La Junta niega el «menoscabo de fondos» de formación: «No ha prescrito nada»

La Junta contradice los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que hablan de menoscabo de fondos públicos, y de la propia Intervención, que con otras palabras viene a decir lo mismo respecto al fraude en los fondos de formación. En una comisión parlamentaria en la que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, reconocido por su talante, incluso elevó el tono –«Mentira, eso es mentira», contestaba de fondo, sin el uso de la palabra, durante la intervención de la oposición, mientras el presidente le llamaba la atención–, aseguró que ningún pago ha prescrito y, por tanto, no se puede hablar de «menoscabo de fondos públicos». Según la investigación de la Guardia Civil, la Junta sólo había reclamado hasta ahora el 1% de las subvenciones.

«Todo está en fecha, nada ha prescrito. Mentira», aseguró Maldonado a la diputada popular Teresa Ruiz Sillero. El consejero argumentó que «sólo se puede hablar de menoscabo cuando ha prescrito el derecho a reclamar el dinero. No ha prescrito ningún expediente». Según Maldonado, están abiertas las «diligencias previas para aclararlo» siguiendo los parámetros que «ha mandado la Intervención General». «No será este consejero quien criminalice», señaló Maldonado, que exigió al PP que «no intente generalizar la duda sobre todas las entidades que han impartido cursos de formación».

El consejero, en concreto, se refirió a las subvenciones de formación profesional para el empleo en las provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba al ser cuestionado por los informes de las distintas intervenciones. Maldonado explicó que, en puridad, sólo existen estos informes relativos a «Huelva y Cádiz». «De Córdoba no se ha recibido ningún informe», aunque el consejero dio por sentado que el PP «se refiere al derivado del SAE de Córdoba». La Consejería, explicó que, tras tener constancia de los mismos, «se dirige a la Intervención expresando conformidad y el cumplimiento de las medidas». Así, tras la elaboración de los informes de Actuación redactados por el Interventor General de la Junta, de fecha 18 de junio de 2015, derivados de los informes del Control Especial de Subvenciones de Formación Profesional para el Empleo, en las provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba, al no haber prescrito y sí abrirse diligencias previas «no se ha producido menoscabo alguno». «Hemos puesto en marcha todas las actuaciones que la Intervención ha señalado», dijo.

Maldonado indicó que, en el caso de Huelva, se han iniciado 21 expedientes de reintegro sobre 29 en total y se han subsanado los ocho restantes. En la provincia de Cádiz, «siguiendo las directrices del informe de la Intervención» se ha iniciado expediente de reintegro en 13. En Córdoba, se han subsanado siete de 21 expedientes, y en otros tres se ha iniciado expediente de reintegro. El consejero defendió que la Junta ha cumplido con su obligación y sus competencias al abrir diligencias previas ante «un aviso de menoscabo» por parte de la Intervención. Mientras la Junta habla de recuperar «hasta el último euro» del fraude, la UCO, en un atestado fechado el 1 de diciembre pasado, recordaba que entre 2005 y 2013 por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) «se han tramitado expedientes de reintegro por importe total de 34,5 millones de euros», sin cuantificar en este montante las cantidades de las direcciones provinciales de Almería, Cádiz y Sevilla. Estos 34,5 millones apenas representan el 1,1% de los más de 3.000 millones otorgados en ayudas y que están pendientes de justificar, según la Intervención General de la Junta de Andalucía. La Junta atribuyó a un error la cifra otorgada por la Guardia Civil y elevó a 733,7 millones los libramientos pendientes de justificar entre 2007 y 2015, por lo que, según la Administración autonómica, hasta ahora habría reclamado el 5% de los fondos. El proyecto de Presupuestos para 2016 sólo contempla como partida de «reintegro de ingresos no debidos», según adelantó la consejera María Jesús Montero, 153 millones. Asimismo, se contempla una partida de ejercicios pasados con 273 millones.

Sólo en el fraude de los cursos de formación se investiga el uso de 1.613 millones. Las reclamaciones de la Junta en firme ascienden, según los últimos datos que ofreció la Junta, a 71,9 millones, a la espera de revisar más de 7.000 expedientes que suman 1.391 millones. Por su parte, el llamado «fondo de reptiles» de los ERE asciende a 855 millones, de los que 160 –restringiendo únicamente el fraude a los «intrusos»– pudieron ser malversados. Por parte del Gobierno andaluz, en respuesta a preguntas del PP, la cantidad que se reclama por los ERE es de 71 millones. Sólo 1,2 millones han sido devueltos de forma voluntaria por los beneficiarios. A enero de 2015, la Junta apenas había recuperado el 0,14% del los 855 millones investigados. Otros 22 se encontraban en fase de providencia de apremio y 24, suspendidos cautelarmente en los juzgados. En Invercaria, de los 36,1 millones invertidos desde abril de 2005, se han «desinvertido» 10,7, informó la Junta en otra respuesta parlamentaria al PP. Existen otros casos abiertos con fondos públicos en entedicho, como el de las facturas de UGT, con varios proceso en el TSJA; o el más reciente de los fondos Jeremie.

Solicita su dimisión

El PP al consejero:«Se ha hartado de decir embustes»

La diputada Teresa Ruiz Sillero señaló que la Junta «se ha hartado de decir embustes» porque «conocían la existencia de estos informes desde mayo de 2014» y «tenían que haber informado». «No se cree ningún andaluz que esto no lo haya hablado con la presidenta Susana Díaz, ni con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero», espetó. Ruiz Sillero señaló «la cadena de dimisiones: dos sin que empiece la comisión de investigación». «¿Cuándo va a llegar la suya?», dijo a Maldonado tras señalar también a Montero y Alonso.