada electoral no suceda lo que quieren los decididos de escindir a Cataluña; y por mucho, también que dentro de la Constitución haya recursos para impedir la secesión. Y en esa perspectiva, somos inmensa mayoría los que nos ofrecemos a trabajar de cara al futuro para asegurar una solidaridad racional y mantener la unión de Cataluña con España y Europa; alejando los negros nubarrones que presagian un panorama desolador si triunfasen los soberanistas.

De cara a mañana, juntos podremos alentar las reformas que tanto va necesitando nuestra Constitución, que pactamos en 1978, tras un largo periodo de dictadura, y que votamos en referéndum los que entonces teníamos 21 años o más. Y sobre cuya base, y con una ya larga experiencia, podremos sellar las enmiendas necesarias para una democracia honesta, más eficaz y eficiente, más justa y que sea el motor de los cambios que tanto precisamos.

Juntos podremos hacer mucho para abrir un nuevo tiempo de concordia y de desarrollo en todos los órdenes; dentro de Europa y de la comunidad internacional. En tiempos en que la integración y la globalización son los agentes de las transformaciones indispensables; a diferencia de los planteamientos de rupturas y separaciones cada vez más claramente obsoletos.

¡Que el 27-S sea el alba de una nueva situación que aliente el ánimo de la inmensa mayoría de los 46 millones de españoles!