El soberanismo se envalentona tras fallar Estrasburgo a favor de Atutxa

Los secesionistas ven un resquicio para revocar sus condenas en los tribunales europeos.

El fallo de Atutxa se convirtió ayer en un halo de esperanza para el independentismo. Pese a que guarda muy poco en común con los procesos judiciales de los ya condenados por la consulta del 9-N (Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau) y con los recientemente abiertos contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la Mesa (Joan Josep Nuet, Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet) por permitir votaciones secesionistas, desde el independentismo se esforzaron ayer por buscar relaciones y sacar partido.

La diferencia sustancial se centra en un aspecto formal del procedimiento judicial. El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los ex miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, habían sido inhabilitados por el Tribunal Supremo (TS) –condena ratificada por el Tribunal Constitucional (TC)– por desobediencia al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización en 2003. No obstante, los tres afectados denunciaron ante los tribunales europeos en 2014 que se habían vulnerado sus derechos al no ser escuchados en una vista pública cuando la causa estaba en manos del TS. «Los demandantes fueron privados de su derecho a someter a contradicción las acusaciones que se vertieron contra ellos», relata la sentencia. Este procedimiento, en cambio, sí que ha asistido a todos los procesados por el «procés», a los que sí se les ha dado audiencia.

Por ello, más que trazar paralelismos entre unas causas y otras, los independentistas usaron el caso Atutxa para relacionarlo y atizar contra la estrategia del Gobierno contra el «procés». En este sentido, el primero en cargar contra Moncloa fue el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con un duro tono a través de las redes sociales: «Nueva vergüenza internacional. Se pasaron el Estado de Derecho por el forro. Aviso para los de querella fácil y politización de la justicia».

La portavoz del Govern, Neus Munté, se expresó en la misma línea, y consideró «un aviso muy claro a la afición a la querella de la Fiscalía y a los que constantemente recurren a la judicialización». «Luego Europa da un toque de atención que representa una vergüenza», continuó.

No obstante, este «toque de Europa» también ha servido otro objetivo, como reforzar las esperanzas de Mas y los condenados por el 9-N, que tiene el propósito de acudir a los tribunales europeos si no prospera su recurso en el TS, y en el TC.

La oposición, por su parte, rechazó cualquier vinculación entre el caso Atutxa y el «procés». El portavoz del PP, Alejandro Fernández, aseguró que los populares acatarán la sentencia, y valoró que no es posible hacer comparaciones. El portavoz adjunto de C’s, Fernando de Páramo, consideró «incomparable» la sentencia, porque «todas las formalidades de las que habla la sentencia, sí se cumplen en el caso catalán». La portavoz del PSC, Eva Granados, consideró que no hay conexión porque en Cataluña se desobedecen órdenes del TC.

El PP recuerda que España es una «democracia plena»

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, salió ayer al quite de las campañas del secesionismo para desprestigiar la democracia española. Tras reprochar que la «estrategia» de los separatistas pasa por «caricaturizar a España como una democracia de baja calidad», Fernández recordó que España se encuentra entre los 20 países con una «democracia plena», según el índice de democracias que hace The Economist y que recoge a 167 países. «España es una de las mejoras democracias del mundo, incluso por encima de Francia, Italia, Portugal y Estados Unidos», explicó ayer, justo en un día en que se conocía el fallo del caso Atutxa. Asimismo, repasó distintos puntos de algunas constituciones de países como Francia, Alemania o Italia que no permiten un referéndum.

Cambios entre los altos cargos

Las querellas que acumula la Generalitat por impulsar los preparativos del referéndum de independencia están propiciando algunos cambios en la estructura gubernamental. El hasta ahora número dos de la conselleria de Gobernación, Francesc Esteve Balagué, fue desingado ayer como nuevo director del Gabinete Jurídico de la Generalitat. La Fiscalía se querelló contra Balagué (y contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs) por el concurso público para la fabricación de urnas. La portavoz del Govern, Neus Munté, destacó «la pulcritud» del trabajo de Balagué y su «compromiso político». El lugar que deja vacante en el departamento de Gobernación lo ocupará ahora Meritxell Masa, ascendida desde la secretaría de Administración y Función Pública, mientras que la antigua directora del Gabinete Jurídico, Margarita Gil, se convertirá en breve en miembro del Consell de Garanties Estatutàries. Los altos cargos del Govern están llamados a asumir la responsabilidad jurídica de las decisiones que se tomen en adelante sobre el referéndum.