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Maduro fulmina a la fiscal rebelde y asume todos los poderes

El chavismo aparta de su cargo a Luisa Ortega, que denunció la corrupción y los ataques a los derechos humanos. El presidente ya tiene bajo su mando al Supremo, al Consejo Electoral, al Ministerio Público, al Ejército y a la Constituyente

  • La Guardia Bolivariana impidió a la fiscal general acceder a la sede de la institución
    La Guardia Bolivariana impidió a la fiscal general acceder a la sede de la institución / Ap

Tiempo de lectura 4 min.

06 de agosto de 2017. 08:19h

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Ángel Sastre Caracas. 5/8/2017

Todo el poder para el Gobierno, que ya ha perdido cualquier tipo de sutileza a hora de asaltar las instituciones. De la manera más chabacana y violenta irrumpe en las sedes con su guardia pretoriana y golpea a funcionarios y fiscales. Ahora, el régimen cuenta con todo un arsenal para gobernar a sus anchas. Por un lado, el Consejo Electoral con el que modificar las reglas a su medida, asegurándose la victoria; a esto hay que sumar un Tribunal Supremo que dictamina sentencias a la carta, una Asamblea surgida de la nada que crea leyes y por último, un Ejército a su servicio. Es la dictadura perfecta.

Pero, hasta ayer, faltaba el ultimo reducto crítico al Gobierno: la Fiscalía. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituyó de su cargo a la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, para proceder con el juicio que se realizará en su contra. El Poder Judicial emitió una carta dirigida a Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, donde detalló la decisión. Ordenó su inhabilitación para cualquier cargo público, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) mientras dure proceso. Ortega Díaz también tiene prohibición de salida del país. Además, el TSJ pidió enajenar, gravar sus bienes y la congelación de sus cuentas. La sentencia fue leída durante la primera sesión de la ANC, instalada este pasado viernes pese a las denuncias de fraude en su elección.

Diosdado Cabello también pidió que no fuera suspendida, sino removida del cargo, propuesta que fue aprobada por la ANC. Su lugar lo ocupará ahora el dirigente oficialista Tarek William Saab, eso sí, de manera provisional. Saab compatibilizará el cargo con el de defensor del Pueblo que ya ejercía. La propuesta también fue aprobada por la ANC. «Ante el inexorable vacío que existe allí en ese momento propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. No es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley», indicó Cabello. Una jugada para poner su ficha en la mesa.

El relevo de Ortega se produjo horas después de que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidiese a ésta acceder a la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo. Ortega Díaz se aproximó a la Fiscalía a primera hora de la mañana asediada por efectivos de seguridad del Estado bajo la coordinación del coronel Bladimir Lugo. «Yo no temo por mi puesto, temo por el país, voy a seguir luchando, por la libertad y la democracia de Venezuela. Lucharé por el rescate de la democracia que se perdió», dijo la fiscal. Además, denunció que fue agredida por los funcionarios de seguridad, quienes la empujaron con los escudos para evitar que llegara a su lugar de trabajo. Aseguró que éstos pretenden esconder los casos de corrupción de la empresa de construcción Odebrecht.

Luisa Ortega Díaz reveló que la constructora brasileña pagó 30.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros) en sobornos por contratos a funcionarios y cargos venezolanos por once grandes obras de infraestructura, entre las cuales está el tercer puente sobre el río Orinoco. En algunos casos se pagó buena parte de lo pactado, pero las obras no fueron terminadas. Además, Ortega tenía pensado en los próximos días citar a funcionarios, ex funcionarios y parientes de los que supuestamente recibieron estos sobornos de la constructora o desviar fondos de los contratos suscritos con ella.

«Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, sino que los procesan con justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal», dijo a los periodistas.

Ortega insistió, antes de irse rápidamente en una moto con escoltas, en que seguirá «luchando al frente de la conquista de los derechos humanos, lograr el respeto a la libertad, porque en este país se perdió la libertad». «¿Tú sabes qué quieren con esto? Quieren tapar la corrupción que hay en Venezuela, esconder las pruebas de la violación de los derechos humanos que se ha dado en este país», indicó la fiscal a las puertas del Ministerio Público.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el Gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad «enfrentan riesgo inminente de daño irreparable», algo que poco ha importado al régimen. Horas antes la GNB impedía también que trabajadores del Ministerio Público entraran o salieran de las instalaciones mediante dos convoyes militares y una cuadrilla de efectivos de seguridad. A través de su cuenta en Twitter el Ministerio Público denunció que los trabajadores son víctimas de atropellos por parte de los funcionarios de seguridad del Estado. Ortega siempre fue una chavista convencida, tradicional, pero tras plantar cara a la deriva autoritaria de Maduro, comenzó el principio de su fin.

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