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Centros de formación se plantean parar cursos por el impago de la Junta

Empresarios, acuciados por la asfixia económica al no disponer del primer adelanto del 25 por ciento de las subvenciones

  • Cecap-A, en una manifestación previa a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta
    Cecap-A, en una manifestación previa a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta
A. Muriel.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

21 de diciembre de 2017. 20:28h

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A. Muriel.  Sevilla. 22/12/2017

La Confederación de Empresas de la Formación de Andalucía (Cecap-A) señala que hay centros que están dispuestos a parar los cursos debido al impago del primer adelanto del 25 por ciento de la subvención por parte del Ejecutivo autonómico. La situación en la que están inmersos es delicada, ya que sin este primer libramiento no pueden afrontar los gastos corrientes como el pago de alquileres o de nóminas. El problema de fondo parte de que la Junta está chequeando ahora las acciones de la última convocatoria de 2011. En algunos casos la Consejería de Empleo ha reabierto los expedientes que estaban ya cerrados y liquidados. Y en otros no había iniciado el procedimiento de revisión hasta ahora. La normativa establece que los adjudicatarios, para tener acceso a nuevos fondos, deben tener validadas las justificaciones de convocatorias anteriores, por lo que decenas de centros se han quedado atrapados en mitad del proceso.

El presidente de la Confederación de Empresas de la Formación de Andalucía, Antonio Naranjo, señaló a LA RAZÓN que la siguiente medida será la de «parar la actividad en los centro que todavía no han recibido el primer adelanto. Es imposible desarrollar las acciones formativas a pulmón sin ningún tipo de recursos por parte de la Junta», señala. Hay que recordar que las resoluciones de adjudicación de las subvenciones para cursos a desempleados se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) entre enero y abril de este año. La normativa, argumenta Naranjo, establece «tres meses para el primer pago, por lo que en verano todos los centros beneficiarios deberían haber recibido el dinero».

El proceso, tras la remodelación de la convocatoria de los cursos, que ha permanecido paralizada desde 2011 hasta 2016 por el escándalo judicial del que se ocupa el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, es el siguiente: el primer pago del 25 por ciento se produce tras la concesión de la ayuda, el segundo del 35 por ciento con el inicio de la actividad y el 40 por ciento restante con la liquidación final. El consejero de Empleo, Javier Carnero, quien compareció el pasado 9 de noviembre en comisión parlamentaria, reconoció que su departamento aún no había pagado 4,5 millones de euros de los adelantos de la convocatoria de 2016 y resuelta en 2017. Según el presidente de la Cecap-A los mayores problemas se están produciendo en Granada y en Cádiz. «En Cádiz –donde la Consejería ha resuelto mayoritariamente con expedientes de reintegro de ayudas previas– casi todas las empresas beneficiarias están pendientes de cobro y en Granada 26 de 52, la mitad». «La Junta nos obliga a empezar la actividad porque si no corremos el riesgo de perder la subvención. Sin embargo, la Administración no cumple su compromiso de pagar en tres meses», desliza el presidente de Cecap-A.

Este periódico ya avanzó que en Granada hay centros que han renunciado a las ayudas por la situación de asfixia financiera en la que se encuentran. Las empresas que no han tenido problemas para recibir el adelanto del 25 por ciento son las que han concurrido ahora por primera vez y por tanto no tienen liquidaciones pendientes de convocatorias pasadas. Este atasco de los procesos administrativos fue precisamente lo que llevó a la Junta en años anteriores a la suspensión de las convocatorias a emitir resoluciones de exoneración del cumplimiento de la justificación en tiempo y forma, de tal modo que los beneficiarios podían seguir recibiendo subvenciones pese a no tener justificadas las anteriores. El Gobierno andaluz recurrió a esta vía –contenida en la Ley General de Hacienda si se daban «circunstancias de especial interés social»– durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

El balance de la formación para desempleados es muy limitado. La Junta se propuso llegar a un total de 22.800 personas. Sin embargo, atendiendo a los últimos datos trasladados por el consejero sólo se están beneficiando 4.042. Andalucía cerró noviembre con más de 800.000 parados. Por tanto, en función del reparto territorializado que explicó el consejero en su última comparecencia, en ninguna provincia se llega ni siquiera al 1 por ciento de la población inscrita en las oficinas del Inem. Hay, de hecho, casos especialmente llamativos como las 105 personas que se benefician en toda la provincia de Huelva, menos del 0,2 por ciento de los desempleados; o las 255 de Cádiz, con una de las tasas de desempleo más altas de toda España.

La situación de la formación para ocupados es aún peor. La Junta, tal y como ha informado este periódico, aún no ha publicado la convocatoria de los cursos de 2017, con lo que los 20,6 millones de euros prometidos para este fin se quedarán en el cajón, ya que el pasado 9 de noviembre se publicó en el BOJA la orden de cierre del presente ejercicio presupuestario. La preocupación tanto de los partidos políticos como de la patronal de la formación se centra en que el Gobierno penalice de nuevo a Andalucía en el reparto de las políticas activas de empleo por no cumplir los objetivos marcados.

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