Díaz: «Mantuve la paralización de los cursos de formación y volvería a hacerlo»

La presidenta andaluza reprocha al Gobierno que no hubiese «paralizado» el sistema de la formación después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijera en el Congreso que se habían puesto de manifiesto «debilidades y deficiencias» a nivel nacional.

Las expectativas eran altas y la idea de fondo a transmitir por la protagonista, clara: la presidenta de la Junta ya ungida por las urnas, la socialista Susana Díaz, no rehúye la comisión de investigación que en el Parlamento andaluz pretende depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en los cursos de formación financiados por el Gobierno autonómico. Y no lo hizo, ponerse al margen, en vísperas del inicio de la campaña electoral del 26-J y pese a que, como recordó de arranque, en la etapa investigada no era la jefa del Ejecutivo regional.

La pregunta que planeaba en la sala antes incluso de que se sentara Díaz es por qué cortó las ayudas a las acciones formativas si, según el PSOE, no existe fraude y todo funcionó perfectamente. La presidenta la respondió matizando: no las bloqueó, «mantuvo la paralización» que existía desde 2011 porque le pareció «lo responsable». Considera que los múltiples procesos judiciales abiertos por los cursos y las «detenciones masivas, que ya veremos en qué quedan», llevadas a cabo en la comunidad constituyeron una «alerta suficiente» para tomar esa «contundente» decisión. Frente a la sospecha, «debe regir la garantía de que ni un solo euro público se gestiona a sabiendas de que se está haciendo mal», defendió, para recalcar que «volvería a hacerlo» porque «es intransigente en el cumplimiento de la Ley». Punto en el que le reprochó al Gobierno central que no actuara de forma similar, después de que el Ministerio de Empleo reconociera –según adujo la presidenta– que se habían detectado «debilidades y deficiencias» en el sistema a nivel nacional.

La presidenta reconoció que para «ser más garantistas hacen faltan más recursos humanos», en línea con lo expuesto por otros comparecientes, y tiró de anuncio. Confirmó que la Junta ha solicitado el reintegro en firme de 90 millones de euros en los 2.547 expedientes del periodo 2002/2012 revisados internamente y desveló que un millón ya se ha devuelto de forma voluntaria y otros dos están en fase «ejecutiva». Aseguró también que en el futuro, y gracias a un cambio normativo promovido por su Gobierno, las empresas sancionadas por corrupción no podrán concurrir a las convocatorias formativas y que se recortará del 75 al 60 por ciento el anticipo de la subvención que se proporcione.

El momento más tenso de la sesión fue el «cara a cara» que mantuvo con la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien la interrogó sobre la inclusión de su marido, José María Moriche, en el expediente de fondos concedidos a UGT. La popular quiso saber «cuánto dinero entró en su casa de los cursos». Díaz explicó que las nóminas de su pareja como administrativo del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) –el ente de UGT encargado de impartir las acciones de formación– oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros. Leyó en la sala la vida laboral de éste y llegó a ironizar: «Me he casado con un tieso, sí». Sentencia que provocó incluso la creación de un «hashtag» en la red social Twitter: #YoTambiénSoyUnTieso.