El presidente de la comisión de los cursos “plagia” en su propuesta de dictamen

Calca párrafos de tres trabajos distintos, uno de ellos, que además no cita, vinculado a la fundación Fedea. Julio Díaz (C’s) sólo reconoce un «error de transcripción» por no mencionar el último

Hay ejercicios que podrían parecer de podio, pero no. El día que registró su propuesta de dictamen-síntesis en el Parlamento andaluz, el presidente de la comisión de investigación sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta, Julio Díaz (Ciudadanos), aseveró que con su trabajo había «innovado» con respecto a lo que se había hecho antes en la Cámara autonómica en ese ámbito al parir un documento más técnico. Pero ayer IULV-CA desveló que lo novedoso contenía algunos «corta y pega». La federación de izquierdas ubicó el «plagio» en el preámbulo del texto alumbrado por Díaz, así como en el cuarto bloque. Y lo cierto es que LA RAZÓN ha comprobado que el apartado 1.1 del dictamen, titulado «La responsabilidad política. Estudio Comparado» es en esencia una reproducción del artículo «Nueva perspectiva de la responsabilidad política: la Teoría de la Agencia» del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Manuel Sánchez de Dios, publicado en el número 67 de la Revista de la Cortes Generales; y el segundo, «Comisiones de investigación y parlamentarismo», un trasvase de otro llamado «Comisión de investigación», elaborado por el abogado Javier Sánchez Sánchez y localizable en el número 4 de Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. Trozos de éste aparecen además en «Objeto de la comisión de investigación», del bloque 2 del dictamen. Es cierto que el presidente de Ciudadanos los nombra en su documento, pero también que, a continuación, calca buena parte de sus obras e incluso de la bibliografía consultada y detallada por ambos. Y no es la única fuente de la que bebe hasta rebosarse Díaz. En la primera parte de la sección cuarta centrada en las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo, en concreto la rotulada como «Políticas Activas de Empleo», se vuelca casi en su totalidad, el trabajo «Políticas activas de empleo: una panorámica», tablas gráficas incluidas, armado por Sara de la Rica, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Esta entidad está vinculada al economista Luis Garicano, responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos, y por tanto a la formación naranja. Hay párrafos del dictamen iguales a los del texto de De la Rica y otros en los que se modifican sólo palabras del arranque, como «los puntos anteriores» en sustitución de «las secciones anteriores», por ejemplo, y ni siquiera se cita la obra original. Esto es, de hecho, lo único que reconoció ayer el parlamentario andaluz de C’s tras hacerse pública la denuncia de IU sobre un escrito para cuya construcción contó con cuatro meses y una prórroga de seis días. De acuerdo a su versión, tras manejar «más de 100 fuentes bibliográficas» para su propuesta de síntesis a las que menciona con «profusión», se produjo «un error de transcripción». Sólo en ese punto admitió su «responsabilidad como presidente» del ente interno de investigación, aunque matizó que, se trata de un fallo que «no afecta en nada al contenido esencial» o «al núcleo duro del dictamen». «Después de 136 páginas y 615 puntos de dictamen –argumentó–, que haya existido un error de transcripción, que asumo, no es lo más importante».

Para IU lo es. Es más, el diputado de la coalición de izquierdas y miembro de la comisión, José Antonio Castro, exigió al parlamentario de Ciudadanos que retire los puntos señalados de su propuesta, además de replantearse su continuidad al frente de la entidad de la Cámara que intenta determinar si hay responsabilidades políticas por el presunto fraude en formación. Una salida que reclamará también Podemos si se constata el plagio, según adelantó la coordinadora de su grupo parlamentario, Esperanza Gómez. «No estamos dispuestos a votar un posicionamiento ideológico de la fundación de pensamiento de C’s», advirtió Castro, para recordar luego que Díaz es miembro de la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acredita), entidad sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales que trabajan en la consultoría y auditoría en el campo de la transparencia.

La portavoz del PP-A en la Cámara autonómica, Carmen Crespo, sostuvo que lo sucedido era «el broche final a un rosario de chapuzas» evidenciadas en las 189 enmiendas presentadas por los populares a lo puesto por escrito por el presidente del ente de investigación. Por último, el Grupo Parlamentario del PSOE-A, aliado de legislatura de C’s, rehusó pronunciarse sobre la polémica.