Reestructuración bancaria

El informe del Banco de España

La Razón
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En un artículo publicado en LA RAZÓN el pasado 24 de junio, Mikel Buesa calificaba de «impostura» el Informe que el Banco de España ha elaborado recientemente sobre nuestra crisis financiera y bancaria. «Impostura» es un término muy duro: según el diccionario de la RAE significa fingimiento o engaño con apariencia de verdad.

Yo no creo que el informe del Banco de España contenga fingimiento o engaño alguno. Por ello, querría hacer llegar a sus lectores y a Buesa –por quien siempre he sentido respeto y aprecio– algunas observaciones a varias de las afirmaciones contenidas en ese artículo.

1. El informe no dice que «nadie podía prever la crisis». Indica que nadie la predijo, ni el FMI, ni la OCDE, ni la Comisión Europea, ni el BCE. Tampoco lo predijo el Banco Internacional de Pagos (BIS) ni, desde luego, el Banco de España.

2. El informe no dice que como la crisis venía de fuera «sería transitoria y duraría poco tiempo». Lo que sí dice es que la crisis se desencadenó fuera –parece difícil negarlo–, y que, en todo caso, la economía española había acumulado graves desequilibrios ligados, en gran medida, al elevado endeudamiento del sector privado. En el Banco de España se creyó que la burbuja de precios de los activos –no solo inmobiliarios– podría ajustarse de forma no traumática con el cambio en la coyuntura económica, es decir, con el fin de la expansión. Pero, evidentemente, eso no ocurrió.

3. En el informe hay un reconocimiento explícito de que el Banco podía, incluso careciendo del aparato legal adecuado al caso, haber impulsado medidas para frenar el excesivo crecimiento del crédito, y no lo hizo. Sin embargo, sería injusto con los responsables del Banco de España de aquellos años no recordar que se adoptaron dos medidas importantes –las provisiones anticíclicas y el tratamiento contable severo de algunas prácticas, muy corrientes entonces en los países más desarrollados, empezando por EEUU, que permitían aparcar riesgos fuera de los balances bancarios–, dos medidas que ayudaron a superar la primera fase de la crisis. Una de esas medidas –las provisiones anticíclicas– fueron una contribución importante en materia de estabilidad financiera, algo que ahora se reconoce en todos los foros y organismos especializados internacionales.

4. Sostener que el Banco de España «actuó tarde de manera deliberada», tomando «decisiones contrarias tanto a la regulación española como a la europea» y aplicando «una doctrina inverosímil, por no decir estúpida –la de que juntando dos o más entidades dañadas se podía obtener una bien saneada–» parece excesivo. Seguro que el Banco de España cometió errores, pero dudo que pueda demostrarse que adoptó decisiones contrarias a la normativa española o europea; y, aunque es cierto que los sistemas institucionales de protección (SIP), en esencia, un sistema de mutualización de riesgos, no dieron el resultado apetecido, calificar ese intento de «estúpido» es olvidar o dejar a un lado las restricciones económicas y políticas que existían en aquellos momentos.

El Banco de España podría haber elaborado un informe distinto al que ha hecho, tratando de identificar responsables y distribuyendo críticas o aprobaciones sobre las diferentes medidas adoptadas entre 2008 y 2014. Efectivamente, no hemos hecho esto. Se ha elaborado un informe que trata de ser lo más objetivo y fáctico posible, sin condenas, ni elogios, sin culpables, ni inocentes. Creemos que de haber hecho esto habríamos servido peor al interés general.

Hemos tratado de ofrecer un análisis lo más completo y claro posible de lo ocurrido y de las medidas adoptadas, incluyendo, con detalle, el coste, público y privado, de la reestructuración y saneamiento de nuestro sistema de cajas de ahorro y entidades de crédito en general.

Espero, en todo caso, que el informe que hemos elaborado sea útil para los interesados en la cuestión y, desde luego, para el trabajo que va a iniciar la Comisión creada en el Congreso de los Diputados. Más útil, creo, de lo que habría sido un informe que respondiera a lo que, parece, Mikel Buesa y otros hubieran preferido. Como institución pública, el primer deber del Banco de España en relación a este informe era ser claro y preciso, aportar, bien ordenada, la información necesaria y no tratar de influir en las conclusiones de los lectores más que a través de los hechos expuestos y explicados del modo más objetivo posible. Esto es lo que hemos intentado.