Preparados para el derroche

El mismo día en que el portavoz del Gobierno de la Generalitat y consejero de Presidencia, Francesc Homs, aseguraba que la situación económica del Ejecutivo catalán es «extremada y tremendamente delicada», anunciaba la puesta en marcha de una campaña «institucional» que a los catalanes nos cuesta más de 1.360.000 euros. Mientras, por un lado, el Gobierno denunciaba una realidad que supone impagos en todos los departamentos y proveedores, proclamaba una campaña de seis semanas de duración, que no es más que una réplica de la que llevaron a cabo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la consulta del 9-N.

El spot publicitario «Preparados para un futuro mejor» incumple el contenido del artículo 109 de la Ley 22/2005 de la comunicación del Audiovisual de Cataluña, que en el apartado 2 dice que la publicidad institucional debe cumplir, entre otros requisitos, «tener como objetivo la información sobre servicios públicos». En este sentido, cabe recordar la definición de servicio público que la propia Generalitat hace en los documentos que la Escuela de Administración Pública utiliza para formar a sus funcionarios: «La actividad prestacional o de servicio público es la actividad mediante la cual la Administración dispensa determinadas prestaciones materiales a los ciudadanos (por ejemplo, el servicio de aguas, el transporte urbano, la Sanidad, la Educación, etc.)».

En la campaña iniciada por la Generalitat no se ofrece a los ciudadanos ninguna información sobre los servicios públicos que ofrece la administración autonómica. Sencillamente, plagiando el eslogan de una entidad que no representa a todos los catalanes, está utilizando una vez más el dinero de todos para conseguir llegar a la meta marcada desde que CiU perdió el norte. No hay que ser demasiado avispado para ver que cuando la Generalitat inicia esta campaña con la frase «una nueva realidad se acerca cargada de esperanza y renovada ilusión», no está anunciando una mejora en los servicios públicos, sino que está intentando influir en las próximas elecciones que, desde la óptica de algunas fuerzas políticas servirán para culminar el llamado «proceso» que pretende separar Cataluña del resto de España. Un engaño más: estas elecciones, aún no convocadas oficialmente, no serán plebiscitarias, que nadie se equivoque y serán autonómicas, simple y llanamente.

Es incomprensible que tras denunciar la falta de tesorería de la Generalitat, aireen dedicar en publicidad partidista más de 1,3 millones de euros que salen de los bolsillos de todos los catalanes. La campaña de Convergencia (y quizás Unió) para el 27-S... ¡que se la paguen ellos! Entendemos que con quince sedes embargadas es complicado, pero ya basta de tratarnos de estúpidos y analfabetos.

*Dip. del PP en el Parlamento de Cataluña