sábado, 27 mayo 2017
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El aborto volverá a ser delito

  • La reforma de la ley, que elabora Justicia, busca penar la interrupción del embarazo. El 97% de las mujeres que abortan se acoge al riesgo psicológico. Médicos de la Seguridad Social podrían elaborar los informes sobre  la salud mental

MADRID- El anteproyecto de la reforma de la ley del aborto comenzará a elaborarse a principios de noviembre. Así se lo confirmó ayer el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, a las asociaciones provida Derecho a Vivir y Hazte Oír. LA RAZÓN ya adelantó que el borrador de la norma estaría listo para finales del próximo mes y que acabaría con la ley de plazos que el Gobierno socialista implantó en 2010.El aborto dejará de ser un derecho para volver a convertirse en delito. «Nos lo ha dejado claro. Es un mal que debe ser combatido. Sólo debe despenalizarse para casos muy concretos», aseguró después del encuentro Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, también salió de la reunión con buenas sensaciones: «Le hemos transmitido que queremos que pasen de las palabras a los hechos, que agilicen la reforma de la ley». Aún así, añadió que mantienen «su respaldo a la labor del Ejecutivo de Rajoy si se siguen dando pasos a favor de proteger la vida».

Uno de los puntos en los que el Gobierno sustenta su reforma es la eliminación del supuesto de malformación del feto al que se acoge un 3 por ciento de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. «Apoyamos totalmente esta iniciativa, pero queremos ir más allá y eliminar otros supuestos como el de riesgo para la salud psicológica de la madre», sostiene Arsuaga. Aunque el secretario de Estado no les ha asegurado que este supuesto vaya a eliminarse en la futura norma, sí que insistió en que el Gobierno «está barajando varias posibilidades para controlar que este supuesto se convierta en un coladero», explica el presidente de la asociación acerca de las palabras que les transmitió Román. Los datos que manejan las asociaciones que luchan por la abolición del aborto calculan que a este supuesto se acoge cerca del 98 por ciento de las mujeres. Por eso consideran «imprescindible» terminar con esta posibilidad.  Son cinco las opciones que se manejan desde el  Ministerio de Justicia para controlar el coladero del riesgo psicológico pero, en última instancia, será el propio Gobierno el que determine la fórmula definitiva». Entre las que se manejan destaca la opción de que el control caiga en manos «de médicos ajenos a las clínicas abortistas, trabajadores de la seguridad social. Aunque temen que el proceso se ralentice por los objetores de conciencia», insiste Arsuaga.

«Si se mantiene el supuesto de riesgo psicológico, deben crear un listado cerrado en el que se especifiquen las patologías que conllevan una posible interrupción del embarazo», explica la ginecóloga Sonsoles Alonso. Como indica la doctora, «la valoración del estado de salud mental de la mujer que decida abortar debería contar con dos informes de médicos diferentes». Ésta no es la única medida que consideran necesaria desde Derecho a Vivir para reducir el número de abortos. «Le hemos insistido al secretario en que con la restricción se podrían evitar unos 300 abortos al día», comentan desde Hazte Oír. La ginecóloga también insiste en que «es el propio aborto el que produce la alteración psicológica.

En muchos casos, la mujer que interrumpe la gestación sufre lo que denominamos síndrome posaborto, que genera alteraciones en su carácter e incluso shock postraumático», explica la experta. Por su consulta han pasado cientos de mujeres y, como recuerda, «muchas de ellas sufrían depresiones y ha sido el nacimiento de su hijo lo que las ha ayudado a salir adelante».
A pesar de la buena disposición del Ministerio, «queda más por hacer de lo que anunció Gallardón», insisten desde las asociaciones provida. Román les ha transmitido su interés por agilizar el proceso al máximo,pero «las limitaciones en el contexto de la crisis económica y la dificultad para poder contar con más medios» son los principales escollos para que la reforma no sea efectiva hasta finales de año. Mientras, las organizaciones provida seguirán manteniendo su reivindicación de «aborto cero».

En este contexto, el próximo siete de octubre, se realizará en Madrid la tercera edición de la «Marcha por la vida», en la que las asociaciones mostrarán su apoyo firme al cambio de ley. Arsuaga insiste en que «el Gobierno va por buen camino, pero nos gustaría contar con una norma que se asemeje a la que existe en Polonia, donde existen más restricciones en los supuestos y se dan 300 abortos al año».
 

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