1-O: Un pulso al Estado con el riesgo de cerrarlo en falso

Los dirigentes soberanistas guardan opiniones muy distintas sobre el alcance que debe tener el desafío político y jurídico.

Falta una semana para que el Govern aclare los detalles de cómo piensa dotar el referéndum de autodeterminación de Cataluña de las garantías necesarias para asegurar su eficacia jurídica. ¿Cómo va a manejar la Generalitat un censo electoral si éste es competencia exclusiva del Estado? ¿Cómo va a organizarse la jornada electoral del 1 de octubre sin la colaboración de muchos ayuntamientos? Son tantos los interrogantes que cada vez es más difícil mantener las filas prietas entre las formaciones que lo apoyan.

La envergadura el desafío político y jurídico del independentismo es enorme y surgen dudas. A decir verdad, sólo la CUP tiene muy claro que hay que llevar el referéndum hasta las últimas consecuencias, que hay que desobedecer el ordenamiento jurídico español y que hay desbordar a las instituciones del Estado. «El reto es tan grande que si se cierra en falso se puede acabar constatando que la participación política no es útil, que no vale de nada que millones de personas hayan salido a la calle estos años», decía la diputada de la CUP Anna Gabriel en una reciente entrevista concedida en México.

Cerrar en falso el pulso del referéndum es la gran preocupación de importantes sectores del independentismo. Lo es, por ejemplo, de entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que, han sido los auténticos agitadores de la movilización callejera. Recientemente exigieron al Govern que «no negocie las urnas», que no caiga en la tentación de dar marcha atrás al «procés».

Asoma un horizonte muy cercano de impugnaciones ante los tribunales y de prohibiciones judiciales. El primer gran escollo en el camino para la ejecución de los planes soberanistas es la consecución de urnas. La Fiscalía ya se ha querellado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por abrir un concurso para adjudicar la fabricación de urnas. Y las empresas fabricantes están sobre aviso. La manera de superar este obstáculo permitirá ver hasta qué punto el Govern está dispuesto a la desobediencia.

La consellera Borràs ha dado suficientes muestras del terreno en que quiere jugar. Astucias sí, piruetas legales también. Pero nunca, hasta ahora, se ha prestado a desobedecer las normas ni a anunciar que lo hará. Todavía más prudente ha sido el conseller de Interior, Jordi Jané. «A nosotros en privado siempre nos ha dicho que cumplirá con la legalidad. Nunca nos ha sugerido algo diferente a eso», confirman fuentes del Gobierno, que no temen, en este sentido, ningún desacato por parte de los Mossos. La postura de estos consellers contrasta con la determinación de Puigdemont.

El Gobierno, por su parte, no piensa dejar ninguno de los preparativos del referéndum sin respuesta. No mirará hacia otro lado, sino que cortará de raíz todos y cada uno de los pasos que dé la Generalitat. Mariano Rajoy, no obstante, promete proporcionalidad. No quiere una tensión innecesaria.