Susan Wilson: «No permitiré que May nos sacrifique»

Dejó su empleo como decoradora para dirigir «Bremain in Spain», entidad que lucha por los derechos de los 300.000 británicos que viven en España.

La primera vez que vino a España fue cuando era una veinteañera, de vacaciones, claro. Se quedó prendada del país, de su cultura, su gastronomía y, por supuesto, del clima. Susan Wilson, Sue para los amigos, nunca olvidó aquellos rayos de sol mediterráneo, así que hace doce años, ella y su esposo Steve decidieron buscar una casa para retirarse una vez les llegara la edad de jubilación. «Era nuestro sueño vivir en España, además, al ser europeos los trámites eran muy sencillos y fue fácil mudarnos. De hecho, lo hicimos antes de jubilarnos, por qué esperar a instalarnos en este lugar tan hermoso. Llevamos aquí ya diez años», explica Wilson a LA RAZÓN desde su casa de Alcocebre, en Castellón. Sin embargo, esa paz que respiraba esta británica natural de Oxford parece haberse esfumado tras el «sí» de sus compatriotas al Brexit. Sus derechos están siendo utilizados como moneda de cambio y Wilson no tolera que jueguen con ellos.

Por este motivo, ahora ella es la presidenta de «Bremain in Spain», una organización integrada por casi 5.000 británicos residentes en España –en total, la colonia «British» repartida por la geografía española la integran 300.000 personas–, que luchan para que su statu quo sea respetado. «Nunca me gustó la política, pero en 2016 cambió todo. Ahora me paso el día de campaña e incluso he tenido que dejar un poco de lado mi trabajo. Se ha convertido en una obsesión y encima no me pagan por ello», afirma.

Este lunes comienzan las negociaciones de la desconexión en Bruselas y la indignación de Sue no ha hecho sino aumentar desde que la primera ministra británica, Theresa May, anunciase hace unas semanas su plan para gestionar la situación de los más de tres millones de europeos que residen en Reino Unido, lo cual repercutirá proporcionalmente en los británicos que residen en países de la Unión Europea, que suman 1,2 millones.

«May no ha ido lo suficientemente lejos para protegernos, la UE sí. Desde Bruselas quieren garantizar todos los derechos que tenemos actualmente y nuestra primera ministra parece que no. Ella dice que lo que hizo fue una oferta generosa, pero es mentira, ella está dispuesta a sacrificar nuestros derechos como europeos para conseguir sus objetivos. Es ridículo», afirma Wilson.

Lo que propuso, a grandes rasgos, la «premier» británica –y que ha sido rechazado frontalmente por las autoridades europeas– fue la expedición de un carnet a aquellos europeos que lleven cinco años viviendo en el país, pero sin derecho a voto en las elecciones locales y sin el amparo del Tribunal Europeo de Justicia. «Es terrible, la UE ya le ha dicho que no, así que ya puede ir trabajando en otra propuesta», sentencia.

«Además, lo que plantea May tiene carácter retroactivo, es decir, nos quita derechos que teníamos antes de que se hiciera efectivo el Brexit. Nosotros somos europeos, hemos sido europeos, y queremos seguir siéndolo con los derechos que tenemos adquiridos. No nos los puede arrebatar», argumenta a modo de «speech» político.

Los dos aspectos más preocupantes para Wilson son el pago de las pensiones y la Sanidad. Aunque ella todavía no está jubilada, le queda un año, ya piensa en cómo le afectaría a su pensión el «plan May». «Seríamos tratados como ahora lo son los ciudadanos de Canadá o Australia. Nuestras pensiones quedarían congeladas y la pérdida de nivel adquisitivo sería terrible. De hecho, ya lo estamos notando en los bolsillos debido a que desde que salió el Brexit el tipo de cambio nos es muy perjudicial debido a la caída de la libra», apunta la presidenta de «Bremain in Spain».

En el aspecto sanitario, hasta ahora, los ciudadanos de la UE pueden hacer uso de la sanidad pública de cualquiera de los países en los que quieran instalarse. Basta con pagar un mínimo copago y es el Estado de procedencia al que después se le pasa la factura. Por ejemplo, según publicó el Gobierno británico, en 2015, el cheque sanitario que Reino Unido pagó a España fue de 300 millones de euros, a diferencia de los 4,6 que Madrid tuvo que ingresar a Londres por los españoles que utilizaron los servicios médicos británicos. «No pueden degradarnos, por eso ahora estamos presionando desde nuestra plataforma, para dar voz a nuestra indignación», explica.

Según está regulado ahora el sistema de pensiones, es el Gobierno británico el que paga todas las cuotas al sistema español. Así que si no hay acuerdo en esta materia, los jubilados tendrán que pagar un convenio especial, «pero para muchos es demasiado, ya que a partir de los 65 años ronda los 120 euros al mes y sin incluir los medicamentos. Además, solicitar un seguro privado sería mucho más complicado, porque la gente mayor suele tener problemas de salud y las cuotas se disparan», argumentan desde esta organización.

«Bremain in Spain» es una de las 11 organizaciones que integran «British in Europe», cuyos miembros se han reunido en varias ocasiones con los equipos negociadores del Brexit tanto de Reino Unido como de Bruselas. «Nosotros, en la mesa de negociación, estamos del lado europeo. También sé que en España están de nuestra parte y que harán todo lo posible para que nuestros derechos sean respetados», dice Sue. De hecho, desde las elecciones generales del 8 de junio en la que los conservadores de Theresa May perdieron su mayoría absoluta, la organización que capitanea Wilson no ha dejado de recibir solicitudes de adhesión. «Ha sido un golpe muy duro para la primera ministra, ahora está en una situación mucho más complicada, porque ya no tiene ni el respaldo de su propio partido. De hecho, estoy convencida de que tendremos nuevas elecciones pronto», vaticina Wilson.