La coacción de Artur Mas a los jueces debe tener respuesta

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue ayer escenario de un espectáculo bochornoso para todos aquellos ciudadanos que creen en los principios democráticos y en el respeto a la separación de poderes que distingue a las sociedades políticamente avanzadas. Que el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma y que encarna el Poder Ejecutivo, haya organizado un piquete de alcaldes para presionar al tribunal que instruye su caso es uno de los atentados más graves que se recuerdan contra la independencia y la dignidad del Poder Judicial. Cabe preguntarse cuál sería el destino de una Cataluña en la que se enseñorearan sin las limitaciones de la Ley quienes así desprecian las normas básicas de la organización de un Estado democrático. Pero no hay que dejarse cegar por la cortina de humo tendida por el presidente de la Generalitat, por más que se engalle e imposte el gesto. Tal vez su actuación sirva para doblar el brazo de los antisistema de la CUP, que tienen la llave de su futuro político, pero su declaración ante el juez retrata al hombre que busca esquivar sus responsabilidades descargándolas en sus subordinados, al tiempo que disimula la fea acción. No debemos adelantar la decisión que tomará la Justicia, precisamente por el respeto que se debe a la acción de los tribunales, pero excusarse, como ha hecho Artur Mas, en que los funcionarios de la Generalitat actuaron voluntariamente y en que, en cualquier caso, sólo fueron «asesorados» y «coordinados» desde el propio Ejecutivo catalán, no sólo es impropio de un hombre que blasona de gallardía, sino que abre la vía a nuevas imputaciones. Por supuesto, Artur Mas está en perfecto derecho de plantear su defensa como lo considere oportuno y no nos cabe duda de que los tribunales, como ha recordado ayer desde Bruselas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, velarán por el respeto a las garantías judiciales que establece la Constitución, pero no es de recibo que un alto representante institucional afirme a grandes voces una cosa en la calle y diga otra cuando está en el banquillo. Que Artur Mas es el responsable principal en la actuación anticonstitucional del 9 de noviembre de 2014 y que siguió adelante en su acción pese a la prohibición expresa del Alto Tribunal es un hecho incuestionable. En cuanto a cómo se sustanciará penalmente la instrucción abierta, caben opiniones. La experiencia de cuatro décadas de democracia nos muestra que la inmensa mayoría de los jueces españoles actúan bajo el principio de legalidad y desde la independencia de sus decisiones, sordos a las presiones externas. Aun así, la Fiscalía General del Estado no debería pasar por alto una acción intimidatoria que sobrepasa claramente los límites de la libertad de expresión y que implica a representantes municipales en una marcha que puede ser calificada de golpista. La respuesta a la desmesura de la Generalitat no puede venir sólo desde los tribunales. La sociedad española en su conjunto debe ser consciente del riesgo que supone para la convivencia y las libertades públicas la manipulación desvergonzada de los atributos de la democracia. En efecto, como reza la demagogia de la Generalitat, las urnas no delinquen. Delinquen quienes consideran que están por encima de la Ley y de las normas del Estado de derecho.