La Junta presenta unas cuentas «para la clase media», sin diálogo

La consejera Montero reclama el apoyo de todos los grupos del Parlamento, pese a que PSOE y Ciudadanos pactaron el Presupuesto sin contar con el Partido Popular, Podemos e IU.

«El trabajo de un equipo no busca un brillo propio, busca ser útil socialmente». Arrancó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, citando una entrevista a El Roto, durante el Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, al que PP-A, Podemos e IULV-CA plantearon enmiendas a la totalidad. Y finalizó citando a Obama: «Es obligación de nuestra generación arrancar el verdadero modelo del crecimiento económico: una clase media próspera y creciente». También citó a Griñán, en un claro guiño, al referirse a la apuesta por la educación e, inmediatamente, a la presidenta Susana Díaz. Las cuentas se elevan hasta los 33.239,5 millones.

Montero definió las cuentas como «una respuesta progresista a las necesidades de la ciudadanía» para «defender los servicios públicos de los ataques orquestados para dinamitarlos». La consejera señaló que en los últimos años el fin de las cuentas ha venido siendo «no dejar a nadie en la cuneta», centrándose en los servicios sociales. «Un tratamiento excepcional para una situación excepcional», expuso. Pasado «lo peor de la crisis», Montero abogó por «nuevos focos para dar respuesta a la clase media, que sostiene y legitima el modelo en que creemos. Se lo debemos», ahondando en un aumento de 480 millones en Salud y 22 millones en Educación, así como un incremento del 3,2% en los servicios sociales. «Es el momento de dejar de resistir», señaló, apuntando al propósito de «legitimar la sanidad y la educación públicas». Montero vaticinó que la «recaudación subirá en 2017 por la evolución positiva de la economía» y mostró la aspiración de «aprovechar los vientos propicios».

La consejera presentó las cuentas acordadas con Ciudadanos como un «marchamo de estabilidad política». Según Montero, se ha ejecutado el 97% de media en los últimos años, se ha cumplido los objetivo de déficit y se ha alcanzado casi 3 puntos medios menos de deuda que el resto de las comunidades. También incidió en que según la Encuesta de Población Activa (EPA), «cada día hay 406 parados menos durante el último año». «Estamos caminando por el camino correcto. Ahora hay que imprimir velocidad», indicó. Con unos «cálculos prudentes», el crecimiento será del 2,2% y «hará posible 85.000 puestos en 2017, 65.000 derivados del dinamismo económico y 20.000 de ofertas de empleo». Montero volvió a incidir en los lugares comunes de «una financiación justa» –«4.672 millones nos separa de medida del resto de territorios»– y «un reparto equitativo del déficit». También solicitó «planes de empleo e inversiones que nos corresponden por la financiación de la dependencia». La consejera exigió «mecanismos de compensación, que se condone parte del préstamo o planes especiales mientras haya un nuevo modelo».

La portavoz popular Carmen Crespo criticó la «opacidad» en la presentación de las cuentas y su «falta de transparencia» con «la aquiescencia de Ciudadanos». «No se ha dialogado con los demás grupos», denunció, al tiempo que recordó que las cuentas «además no están provincializado por sexto año». «Piensan en la propaganda no en una mejor gestión», señaló. «El Presupuesto persevera en los mismos problemas. No se converge mejor. El PIB estaba 25 puntos debajo de la media, ahora lo mismo», destacó, señalando también que la tasa de paro andaluza prácticamente dobla la española. Para el PP, se trata de «un Presupuesto continuista». El PP solicitó «un cambio del modelo productivo» que no se refleja en las cuentas. «Congelan partidas que no cumplen», resumió. En Infraestructuras, desde 2012 «se han dejado de invertir 4.900 millones» y «el 90% del presupuesto de 2016 está sin ejecutar». «Andalucía es un infierno fiscal tras 30 años con competencias», destacó Crespo. El impuesto de sucesiones y donaciones y el canon del agua también centraron las críticas populares. La «administración paralela», asimismo, acaparó la intervención popular, mostrándose a favor de una reducción de altos cargos y sedes. «El PP no habla de echar sino de la fusión que se puede hacer. Ahorrar en directivos y en sedes», señaló. La implantación de las 35 horas suponen, dijo, «deslealtad y trampa», sabiendo el dictamen contrario del Consultivo. Crespo también criticó «la congelación de la Patrica» o la insuficiencia del plan de vivienda. Para obtener más fondos, reclamó «una partida específica para el dinero defraudado», la «racionalización de los entes instrumentales» y la «enajenación del patrimonio instrumental». En el turno de réplica, ya desencadenada, Montero afeó al PP que presenta «una enmienda a la totalidad de cuatro folios para un Presupuesto de 33.000 millones» y aseguró que la mayoría de las críticas populares «son competencia del Gobierno de España». Montero reclamó a los populares que pidan «de la mano» un plan de empleo para Andalucía y la «renta básica». Montero también criticó que «el Gobierno nos ha cobrado 1.600 millones» en intereses «haciendo de banquero». «Ha ahorrado 2.400 millones», replicó Crespo. Sobre los altos cargos, Montero criticó «el argumentario de fondo de armario», sacando la ratio por habitante, según la cual Andalucía tiene uno por 1.100 habitantes y Galicia, por 900. Finalmente, el PP propuso: «Si eliminan las fusiones hospitalarias; suben 5,5 puntos en educación; modifican el impuesto de sucesiones hasta hacerlo gradual como en Madrid y se compromete a pagar el 50% de la extra pendiente a los empleados públicos, el PP retira la enmienda a la totalidad».

Por parte de Podemos, Carmen Lizárraga, en una exposición técnica, reclamó el «nuevo sistema financiación pendiente desde 2014».

«Decir que se crea empleo no da calidad de vida», señaló, apuntando al «desempleo estructural» y criticando la precariedad, con «uno de cada tres andaluces en el umbral de la pobreza», 13 puntos más que la media española. Podemos exigió un «debate de la renta básica y sobra la lucha contra el fraude fiscal». Lizárraga denunció que «se esquilma el patrimonio de Andalucía con la venta de inmuebles». Podemos criticó una «deficiente gestión de los fondos y de la recaudación de tasas». «Dudamos de que se pueda pagar todas las promesas funcionales con los presupuestado», manifestó Lizárraga.

Montero, que celebró que Teresa Rodríguez no fuera su interlocutora, alabó que Lizárraga no tirara de «un popurrí» como «anteriormente», en referencia a Crespo, que llegó a colocarla «en la carrera sucesoria» de Susana Díaz. Montero insistió en tender la mano para la negociación con la condición de que se retirara la enmienda a la totalidad. Lizárraga le contestó que sea la Junta la que retire las cuentas y se vuelvan a negociar «con la renta básica y las aprobaremos».

Por parte de IU, Antonio Maíllo calificó el debate de las cuentas como «un trampantojo» y lamentó que no se hable de «la precariedad» escondida tras los números que señalan el fin de la crisis.