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Análisis: El 1-O será un código penal abierto

Tiempo de lectura 2 min.

30 de septiembre de 2017. 13:20h

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José Luis Requero 30/9/2017

Los que somos reacios a ver la vida política con los anteojos del Código Penal tenemos que admitir que el 1 de octubre ese código va a ser el manual al uso. El panorama penal que se cierne sobre el 1-O es rico, sólo que sus protagonistas serían no sólo las autoridades y sus agentes, sino los ciudadanos, y no pienso ya en quienes participen en altercados, sino en los convencidos y abnegados ciudadanos que se involucren en la consulta ilegal.

Por ejemplo, quien aceptase formar parte de una mesa electoral incurriría en un delito de desobediencia, sin que pudiese pretextar ignorancia ni cumplimiento de una orden, al ser notoria la ilegalidad del referéndum. Y si, llevado de su convicción, se adentra en establecimiento público sin que medie autorización de su titular podría incurrir en un allanamiento o usurpación, según los casos.

Además, como el miembro de una mesa tiene la condición temporal de autoridad, cabría plantearse si no ha aceptado asumir ilegalmente el ejercicio de una función pública y desde ella impedir el ejercicio lícito de las suyas por parte de otras autoridades o agentes. Y si como autoridad temporal impide la acción de las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo, para cerrar el local o retirar las urnas, la desobediencia aumentaría sin perder de vista su posible colaboración en delitos de mayor porte como sedición o rebelión.

En definitiva, el 1-O será un Código Penal abierto, pero al margen de los delitos que pudiera cometer ese abnegado y convencido nacionalista, estaría su posible coparticipación en los cometidos por otros, sin olvidar las responsabilidades administrativas, muchas veces igual o más contundentes que las penales.

*Magistrado del Tribunal Supremo

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