La Fiscalía rastrea una reunión de Viloca con Rosell a mediados de agosto

Convergència abona en cuatro horas 250.000 euros de fianza para que su tesorero quede libre

El tesorero de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, imputado en la «trama del 3%», salió ayer de prisión después de que la formación nacionalista depositase una fianza de 250.000 euros apenas cuatro horas después de que la Audiencia Provincial de Tarragona revocase, en contra de la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, la decisión del juez de El Vendrell (Tarragona) que acordó su ingreso en la cárcel el pasado 22 de octubre. La Sala –integrada por los magistrados Francisco José Revuelta, María Concepción Montardit y Jorge Mora– orilla los argumentos que pusieron sobre la mesa los fiscales de Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo para mantener en prisión, por alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al responsable de las finanzas de CDC. Viloca tiene no obstante prohibido salir de España, se le ha retirado el pasaporte y deberá presentarse en el juzgado todos los lunes.

En su resolución, la Audiencia de Tarragona afirma que existen indicios de la pertenencia del imputado a «un entramado organizado» con una «amplia capacidad económica» y «contacto con diferentes personas de especial relevancia». Esto, unidos a la «gravedad» de los hechos denunciados, añade, justifica la imposición de una fianza para minimizar el riesgo de fuga que, dada la «elevada capacidad económica» de Viloca, fija en ese cuarto de millón de euros.

Para la Audiencia de Tarragona, la Fiscalía no ha precisado «qué concretos medios de prueba» podían verse afectados si Viloca recuperaba la libertad. Y eso que, según fuentes jurídicas, Anticorrupción hizo referencia, en la vista del pasado martes, a una reunión, de la que tiene constancia la Guardia Civil, entre Viloca y el director general de Infraestructures.cat, Josep Antonio Rosell, también imputado, a mediados del pasado agosto. Los fiscales explicaron al tribunal que en la documentación incautada al tesorero de CDC no se ha encontrado, por el momento, ni rastro de esa cita, un hecho que extraña a los investigadores teniendo en cuenta que Viloca anotaba escrupulosamente todas sus reuniones (incluidas otras anteriores con el mismo Josep Antoni Rosell).

Anticorrupción pidió a la Audiencia que mantuviese en prisión a Viloca mientras la Guardia Civil constataba si la reseña de ese encuentro entre dos imputados claves en la supuesta trama se encontraba o no entre la documentación incautada.

Retraso en la investigación

Y es que la Fiscalía está convencida de que Viloca disponía de más documentación que o bien no ha sido incautada o bien ha sido destruida (en su despacho los agentes encontraron varios documentos triturados). Esa carencia, todavía por ratificar (a expensas del análisis definitivo realizado por la Guardia Civil) deja en blanco un periodo de la investigación entre 2013 y 2015, por lo que la Fiscalía entiende que la libertad de Viloca acarreará un retraso en la posible imputación de más empresarios que, supuestamente, nutrieron las arcas de CDC a cambio de adjudicaciones públicas.

Pero para el tribunal –ante el que la defensa de Viloca recurrió en apelación la orden de prisión–, la argumentación de la Fiscalía «se basa en el resultado de una investigación de naturaleza prospectiva sin alcanzar la concreción necesaria y exigible». Sin precisar, por tanto, «cómo y qué actuaciones judiciales» pueden verse comprometidas con la salida de prisión del tesorero de CatDem, la fundación convergente en la que los empresarios ingresaban supuestamente sus comisiones a cambio de hacerse con adjudicaciones.

De hecho, hace hincapié en que la investigación de la «operación Petrum» arrancó en 2013, por lo que durante los dos últimos años, hasta su detención el pasado octubre, Viloca «ha disfrutado de tiempo para poder destruir aquellos medios de prueba que hubiese considerado oportunos». Anticorrupción, no obstante, insistía en que, una vez en libertad, Viloca podía «comprometer» otras diligencias.