Piden a la Junta que «entre en razón» y anule el concurso minero de la Utrera

Afirman que, ya sea de investigación o de explotación, es «incompatible» con proteger la sierra

Hay posicionamientos respecto a temas que se entrecruzan como la nervadura de las hojas. Es lo que ha sucedido en torno al concurso minero que pesa sobre la Sierra de la Utrera en Casares, en Málaga. Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta aseguraron a LA RAZÓN que por el momento es sólo para adjudicar un permiso de investigación, no de explotación, pero el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares, que alertó sobre el valor patrimonial, arqueológico y paisajístico del enclave, insiste en lo contrario y da un paso más. Miembros del mismo explican a este periódico que la documentación publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) relativa a ese concurso incluye un listado de 19 recursos mineros, de los que 16 «vienen indicados en el apartado ‘tipo de derecho’ como PI, es decir, permiso de investigación y, los tres restantes, Rojo Torcal en Antequera, Taramilla en Vélez-Málaga y Utrera II en Casares, como CE, esto es, concesión de explotación». A ello se suma que en la página web que alimenta el propio Ejecutivo regional –en http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/– se recogen «el anuncio de la convocatoria del concurso y los mapas de cada uno de los recursos y, en el correspondiente al emplazamiento de la Utrera II, el tipo de derecho viene indicado, en color rojo en las cuadrículas, como concesión de explotación, según lo que se especifica en la leyenda del Mapa de Derechos Mineros a Concurso».

«Queda claro, de acuerdo con la publicación del Gobierno autonómico, que la Sierra de la Utrera, en concreto el Recurso Utrera II de Casares, está específicamente detallado como concurso para concesión de explotación», resume el portavoz del grupo y coordinador del Proyecto de Investigación y Exploración de la Sierra de la Utrera, Jorge Luis Romo, en respuesta a la aseveración de que por ahora se trata sólo de averiguar si hay o no recursos minerales en la zona, como trasladaron a este diario desde el departamento de Empleo. Con todo, Romo matiza respecto a ese punto para ir más allá. Aunque en las «condiciones especiales» de las bases del concurso difundidas a través del BOJA sí que aparece indicado que «tan sólo serán objeto de admisión solicitudes de permisos de investigación», la plataforma que impulsa la protección del torcal malagueño no puede permitir que se dé el visto bueno ni a un plan «de investigación minera» ni de «concesión de explotación» porque, «tal como recoge el expediente BIC-Zona Patrimonial, no se van a autorizar actividades de este tipo en la sierra» al ser «incompatibles», dice, con su conservación.

El coordinador echa la vista atrás para recordar que ya existen experiencias previas de autorizaciones de investigación que «causaron grandes destrozos en la sierra». «En la década de los 80 –expone– un permiso de ese tipo petrolífero arrasó con la zona alta del Canuto de la Utrera, dejando un caos tras de sí al finalizar los estudios de ese proyecto». Sostiene que aquel punto y final supuso «ruinas de edificaciones, dos grandes plataformas de hormigón abandonadas, enseres vertidos sin control y un movimiento de tierras que acabó con la masa arbórea de esa zona». Lamenta que aún hoy, «más de 30 años después», ese área no se haya recuperado del «desastre de aquellos horribles días después del abandono del proyecto».

De vuelta a la actualidad, Romo defiende que «en la normativa de las instrucciones particulares del Expediente de Declaración BIC-Zona Patrimonial de la Sierra de la Utrera, que se encuentra en curso en la Consejería de Cultura de la Junta», con más exactitud, «en el apartado 10 ligado a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras», se determina que «queda prohibida la apertura de minas, canteras o graveras, así como el aprovechamiento de los canchales». Y en otro punto se fija que también serán incompatibles con la etiqueta de BIC «las actividades de aprovechamiento de los yacimientos minerales y otros recursos geológicos».

Con esa base normativa, Romo anota que la plataforma «le ruega» al Ejecutivo andaluz que «entre en razón» y aproveche los distintos recursos que diversas entidades han presentado al citado concurso, como adelantó LA RAZÓN, para «resolver anularlo, tanto si se refiere a un permiso de investigación, como a una concesión de explotación de la Sierra de la Utrera». En la misma línea, reclama a la Junta que, «a la mayor brevedad» posible, la Consejería de Empleo, que es la competente en la actualidad en materia minera, «declare los terrenos» del enclave de Casares «francos no registrables», de conformidad con «el Expediente de Declaración BIC-Zona Patrimonial» que tramita la cartera de Cultura.

El Gobierno central ya introdujo en 2015 en el Registro General de Bienes de Interés Cultural la Sima Hedionda IV, a petición de la Junta, ubicada en terrenos que ahora se verían afectados por el concurso.