La república catalana planeaba crear un cuerpo policial antiyihadista

Los separatistas aspiraban a tener un servicio de inteligencia en colaboración con España.

El proyecto de la república catalana incluía la creación de una «unidad, inicialmente independiente, de información y lucha contra el terrorismo partiendo de los enfoques, de los documentos de valoración y guía y de los instrumentos elaborados por la Unión Europea». Después de lo ocurrido en los atentados del 17 de agosto en Barcelona y los fallos tras la explosión de Alcanar, que los Mossos d’Esquadra no supieron analizar en su dimensión terrorista, a los expertos les ha llamado la atención tal grado de autosuficiencia.

Reconocen los autores del proyecto, que obra en poder del Juzgado Central 13 de Barcelona, que «hay que prestar una particular atención a la presencia importante del yihadismo en Cataluña y en lo que sabemos sobre los procesos de radicalización de sus miembros. Se podría prever la incorporación, posteriormente, de personal procedente de servicios parecidos ya existentes en la actualidad». Entre los objetivos que se marcan figuran los de «pedir asesoramiento y establecer convenios de colaboración con las principales agencias especializadas de los países occidentales». Eso sí, en un plano de Estado a Estado.

El terrorismo y el narcotráfico, junto con la ciberseguridad, son los problemas más importantes en el plano de la seguridad, con cierta relación entre ellos. Hay que recordar al respecto que Cataluña es una zona, en función de los datos que se hacen públicos, particularmente activa, comparativamente, del terrorismo yihadista.

Por otra parte, los autores del documento contemplan que la república catalana cree un servicio de inteligencia. Para ello «hay que asegurar autonomía y capacidades propias. Las actuaciones inmediatas que habría que adoptar son: empezar a construir un servicio de inteligencia, civil, multidisciplinar y con un marco legal que garantice que sus actuaciones son congruentes con el Estado de Derecho y la garantía de protección de los derechos humanos fundamentales».

Asesores internacionales

Por ello, los «republicanos» reconocen que les hará falta un asesoramiento internacional. Su función básica será «recoger, analizar, interpretar y procesar de forma estratégica información que favorezca la toma de decisiones». Asimismo, se proponen «establecer desde el principio una colaboración y coordinación con Espana».

Por lo que respecta a la ciberseguridad, señalaban que «los gobiernos y decisores han entendido hace tiempo que su seguridad, interna y externa, depende en gran medida de sus computadores y de sus artilugios tecnológicos –de la tecnología de la información y de la comunicación–, dado que muchas de las infraestructuras críticas (redes eléctricas, sistema financiero y bancario, transporte, por ejemplo)» dependen de ello.

Las actuaciones que habría que adoptar, «aprovechando que ya existen algunas capacidades públicas (CESICAT) y también en el ámbito de la industria privada, son las siguientes: crear una unidad o servicio de ciberseguridad, con la asesoría y apoyo operativo de empresas y servicios externos y partiendo de capacidades ya existentes (CESICAT); se recomienda partir del Plan de Acción contra la ciberdelincuencia, adoptado por el Consejo Europeo (2010), de las diversas valoraciones de Europol y de la Estrategia de Ciberseguridad, (2013) de la UE, un documento que fusione de forma coherente los temas tratados a la estrategia y las actuaciones de seguridad interna, las de seguridad externa y todo aquello relativo a las políticas exteriores y de defensa de la UE y sus estados miembros».