La Fiscalía pide imputar a Zapata por humillar a las víctimas

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata pudo cometer un delito de humillación a las víctimas con su macabro tuit sobre Irene Villa. Eso es al menos lo que piensa la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como imputado al edil.

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata pudo cometer un delito de humillación a las víctimas con su macabro tuit sobre Irene Villa. Eso es al menos lo que piensa la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tras la denuncia interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como imputado al edil del Ayuntamiento de Madrid por su polémico comentario publicado en Twitter el 31 de enero de 2011. «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos», escribió en su cuenta @casiopeaexpres.

La fiscal Blanca Rodríguez sostiene en su escrito –sobre el que deberá pronunciarse ahora el magistrado– que los hechos denunciados por la asociación que preside Daniel Portero «pueden tener encaje» en el artículo 578 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de uno a dos años a quien lleve a cabo «actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».

Para el Ministerio Público –que también pide al juez que le imponga a DyJ una fianza de 20.000 euros para poder ejercer la acusación en el procedimiento– el contenido del mensaje es «objetivamente vejatorio y humillante» tanto para Irene Villa como «en general para todas las víctimas» de ETA. Estos actos, además, «generan la perplejidad e indignación» de la sociedad, recuerda la Fiscalía, lo que «les hace merecedores del reproche general».

Y aunque admite que el reproche penal de conductas como ésta puede suponer una limitación de la libertad de expresión, subraya –aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Supremo– que «no sólo es legítimo, sino necesario, por cuanto la humillación o desprecio de las víctimas afecta directamente a su honor como víctimas y a su dignidad».

Para la Fiscalía, resulta «evidente» que las expresiones proferidas por Zapata –a quien sus polémicos tuits le obligaron a renunciar a su cargo de concejal de Cultura horas después de tomar posesión del mismo, aunque mantiene su acta de concejal– «responden a los criterios que el Tribunal Supremo ha fijado» para identificar el delito de humillación a las víctimas por el que ha sido denunciado Zapata. En una sentencia de 2007, el Alto Tribunal precisó los conceptos de «descrédito, menosprecio y humillación». Así, el Supremo concretó que por descrédito debe entenderse «la disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas»; por menosprecio, «el poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén» y por humillación aquella conducta que hiera el amor propio o la dignidad de las víctimas del terrorismo o de sus familiares. Se trata, por tanto, subrayaba el Tribunal Supremo, de «perseguir conductas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el terror de sus familiares».

Dignidad y Justicia también denunció otro de los tuits de Zapata en el punto de mira –«¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero»–, publicado el 31 de enero de 2011, pero en su escrito la Fiscalía únicamente ve indicios delictivos en su comentario sobre Irene Villa.

En su querella, Dignidad y Justicia aseguraba que los tuits de Zapata son «claramente ofensivos y humillantes para las víctimas del terrorismo y, en concreto, para una de ellas, Irene Villa». La asociación denunciante también hacía referencia a otros comentarios en Twitter de Zapata que, en su opinión, «suponen claramente una incitación al odio y a la violencia y unas injurias colectivas hacia víctimas como los judíos o Marta del Castillo». Respecto a la joven sevillana asesinada, escribió: «Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo».

Las expresiones del ahora concejal, subrayaba DyJ, «traspasan los límites de lo que está amparado por la libertad de expresión», una apreciación con la que coincide también la Fiscalía.

«Yo no puedo aseguraros que por torturar y matar a Gallardón se vaya a cambiar toda la historia, pero por probar no perdemos nada» y «Ojo, que no es que yo quiera quemar bancos, que es por su bien. Y por lo bonito que hace el fuego» son otros de sus polémicos comentarios en la red social.

El PP pide su dimisión.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ayer tras conocer la decisión de la Fiscalía que al Ministerio Público «deberían preocuparle más las cuentas en Suiza y en Andorra que las cuentas de Twitter», informa Efe. «Respeto las decisiones tanto de los órganos jurisdiccionales como, en este caso, de la Fiscalía. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Recuerdo, en cualquier caso, que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno, añadió.

Por su parte, el PP volvió a pedir la dimisión de Zapata. «En ningún otro país europeo u occidental alguien que banaliza el holocausto y que desea la muerte a sus adversarios políticos puede seguir en un puesto electivo», dijo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre. El Gobierno municipal, liderado por Manuela Carmena, se limitó a expresar su respeto por las decisiones judiciales.