El Defensor investiga la precariedad de los intérpretes de lengua de signos en Secundaria

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que encabeza Jesús Maeztu, ha anunciado la apertura de una actuación para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación tras las múltiples quejas del colectivo de intérpretes de lengua de signos, que vuelven a denunciar la situación laboral en la que prestan sus servicios en los centros de Educación Secundaria.

Según el Defensor, la figura del intérprete de lengua de signos en el ámbito educativo comenzó en Andalucía en 1996. En 2007 finalizó ese convenio y la Consejería optó por la externalización del servicio que prestaba el colectivo, que critica que en los pliegos de contratación «prima la oferta económica más ventajosa», lo que «directamente repercute en las condiciones laborales de los trabajadores». Aseguran los trabajadores que les obligan a cogerse las vacaciones, les han quitado las horas de preparación y están contratados al 75%.