La Generalitat contra Cataluña

Carles Puigdemont fue elegido presidente de la Generalitat el 11 de enero de 2016 con 70 votos a favor y 63 en contra. Su nombramiento fue una solución improvisada –era el número tres de la lista de Junts pel Sí por Gerona– para poder recibir el apoyo de la CUP, un grupo anticapitalista, independentista y de militancia antisistema, que pedía la cabeza de Artur Mas. La honorabilidad de lo que quedaba del viejo partido de Pujol estaba por los suelos con tal de no dejar el poder. La condición para este apoyo no era otra que la de llevar a Cataluña a la secesión, con o sin referéndum, acordado o sin acuerdo. Por lo tanto, Puigdemont, JxS y sus socios circunstanciales nunca han querido negociar y abrir una vía de diálogo, ni han querido escuchar a la mitad –por lo menos– de la sociedad catalana que buscaba otras opciones antes que la de romper con el resto de España. Pusieron 18 meses de plazo y no tenían más objetivo que cumplirlo, aunque fuese con retraso. Por delante se llevaban a la Constitución y al Estatuto. Al Gobierno de Mariano Rajoy no le quedaba más solución que aplicar la Ley. Ni medidas «coercitivas», ni la de la «fuerza» que con tanto interés reclaman los independentistas. Sólo se ha aplicado la fuerza de la Ley. Rajoy no tenía más salida que aguantar el envite separatista con los valores de la democracia. En la hoja de ruta trazada por la Generalitat y el magma asociativo que sustenta el «proceso», estaban claramente marcados los pasos y unos hitos que rompían abiertamente con la legalidad. El primero era modificar el reglamento del Parlament que permitiese aprobar sin debate la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, que es en esencia una declaración de independencia. El segundo es la convocatoria de un referéndum, cuya misión es levantar la bandera del «derecho a decidir» –eufemismo de autodeterminación–, consigna con la que atraer a los que, aun estando en contra de la independencia, quieren votar «no», y de paso construir un bloque más amplio en el que puedan incluirse al nuevo partido de Ada Colau y a Pablo Iglesias, que, por supuesto, también se ha apuntado. Esta semana Puigdemont puede hacer pública la fecha para el referéndum y la pregunta («¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?», aunque a ERC le gustaría «¿Quiere que Cataluña sea una República independiente?»). El Gobierno ya ha anunciado que recurriría de forma inmediata al Tribunal Constitucional cuando el anuncio se publique en el Boletín Oficial de la Generalitat. Hará valer el artículo 161.2 de la Constitución, pero cree que es necesario que en estos momentos se dé un paso más y que la Abogacía del Estado reclame ante el TC que, en caso de incumplimiento, que Puigdemont, como máximo responsable de la organización del referéndum, sea suspendido. El escenario que los independentistas han dibujado es el del enfrentamiento directo con el Estado y forzar al máximo la situación como herramienta electoral. La pregunta es: ¿por qué la Generalitat persiste en una posición que no tiene salida? ¿Por qué insiste en mantener un plan independentista si no cuenta ni con el apoyo de la mitad de los catalanes? ¿Por qué insiste en decir que el nuevo Estado catalán no tendría que abandonar la UE? ¿Por qué no dice a los catalanes que no han conseguido el apoyo de ningún país a su plan? ¿Por qué, en definitiva, se empeñan en buscar la ruptura de hecho con España y construir una Cataluña partida en dos? En estos momentos, se está viviendo un enfrentamiento político dentro del independentismo entre, por un lado, el PDeCAT, que puede quedar en la marginalidad política, y que necesita rentabilizar electoralmente el conflicto, y, por otro, ERC, que ve cercano el momento de situarse como fuerza central del nacionalismo catalán y alcanzar la Generalitat. En medio, están los ciudadanos catalanes.