Una trama de 54 grupos religiosos y políticos laicos agita la independencia en las iglesias

Afirman que «nuestra doctrina no sólo avala el derecho a decidir sino que insta a defenderlo activamente»

La página de Facebook de Cristianos por la Independencia –no tienen cuenta en Twitter– suma poco más de 500 seguidores, exigua cifra para quienes pretenden movilizar por razones de fe a millones de catalanes en pro de la secesión el 27 de septiembre y están repartiendo para ello un panfleto con sus admoniciones.

Este grupo esta detrás de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que cuenta con más de 500 asambleas territoriales en Cataluña y una sesentena de sectoriales. Cristianos por la Independencia, una de estas últimas, tiene como tarea principal «difundir los objetivos de la ANC en los ámbitos creyentes de Cataluña y dar a conocer la doctrina social de la Iglesia sobre los hechos nacionales y de autodeterminación de los pueblos».

Cristianos por la Independencia, que insta a sumarse a la secesión el 27-S, forma parte de la plataforma Pot Ser, que se significa en su web con la etiqueta #CatalunyaNouEstat, y ha abierto un enlace en su propio portal para que sacerdotes y capellanes se sumen a la independencia. Se trata de un documento similar al que circuló el año pasado en apoyo al 9-N, la consulta que convocó Artur Mas sobre el futuro político de Cataluña. Los firmantes, que aseguraban haberse sumado a la Diada de ese 2014, suscribían que «la Constitución de 1978 debería aplicarse de tal manera que hiciera posible que las naciones que forman el Estado español puedan decidir libremente su futuro», en palabras de monseñor Javier Novell.

Como en otros manifiestos, al final invocan «la protección de nuestros patrones, la Virgen de Montserrat y el caballero San Jorge, para que nos ayuden a hacer realidad las nobles aspiraciones de nuestro pueblo».

Pero, ¿quién mueve los hilos de los creyentes catalanes secesionistas? Existe un entramado de hasta 54 entidades –veinte de ellas públicas– y una serie de dirigentes entre los que hay sacerdotes y religiosos, pero también laicos, la mayoría militantes de partidos políticos.

Su deseo se puso en común en un acto –hace un año–, en el que apoyaron públicamente el camino de la autodeterminación. «Nuestra tradición y nuestra doctrina –aseguró Carles Armengol, uno de sus activistas– no sólo avalan el derecho a decidir sino que instan a defenderlo activamente». 400 personas le escuchaban en el Caixaforum de Barcelona, donde acudieron el primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Joaquim Forn; el secretario de Comunicación de la Generalitat, Jordi Cuminal; el director general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell; el comisionado de Asuntos Religiosos del ayuntamiento, Ignasi García Clavel, y la diputada Gloria Renom.

En total, veinte entidades públicas de la Iglesia Católica firmaron el manifiesto de adhesión al «Pacto nacional por el derecho a decidir» impulsado por la Generalitat. Se trata de la Asociación Círculo de Estudios Conciliares; Claretianos de Cataluña; Editorial, Librería y Distribuidora Claret; Equipos de la Pastoral Política y la Comunicación; Escuela Pía de Cataluña; Federación de Cristianos de Cataluña; Fundación Claret; Fundación de Escuelas Parroquiales; Fundación Hospital Virgen de Lourdes; Fundación Joan Maragall Cristianismo y Cultura; Grupo Sant Jordi de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona; Junta Directiva de la Unión de Religiosos de Cataluña; Legión de María; Liga Espiritual de la Virgen de Montserrat; Movimiento de Cristianos de Pueblos y Comarcas de Cataluña; Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona y Patronal de la Fundación Dr. Albert Bonet.

Otras treinta y cuatro entidades completan una estructura con un amplio listado de responsables. Así, entre los sacerdotes figuran Francisco Romeu y Jaume Aymar –de la archiciócesis de Barcelona– , el reverendo Antoni Antoni Matabosch, delegado de Economía del Arzobispado de Barcelona o Antoni M. Oriol Tataret, de la diócesis de Vic, patrono de la Fundación Albert Bonet. Otros miembros de la Iglesia son Maxim Muñoz, presidente de la Unión de Religiosos de Cataluña; Josep M. Soler, abad de Montserrat; Lucía Caram y Teresa Forcades –radicadas en monasterios de Manresa y Montserrat–; Pere Codina, director de la editorial Claret, o Joan Costa, agregado del Opus Dei.

Entre los activistas laicos de la archidiócesis de Barcelona se encuentran Joan Rigol, militante de UDC, ex presidente de la Fundación de Basílica de la Sagrada Familia y ex sacerdote; Arcadi Oliveres, próximo a ICV, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona; Carles Armengol, secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña; Eduard Ibáñez, ex presidente de Justicia y Paz para las diócesis españolas o Josep M. Carbonell, militante del PSC, decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull y presidente de la Fundación Joan Maragall. Además, Jordi Bonet, militante de CDC, vocal de la Fundación de Basílica de la Sagrada Familia y ex arquitecto del templo, o Josep Miró Ardèvol, ex militante de CDC, ex consejero de la Generalitat y ex diputado del Parlament, entre otros.

Los religiosos secesionistas se exponen a la expulsión

Los políticos no se exponen evidentemente al castigo que sí podría llegar para los miembros de la Iglesia que persistan en inmiscuirse en la política: la expulsión de sus órdenes religiosas.

Méritos no les faltan a quienes, en el seno de la Iglesia, apoyan activamente y desde hace años la campaña que aboga por la independencia de Cataluña. Ejemplo de última hora es la incorporación, el pasado 16 de agosto, del capellán Manel Pousa –conocido como Padre Manel– a la lista de Juntos por el Sí. Caso llamativo es el de Josep Maria Ballarín i Monset, capellán y escritor, que a sus 95 años figura como número 15 por Lérida en la misma candidatura para las elecciones del próximo 27 de septiembre.

Dos de las más conocidas activistas religiosas por la secesión, Lucía Caram y Teresa Forcades, han estado cerca de esa medida extrema, aunque lo normal es que se reciba antes una amonestación por parte de sus congregaciones.

El Código de Derecho Canónico señala que «no han de participar [los clérigos] activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común».

Para mayor abundancia, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, afirma que «las actividades políticas y sindicales son cosas en sí mismas buenas, pero son ajenas al estado clerical, ya que pueden constituir un grave peligro de ruptura de la comunión eclesial».

La equidad canónica exige amonestar antes al reo de acuerdo con el canon 1347 apartado 1 y «dar al interesado un tiempo conveniente para su enmienda. En la amonestación se debe indicar la pena que se pretende imponer. Si el caso se ha difundido y hay escándalo entre los fieles, puede ser conveniente hacer pública la amonestación».